Nacional
Pasantes de medicina acusan que caso de Mariana no es un hecho aislado; piden apoyo
Los últimos días se han revelado más casos de abuso y violencia contra jóvenes pasantes de medicina, después de que se diera a conocer el caso de Mariana Sánchez, joven de 24 años que fue encontrada muerta el 28 de enero, quien meses atrás denunció ataques sexuales por parte de sus compañeros de la clínica de la colonia Nueva Palestina, en Ocosingo, Chiapas, lugar en el que realizaba su servicio social, sin haber obtenido respuesta por parte de las autoridades.
En redes sociales, jóvenes han manifestado sus casos. Mencionan que el de Mariana no es el único y piden a las autoridades universitarias de varias instituciones y de salud tomar en sus manos el problema para no volver a tener miedo durante su servicio.
“En mi caso, el jefe de enseñanza de la misma clínica me llamó a su oficina, cerró la puerta y empezó a platicarme de cosas que no tenían que ver con el trabajo: que cómo me gustaban los hombres, que si me gustaría tener más privilegios, descansar un poco más. Yo le daba el avión y aunque me quise retirar el no me lo permitió y me tocó de manera inapropiada el cuerpo, a mí me dio mucho miedo, no supe cómo reaccionar y me salí”, contó Diana, ex estudiante de la UNAM y pasante de medicina en una clínica del IMSS de la Ciudad de México.
Diana se negó a tener cualquier tipo de relación con este doctor fuera del ámbito profesional y después de esto vio que le “cargaban” la mano en el trabajo, a pesar de esto ella siguió cumpliendo con su servicio y no denunció principalmente por miedo, pero también porque sabía que ni en el IMSS ni en su institución educativa iban a hacer algo y por el contrario esto perjudicaría su titulación.
“Ya era casi al final de mi servicio y quería evitarme problemas. Además, mis compañeras que denunciaron solo recibieron largas como: esto no pasó en la universidad, no podemos hacer nada, velo con la institución donde prestas el servicio; al final de mi servicio este doctor me dijo que había sido un arranque y que era bueno que no hubiera denunciado, porque eso nos hubiera perjudicado a los dos”, relató.
Aunque Diana intentó olvidar y justificar esa experiencia, narró que el servicio social es lo peor que ha tenido que enfrentar: “él me dijo una vez que ¿a quien le iban a creer? si al jefe o a un pasante, y no quise hacer más grande esta situación, yo solo quería terminar mi servicio y salir de ahí”.
Así como Diana sufrió este atentado a su integridad en una clínica de la Ciudad de México, a Hanna le pasó algo similar en Morelia, quien tuvo que irse a vivir al centro de salud de una comunidad alejada, pero ya que en este lugar no contaban con el espacio suficiente para hospedarse, ella y varios compañeros tuvieron que buscar otro lugar para vivir.
Hanna platicó que uno de sus compañeros, y entonces pareja sentimental, abusó sexualmente de ella, y al denunciarlo los directivos de esa clínica pusieron en duda sus declaraciones, la obligaron a seguir con el servicio y no la apoyaron de ninguna forma para que dejara aquella vivienda que compartía.
“Yo no les pedí que me trasladaran a Monterrey, de donde soy originaria, yo pedí que me cambiaran a otra clínica del estado y me decían: de seguro tuviste relaciones de propio acuerdo con él; a la persona que nos atendía como pasantes le dije: de mujer a mujer, ayúdeme, ya no quiero estar aquí; y solo me contestó: de mujer a mujer, nosotras somos fuertes para soportar este tipo de cuestiones”, afirmó.
A Hanna sólo le pedían que aguantara ver a su agresor lo que restara del servicio y le brindaron sesiones de psicología gratuita del sector salud, quien no hizo su trabajo de manera apropiada al tema.
Sus padres la apoyaron para realizar una denuncia, “yo no tenía pruebas, solo quería regresar a Monterrey”, algo que intentó en varias ocasiones, pero no recibió ayuda, “me dijo, vas a regresar a tu plaza del servicio o ya te doy de baja, porque mi trabajo no es creerte, es que todas las plazas estén cubiertas”.
Y así ella terminó los primeros seis meses de su servicio con miedo, la segunda mitad fue trasladada a una clínica 20 minutos de distancia de aquel lugar que quería evitar. Pero las pasantes de medicina no solo reciben agresiones de sus compañeros o superiores, también reciben malos tratos por parte de las personas a las que atienden.
Andrea, quien estudió en la Universidad del Estado de México, aseveró que los ataque sexuales y de violencia son comunes en varias zonas de la entidad, pues la población no entienden que en los centros de salud no cuentan aveces con el equipo suficiente.
“A compañeros los llegaron a amenazar con machetes o pistolas, porque pensaban que no querían atenderlos, pero no había los medios, a veces solo tienes un escritorio y tu estetoscopio”, condenó.
En su caso, Andrea hizo su servicio en la jurisdicción de Santa María del Norte, donde recibió acoso por parte de sus pacientes, acción que no supo manejar por miedo a este tipo de atentados, ella permanecía paciente a la espera de que la jurisdicción de la institución vigilara su caso como se lo habían prometido, pues el cambio de plaza nunca fue una opción que le dieron.
Ella ve afortunado que no tuviera que quedarse en aquel centro de salud y aún más que sus padres tuvieran la oportunidad de pasar por ella. Pero quienes no corrían la misma suerte que ella, tenían que encerrarse en sus cuartos.
Así como Mariana, Diana, Hanna y Andrea, cientos de jóvenes han tomado las calles y las redes sociales para exigir tanto a las instituciones de salud pública que prestan su servicio como a las autoridades universitarias, acciones para que su servicio social e ingreso a la medicina como profesión deje de ser “su peor experiencia”.
Con información de Milenio
Nacional
¿Qué se sabe de los surfistas extranjeros desaparecidos en Ensenada?
La Fiscalía General del Estado de Baja California está en espera de los exámenes forenses que le permitan determinar si los cuerpos encontrados en un pozo de Ensenada corresponden a los extranjeros (dos australianos y un estadounidense) reportados como desaparecidos desde el pasado 27 de abril.
Los tres turistas, quienes habían llegado a Baja California con la intención de surfear en la zona de Rosarito-Ensenada, fueron identificados como los hermanos Jake y Callum Robinson, originarios de Perth, Australia, así como Jack Carter Rhoad, un joven proveniente de los Estados Unidos, quien los acompañaba en el viaje.
En torno al caso, las autoridades no han brindado información concluyente; sin embargo, la fiscal del estado, María Elena Andrade Ramírez, reveló en entrevista para El Financiero que existe una alta probabilidad de que los tres cadáveres encontrados pertenezcan a los surfistas. Esto es lo que sabe hasta ahora.
¿Qué fue lo último que se supo de los surfistas desaparecidos en Baja California?
Debra Robinson, la madre de los australianos desaparecidos, publicó el pasado miércoles en una página de Facebook un llamado de ayuda para localizar a sus hijos de quienes no sabía nada desde el sábado 27 de abril.
La mujer dijo que habían reservado un alojamiento en la zona de Rosarito, pero nunca llegaron a su destino.
La noche del jueves, luego de que se diera a conocer públicamente el caso, una denuncia anónima alertó a las autoridades de la Fiscalía del hallazgo de un vehículo abandonado en el interior de su propiedad, el cual por sus características, podría tratarse del auto en el que viajaban los tres extranjeros.
De acuerdo con la agencia EFE, se trataba de una camioneta Chevrolet Colorado color blanca con placas de California, misma que fue hallada por las autoridades abandonado y calcinado.
¿Qué se sabe de los cuerpos encontrados en Ensenada? Esto han dicho las autoridades
El viernes, autoridades de Baja California confirmaron el hallazgo de tres cuerpos en un acantilado en el poblado de Santo Tomás, en la misma zona donde el sábado desaparecieron los surfistas. Los cadáveres tenían huellas de violencia y hasta ahora no se ha confirmado que correspondan a los tres turistas.
Al respecto, la fiscal María Elena Andrade Ramírez detalló al El Financiero TV que tres personas (dos hombres y una mujer) de origen mexicano ya fueron detenidas por presuntamente estar involucradas en las desapariciones.
Indicó con base en las primeras indagatorias, una de las teorías es que pudo tratarse de un asalto que salió mal. Señaló quelos presuntos culpables intentaron apoderarse del auto de los extranjeros, pero al oponer resistencia, estos fueron baleados.
“Consideramos que estas personas al ver la acción trataron de deshacerse de los cuerpos de las víctimas arrojándolas en este pozo de más de 15 metros de profundidad con el ánimo de que no fueran encontradas por ninguna autoridad o familiar, toda vez que al ver la magnitud de los hechos, se asustaron”, señaló la funcionaria, quien precisó que esta información fue obtenida a partir de la narración de uno de los detenidos.
Entre las evidencias que se tienen hasta ahora, la fiscal mencionó que encontraron huellas de arrastre, restos de las casas de campaña, así como ropa y manchas hemáticas. Asimismo, dijo que se halló el teléfono celular de uno de los desaparecidos en posesión de uno de los sospechosos.
Co información de El Financiero
Nacional
Proponen crear Registro Nacional de Agresores de Animales
El pasado 4 de mayo se presentó una iniciativa sobre la creación del Registro Nacional de Personas Agresoras de Animales, nada menos que ante la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Se trata de la creación de una base de datos donde quede registro de personas que hayan sido sentenciadas por maltratar animales, un problema muy severo y común en México.
La propuesta vino de la diputada Gabriela Sodi y ya fue remitida a la Comisión de Seguridad Ciudadana y busca la creación de lo que se define como el Registro Nacional de Personas Agresoras de Animales, una base de datos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) donde quedará registro de las personas que han sido sentenciadas por maltrato contra animales.
Para esto habría colaboración de distintas dependencias. De acuerdo con el comunicado de la Cámara de Diputados, la SSPC armaría convenios con la PROFEPA, la FGR y todas las procuradurías o instituciones de protección ambiental. El objetivo sería compartir información sobre las sentencias para la creación de un registro de todo el país.
Nombre y CURP de quien haya recibido una sentencia por maltrato, crueldad, daño o tortura contra un animal, quedarían registrados en esta base de datos. También se registraría su residencia, expediente, la sentencia y las medidas cautelares que haya recibido; por ejemplo, si le ordenan recibir algún tratamiento psicológico.
La información del Registro estaría disponible nomás para personal designado por SSPC. Literalmente en el comunicado de la Cámara de Diputados queda claro que “Por ningún motivo podrá hacer público su contenido”.
Lo que sí será posible, es que refugios, asilos y albergues podrán consultar si alguna persona que tenga la intención de adoptar un animal, se encuentra o no en el Registro Nacional. Imposible darle una mascota a alguien que tenga antecedentes y esté en una base de datos de Personas Agresoras de Animales.
De acuerdo con cifras de la Asociación Mexicana de Médicos Veterinarios Especialistas en Pequeñas Especies, en México 7 de cada 10 perros y gatos se encuentra en situación de calle. Esa cifra, expuso la mencionada diputada, deja ver que no existen medidas suficientes para contrarrestar el maltrato y abandono de animales.
Con información de Sopitas
Nacional
Migrantes irregulares interceptados por México se triplican en el primer trimestre de 2024
La migración irregular interceptada por México se ha triplicado en el primer trimestre del año hasta casi 360 mil personas en medio de crecientes operativos, aunque el Gobierno afirma que el flujo migratorio ha disminuido.
Las autoridades mexicanas detectaron a 359 mil 697 “personas en situación migratoria irregular” entre enero y marzo de 2024, un incremento de 199.68 por ciento frente a las 120 mil 29 del mismo periodo de 2023, según revelan las estadísticas disponibles de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación.
En tan solo tres meses, el Gobierno de México ha interceptado casi la mitad, el 46 por ciento, del récord de 782 mil 176 migrantes irregulares que detectó en todo 2023, cuando este flujo subió un 77 por ciento anual.
El principal país de origen de los migrantes es Venezuela, con 89 mil 718 registrados, casi uno de cada cuatro del total, el 24.94 por ciento.
Le siguen Honduras (37 mil 323), Ecuador (36 mil 956), Guatemala (36 mil 934), Colombia (21 mil 534), Nicaragua (18 mil 711), El Salvador (17 mil 720), Haití (16 mil 791) y Cuba (10 mil 464).
Más operativos y menos migración, según el Gobierno
Las cifras se difunden tras un comunicado conjunto emitido el lunes pasado por los presidentes de Estados Unidos, Joe Biden, y de México, Andrés Manuel López Obrador, quienes acordaron “trabajar juntos para implementar de inmediato medidas concretas con el fin de reducir significativamente los cruces fronterizos irregulares”.
Como logro, López Obrador afirmó el jueves que las capturas de indocumentados han caído en más del 50 por ciento en la frontera con Estados Unidos, que reportaba unas 12 mil diarios en diciembre y en abril bajó a un promedio de 5 mil 812.
La tensión por la migración ha aumentado este año porque coinciden las elecciones presidenciales de México y de Estados Unidos, pero el mandatario mexicano negó que endurezca los controles por presiones de Estados Unidos.
“No, es que yo no me dejo presionar por nadie, México es un país independiente y el presidente de México actúa con libertad, no es un pelele de ningún Gobierno extranjero“, aseveró en su conferencia matutina.
La frontera sur resiente el fenómeno
Tapachula, la mayor ciudad en la frontera sur de México, aún resiente el fenómeno, aunque algunos activistas señalan que la cantidad de migrantes en las calles ha disminuido.
Gerver Bermúdez, administrador del albergue Jesús el Buen Pastor en Tapachula, consideró que ha bajado la presencia de extranjeros, pero no han dejado de llegar a la ciudad, donde están cuatro o cinco días y siguen su ruta porque las autoridades no les están dando permisos de tránsito.
“El albergue siempre se mantiene lleno y el objetivo es apoyar a todo aquel que venga siendo migrante. Hemos manejado entre 800 y 900 personas de diferentes nacionalidades como hondureños, venezolanos, nicaragüenses y ecuatorianos”, expuso a EFE.
En cambio, Cecilia Izaguirre, defensora de los derechos humanos en Tapachula, destacó que ya no es muy visible la presencia de tantos extranjeros.
“La gente ya no se queda en Tapachula, porque venían a estar aquí para hacer su procedimiento de Comar (Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados), pero ahora están pasando de largo, ha disminuido un poco, pero no ha parado o no ha disminuido en una gran cantidad”, apuntó la activista.
El cubano Felipe Martínez, quien trabaja de manera informal estacionando vehículos, expuso que ahora los migrantes “se van caminando” desde la frontera sur ante la acción de las autoridades mexicanas.
“Se van en caravana porque demoran los papeles un poco, caen en estado de ansiedad porque quieren estar establecidos en un solo lugar con sus familiares, se desesperan, emigran y siguen buscando nuevos horizontes”, indicó el migrante, quien está esperando que la Comar resuelva su solicitud de asilo.
En cambio, Jorge Cruz, hondureño que está en el albergue Jesús el Buen Pastor, consideró que la migración se mantiene normal porque “siempre llegan bastantes todos los días”.
“Siempre hay, yo miro que hay más gente que sube y sube, no ha bajado, entra bastante gente, también entra bastante gente en el albergue, hay niños y mujeres, quienes son apoyados vienen y se van”, comentó.
Con información de EFE
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