Internacional
Tras la detención de Maduro, el Parlamento venezolano inicia histórico debate para una ley de amnistía
El Parlamento de Venezuela inició este miércoles el primero de dos debates reglamentarios para aprobar una Ley de Amnistía General que cubriría los delitos de “traición a la patria”, “terrorismo” e “incitación al odio” cometidos en el contexto de la violencia política desde 1999.
Este histórico proceso legislativo se produce apenas un mes después de la detención del ex presidente Nicolás Maduro, y representa el avance más concreto hasta ahora hacia una posible reconciliación nacional y la liberación de miles de presos políticos encarcelados durante los 27 años del chavismo en el poder.
Alcance y límites de la propuesta
La iniciativa, titulada “Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática”, fue presentada el pasado 30 de enero por la presidenta interina, Delcy Rodríguez. Su objetivo explícito es “cubrir todo el período de violencia política desde 1999 al presente”, abriendo la puerta a la excarcelación de detenidos por motivos políticos y al archivo de procesos judiciales en su contra.
Sin embargo, la amnistía no será absoluta. La ley excluye expresamente a personas condenadas por delitos graves como homicidio, tráfico de drogas, corrupción y violaciones graves a los derechos humanos, delineando así un mecanismo orientado a la desjudicialización de la protesta y la disidencia, pero no a la impunidad por crímenes atroces.
Un largo camino por delante
A pesar del simbólico avance en el hemiciclo, la aprobación definitiva de la norma aún requiere superar varios pasos. Después de este primer debate, el proyecto debe someterse a una consulta pública y luego a dos votaciones más dentro del Parlamento, procesos que podrían extenderse semanas y están sujetos a posibles modificaciones y tensiones políticas.
Analistas locales consideran que, de ser aprobada, esta ley representaría el cambio político más significativo en décadas para Venezuela, al desmontar judicialmente una de las herramientas más utilizadas por los gobiernos anteriores para criminalizar a la oposición. No obstante, advierten que su aplicación efectiva dependerá de la voluntad de las instituciones judiciales y de seguridad, aún en proceso de reconfiguración.
