El Gobierno de Ecuador contrademandó a México ante la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya al considerar que el Estado mexicano, al mando del presidente Andrés Manuel López Obrador, contravino el convenio que regula el asilo diplomático cuando otorgó este beneficio a Jorge Glas, exvicepresidente de Rafael Correa.

La contrademanda de Ecuador responde a una demanda inicial presentada por México ante La Haya en la que acusó al país andino de haber transgredido el carácter inviolable de las sedes diplomáticas al invadir su embajada en Quito el 5 de abril para detener a Glas, sobre quien pesaba una orden de captura y prisión preventiva.

En un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador explicó que la contrademanda también denuncia una presunta interferencia en asuntos internos cuando en los días previos López Obrador relacionó el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio con el triunfo electoral del presidente Daniel Noboa sobre la candidata correísta Luisa González.

La demanda de Ecuador solicita a la Corte Internacional que declare que México “ha incumplido sus obligaciones de respetar las leyes y reglamentos del Estado receptor, no interferir en los asuntos internos del Estado receptor y no utilizar los locales de la misión de manera incompatible con las funciones de la misión diplomática, de conformidad con el artículo 41 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961″.

Para el Gobierno ecuatoriano, México también “ha incumplido, entre otras, sus obligaciones de no otorgar asilo a personas que se encuentren procesadas o en juicio por delitos comunes o hayan sido condenadas por tribunales ordinarios competentes, y de entregarlas a las autoridades locales competentes”, como figura en las convenciones de asilo diplomático y asilo político de 1954 y 1933, respectivamente.

Glas tenía una orden de prisión preventiva por el caso de las obras de reconstrucción posteriores al fuerte terremoto de 2016, donde está imputado por presunto peculado (malversación de fondos públicos).

Asimismo, el exvicepresidente tenía pendiente de terminar de cumplir una pena de ocho años de cárcel por dos sentencias por cohecho y asociación ilícita, después de que en 2022 saliese de prisión gracias a una polémica resolución judicial de medidas cautelares.

La sentencia por cohecho se enmarca dentro del caso Sobornos, sobre la financiación irregular del movimiento oficialista de Rafael Correa, que también fue condenado a la misma pena e inhabilitado políticamente, mientras que la condena por asociación ilícita en el caso Odebrecht, referente a los sobornos pagados por la constructora brasileña.

Glas fue uno de los hombres fuertes del Gobierno de Correa, donde llegó a ser vicepresidente, cargo que también ocupó al inicio del mandato presidencial de Lenín Moreno (2017-2021).

El exvicepresidente se encontraba en la Embajada de México en Quito desde el 17 de diciembre de 2023, donde solicitó asilo al haber rechazado siempre los cargos y acusaciones en su contra y declararse un perseguido político y víctima de ‘lawfare’ (utilización del aparato judicial contra adversarios políticos), al igual que Correa, que cuenta con la condición de refugiado en Bélgica.

Sin embargo, para el Ejecutivo ecuatoriano, la administración de López Obrador “ha violado los principios de igualdad soberana, integridad territorial y no intervención en los asuntos internos de otros Estados, conforme a la Carta de las Naciones Unidas, la Carta de la Organización de Estados Americanos (OEA) y el derecho internacional consuetudinario”.

“Ha violado (también) su obligación de cooperar en asuntos anticorrupción de conformidad con el Artículo XIV de la Convención Interamericana contra la Corrupción de 1996, y los Artículo 43, 46 y 48 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción de 2003”, concluyó.

La OEA condenó enérgicamente la invasión a la Embajada de México en Quito, en un comunicado donde también instó al debido cumplimiento de las normas de asilo.

Un tribunal de la Corte Nacional de Justicia de Ecuador declaró como ilegal y arbitraria la detención de Glas por no haberse respetado el procedimiento para el allanamiento sedes diplomáticas, pero mantuvo a Glas en prisión por tener pendiente de cumplir la pena de ocho años de cárcel.

Si bien el Gobierno mexicano ha demandado que Ecuador entregue a Glas, este se encuentra recluido en La Roca, la cárcel de máxima seguridad de Ecuador, en la ciudad de Guayaquil, donde en los primeros días de su reclusión sufrió una descompensación que lo llevó a ser hospitalizado durante varias horas.

Con información de EFE

El presidente del Gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, comunicó este lunes que ha decidido seguir al frente del Ejecutivo “con más fuerza si cabe”, tras el periodo de reflexión que se ha tomado en los últimos días, ante lo que consideró una campaña de acoso y derribo contra él y contra su esposa.

Sánchez anunció la decisión en una declaración institucional en el Palacio de la Moncloa, sede de la Presidencia del Gobierno, con lo que despeja la incógnita sobre la posibilidad de que presentara la dimisión.

“He decidido seguir, con más fuerza si cabe, al frente de la Presidencia del Gobierno de España”, enfatizó, con el compromiso de trabajar “sin descanso, con firmeza” por la regeneración pendiente y el avance y la consolidación de derechos y libertades.

Sánchez expuso sus reflexiones de estos días preguntándose si merecía la pena continuar o no, e hizo hincapié en que la decisión “no supone un punto y seguido”.

“Es un punto y aparte, se lo garantizo”, subrayó.

El gobernante español decidió reflexionar durante unos días sobre la campaña de “acoso y derribo” que considera que están protagonizando contra él la oposición de conservadores (Partido Popular) y de la extrema derecha (Vox) y medios y organizaciones de la derecha y la ultraderecha y que, según asegura, utilizan también para ello los ataques a su esposa, Begoña Gómez.

Un juzgado de Madrid ha abierto diligencias contra ella por la supuesta comisión de delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios, tras una denuncia del autodenominado sindicato Manos Limpias que se fundamenta en una serie de noticias de prensa, y que la fiscalía ha pedido archivar.

Sánchez publicó una carta a la ciudadanía en la red X el miércoles para anunciar que cancelaba unos días su agenda para pensar sobre si merecía la pena seguir al frente del Gobierno y que haría pública la decisión este lunes en una comparecencia.

Contra “la política de la vergüenza”

Según dijo Sánchez hoy, solo hay una manera de revertir “esta situación”, y es que la mayoría social, “como ha hecho estos cinco días, se movilice en una apuesta decidida por la dignidad y el sentido común, poniendo freno a la política de la vergüenza que llevamos demasiado tiempo sufriendo”.

Así se refirió a los apoyos que recibió estos días de los ministros, principales dirigentes y miles de militantes y simpatizantes del Partido Socialista para que no abandonara el Ejecutivo, así como de otras fuerzas políticas y algunos sindicatos, y que hoy mostraron satisfacción por la decisión tomada.

Subrayó Sánchez que el paso que ha dado es por motivos personales, pero son, aseguró, razones que todo el mundo puede entender y sentir como propios porque “responden a valores troncales de una sociedad solidaria y familiar como es la española”.

Y añadió que esto no va del destino de un dirigente particular, pues es lo de menos, según comentó. “Se trata de decidir qué tipo de sociedad queremos ser”, añadió. España necesita una “reflexión colectiva”, que ya ha empezado a hacer en estos cinco días, resaltó.

Según el presidente del Gobierno, España lleva “demasiado tiempo dejando que el fango colonice impunemente” la vida política, “contaminándonos de prácticas tóxicas inimaginables” hace apenas unos años.

“Mi mujer y yo sabemos que esta campaña de descrédito no parará. Llevamos diez años sufriéndola”, indicó antes de insistir en su determinación de seguir y de agradecer “de corazón” las muestras de solidaridad y de empatía recibidas.

La denuncia contra Begoña Gómez, esposa de Sánchez, fue presentada por el Colectivo de Funcionarios Públicos Manos Limpias, un “sindicato” ultraderechista que ha interpuesto todo tipo de denuncias contra lo que considerara corrupciones políticas o económicas con lesión para el interés general.

El autodenominado sindicato sentó en el banquillo de los procesados a la infanta Cristina, hermana del rey Felipe VI, en 2016, en el juicio contra su entonces marido, Iñaki Urdangarín, por dos delitos contra la Hacienda Pública, de los que resultó absuelta.

Con información de EFE

Las protestas estudiantiles en contra de la guerra en Gaza se extendieron durante este fin de semana a decenas de universidades en todo Estados Unidos, llevando a cientos de arrestos y enfrentamientos entre los manifestantes y fuerzas del orden.

Las manifestaciones, que comenzaron en la Universidad de Columbia en Nueva York y se propagaron a campus en decenas de estados, incluyendo Georgia, Indiana, California y Texas, tienen en común el rechazo a la política estadounidense hacia Israel y la petición de que los centros educativos rompan relaciones con el gobierno y el sector privado israelí.

Los jóvenes han decido levantar campamentos en las instalaciones de las universidades, lo que ha llevado a tensiones con las instituciones, ya que muchas de ellas aseguran que ese modelo de protesta viola con sus políticas y han ordenado desalojos.

El sábado en la tarde, más de 200 estudiantes fueron arrestados en desalojos en las universidades de Northeastern en Boston, Massachusetts; Arizona State, en Tempe; Indiana University, en Bloomington, y Washington University en Saint Louis (Misuri).

En Missouri, la candidata presidencial por el partido independiente Green Party, Jill Stein, fue detenida por las autoridades durante el desalojo en el que se detuvieron a unas 80 personas, según informó la universidad en un comunicado.

La universidad planea presentar cargos de allanamiento de morada contra todos los detenidos en Saint Louis e incluso algunos “podrán ser acusados de resistirse al arresto y de agresión” a agentes de policía, según detalló el comunicado.

En Boston, la policía detuvo a más de un centenar de personas tras desalojar un campamento estudiantil que se había instalado desde el pasado jueves.

La policía estatal de Massachusetts adelantó que presentará cargos de allanamiento de morada y alteración del orden público contra los arrestados. Por su parte, la universidad dijo que “emprenderá acciones disciplinarias” contra algunos de los estudiantes.

En Arizona, los arrestos tuvieron lugar en al final de la noche el viernes, cuando la policía entró a un campamento y detuvo a más de 70 personas. La universidad acusó a los manifestantes de estar invadiendo la propiedad privada y señaló que la mayoría “no eran parte del cuerpo estudiantil o la facultad”.

La Universidad de Indiana, por su parte, ordenó el desalojo de un campamento la tarde de este sábado, llevando a que la policía estatal arrestara a más de 20 personas que también enfrentan cargos por invasión y resistirse al arresto.

La Casa Blanca no se ha pronunciado durante este fin de semana sobre las protestas; el lunes, el presidente Joe Biden condenó lo que llamó “manifestaciones antisemitas” en las universidades y rechazó “a quienes no entienden lo que sucede en Palestina”.

La mayoría de los estadounidenses está en desacuerdo con el manejo que el gobierno demócrata le está dando a la guerra en Gaza.

Con información de EFE