Internacional
Gobierno de Estados Unidos apelará orden judicial que limita redadas migratorias en California
La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, anunció este domingo que el gobierno federal apelará la decisión de una jueza de California que ordenó suspender las redadas migratorias del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), tras considerar que violan derechos constitucionales.
En entrevista con Fox News, Noem tachó de “ridículo” el fallo de la magistrada Maame E. Frimpong, quien el viernes prohibió las “patrullas itinerantes” sin sospecha razonable y los arrestos basados en características raciales o lingüísticas. “Nunca operamos así. Jueces como ella están politizando su cargo”, afirmó.
Controversia por métodos del ICE
La disputa judicial estalló después de que el zar fronterizo Tom Homan admitiera en otra entrevista que los agentes del ICE pueden detener personas con base en “datos articulables”, como su ubicación, ocupación o apariencia física. Estas declaraciones contrastan con la Cuarta Enmienda, que protege contra registros e incautaciones irrazonables.
El caso cobró relevancia tras la muerte de Jaime Alanís, un migrante mexicano de 57 años, durante una redada en una granja californiana vinculada a presunta trata infantil. Homan calificó el hecho como “trágico”, pero defendió la operación: “Rescatamos a 11 niños. Rendiremos cuentas, pero nuestra prioridad es aplicar la ley”.
Acusaciones de perfilamiento racial
El senador demócrata Alex Padilla (California) rechazó los argumentos de Homan: “El ICE admite que discrimina. Cuando arrestan a gente por su acento o trabajo, no cumplen la ley; la violan”. Padilla insistió en que la orden judicial es necesaria para evitar más abusos.
La jueza Frimpong determinó que las prácticas del ICE no solo infringen la Cuarta Enmienda, sino también la Quinta —que garantiza el debido proceso— al negar acceso a abogados.
Enfrentamiento legal en curso
Noem aseguró que la apelación será exitosa: “Nunca discriminamos. La jueza está equivocada”. Sin embargo, organizaciones civiles celebran la medida como un freno a tácticas abusivas.
Mientras el caso avanza, la polémica refleja la tensión entre la aplicación de leyes migratorias y la protección de derechos civiles, en un contexto donde las redadas siguen bajo escrutinio.
