Internacional
Juez federal argentino ordena extradición de Nicolás Maduro y 16 funcionarios venezolanos
Un juez federal argentino emitió este miércoles una orden de captura internacional con fines de extradición contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y otros dieciséis altos funcionarios de su gobierno, incluido el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello. La medida busca procesarlos en Argentina por presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos contra la población civil venezolana desde al menos 2014.
El magistrado Sebastián Ramos, actuando en base al principio de jurisdicción universal, notificó formalmente a la Interpol para activar la búsqueda y detención de los acusados. Dicho principio, reconocido en el derecho internacional, permite a los Estados investigar y juzgar crímenes particularmente graves —como tortura, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales— con independencia del lugar donde se hayan cometido o de la nacionalidad de las víctimas y los sospechosos.
La causa: una denuncia basada en la jurisdicción universal
El proceso judicial se inició en 2023 a partir de una denuncia presentada por el Foro Argentino para la Defensa de la Democracia (FADD). En su resolución, el juez Ramos ordenó además emitir un “exhorto internacional” a Estados Unidos para solicitar la extradición de Maduro, quien ya se encuentra detenido en territorio norteamericano.
“La medida busca obtener una declaración indagatoria por violaciones a los derechos humanos cometidas de forma generalizada en su territorio contra la población civil”, señaló el Ministerio Público Fiscal en un comunicado oficial.
Un escenario jurídico complejo y superpuesto
La orden argentina se produce en un contexto legal de capas múltiples. Hace un mes, Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron capturados en Venezuela en un operativo liderado por Estados Unidos y trasladados a Nueva York, donde enfrentan cargos federales por narcotráfico. Ambos han declarado su inocencia ante las cortes estadounidenses.
Ahora, Argentina busca sumarse al proceso mediante su propia vía legal, argumentando competencia para investigar violaciones masivas a los derechos humanos. Esta estrategia refleja un esfuerzo por ampliar el alcance de la justicia internacional sobre el gobierno venezolano, más allá de los cargos por narcotráfico.
Los imputados y el alcance de la investigación
Además de Maduro y Cabello, la orden de captura incluye a otros catorce funcionarios venezolanos cuyas identidades no fueron detalladas públicamente en el anuncio inicial. La investigación se centra en actos sistemáticos de represión estatal documentados por organizaciones internacionales desde 2014, período marcado por fuertes protestas sociales y una progresiva consolidación autoritaria.
