Morenistas buscan acuerdos con Estados Unidos ante temor a investigaciones por narcotráfico, revela The New York Times

El rotativo estadounidense asegura, citando a ocho personas con conocimiento directo de las conversaciones, que estos funcionarios —entre los que se cuentan gobernadores y legisladores federales— se han ofrecido como informantes contra otros integrantes de su propio partido, con la esperanza de obtener algún tipo de protección legal que los resguarde ante posibles cargos en su contra.

Según el artículo firmado por los periodistas Steve Fisher, Jack Nicas y Alan Feuer, los contactos se han mantenido en estricto secreto y los entrevistados accedieron a hablar únicamente bajo condición de anonimato, dado lo delicado del asunto. “Muchos de estos funcionarios buscan adelantarse a las investigaciones que temen que pronto puedan centrarse en ellos”, señalaron las fuentes al medio estadounidense.

Aunque el reporte no revela nombres concretos, precisa que se trata de figuras de alto perfil dentro del partido gobernante, incluyendo mandatarios estatales y miembros del Congreso de la Unión. La publicación llega apenas unos días después de que se difundieran unos audios en los que se escucha a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, conversar con un grupo de personas que, según el material dado a conocer por el periodista Héctor de Mauleón, le ofrecerían apoyo para hacer frente a posibles sanciones que el gobierno estadounidense “podría presentar en breve”.

Un contexto de acusaciones formales

Este movimiento de funcionarios morenistas ocurre en un clima de creciente tensión bilateral, derivado de las acusaciones formales que el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) presentó recientemente contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve exfuncionarios de su administración, a quienes se les vincula presuntamente con el Cártel de Sinaloa.

En ese marco, dos excolaboradores de Rocha Moya ya se han entregado a la justicia estadounidense: el general en retiro Gerardo Mérida, quien fue funcionario en el gobierno sinaloense, y el exsecretario de Finanzas de la entidad, Enrique Alfonso Díaz Vega. Ambos han declarado en tribunales de Nueva York tras acogerse al proceso legal en ese país.

Postura del gobierno mexicano

Desde el Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum ha rechazado categóricamente los señalamientos del DOJ y ha calificado las investigaciones como una “injerencia extranjera” en asuntos internos de México. La mandataria ha insistido en que su administración no entregará a ningún mexicano a Estados Unidos sin que se presenten pruebas contundentes, y ha exigido al gobierno estadounidense transparencia en el manejo de la información.