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Nacional

¿Cuáles han sido las iniciativas contra la privacidad digital que han salido durante este sexenio?

Durante los últimos dos años semana tras semana aparecen en nuestro país iniciativas de ley o propuestas que terminan por poner en riesgo la privacidad de millones de personas en México.

Entre el contenido en internet, redes sociales, datos de la banca en línea y ahora los requisitos para adquirir un teléfono celular, la violación de la privacidad digital ha atacado desde todos los flancos.

En estos dos años se han visto desfilar una serie de propuestas en las Cámaras de Diputados y Senadores, muchas de las cuales quedaron para ser discutidas en un futuro y otras fueron desechadas con el paso del tiempo, por lo que este es un recuento de las iniciativas de ley que han aparecido durante el gobierno de la 4T.

Padrón de Usuarios de Telefonía

En abril de 2021 el Senado aprobó una iniciativa originada en la Cámara de Diputados (en el escritorio de Mario Delgado, por cierto) para crear el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil.

Lo más preocupante es que obligará a todas las personas que quieran un teléfono celular a entregar sus datos biométricos.

El registro, además, incluye muchísima información personal y los riesgos para la privacidad se cuentan por montones. Desde los riesgos de filtraciones, hasta las violaciones a la presunción de inocencia si alguien comete un delito con tu número de celular.

¿App del banco? Activa tu GPS

Esa es otra de las reglas extrañas que comenzaron recientemente. A partir de marzo de 2021, entraron en vigor unas nuevas reglas de la Secretaría de Hacienda en la que se obliga a todos los usuarios de banca en línea a tener activado el GPS durante cualquier operación.

La medida, supuestamente, busca detener los delitos financieros digitales. Sin embargo, fue señalada por su ataque a la privacidad.

Sobra decir que los datos del GPS son extremadamente sensibles, pues incluyen tu casa y los lugares que frecuentas. La Red en Defensa de los Derechos Digitales consideró que esta nueva medida era desproporcionada, peligrosa y además, tenía fundamentos equivocados sobre la presunción de inocencia. “(Se establece) bajo la presunción de que todas las personas usuarias son sospechosas de ser delincuentes”, señalaron.

Regularización de redes sociales

En medio de las discusiones, uno de los asuntos más bravos de estos últimos meses fue la regulación de las redes sociales. Aunque éstas no se han concretado, ¡por supuesto que se hicieron!

Una de las más reconocidas fue la publicada por Ricardo Monreal, senador de Morena.

A pesar de que una regulación de las redes sociales podría ser positiva si se hace con cuidado y en vigilancia de los derechos digitales, esta historia era una barbaridad. Planteaba permisos del Estado para operar en internet, se podían censurar contenidos con conceptos ambiguos y por supuesto, se hablaba de cierres y cancelaciones de cuentas. 

¿Censura? Aprobaron la “notificación y retirada”

Durante el verano de 2020, los legisladores aprobaron unos cambios a la Ley Federal del Derecho de Autor que, aunque buscaban proteger a los creadores de contenido terminaron por establecer mecanismos, hechos y derechos, de censura en internet.

El mecanismo se le conoce como “notificación y retirada” y llegó a México como parte de los acuerdos del T-MEC.

¿En qué consiste? Es bastante sencillo. Con esta herramienta legal, cualquier persona que alegue que un contenido en internet viola su derecho de autor, sin necesidad de ninguna prueba, conseguirá que se borre de manera automática. Imagínense las posibilidades de censura, porque además, incluyeron multas y problemas penales.

Bienvenido a los candados digitales

Al mismo tiempo que aprobaron la llegada de la “notificación y retirada” a México, nuestros diputados y senadores le dieron el visto bueno, también, a las penas de hasta 10 años de cárcel a quienes se brinquen, a propósito o sin querer, los candados digitales. 

¿Eso que es? Un candado digital, en brevísimas palabras, es una medida que, basándose en los derechos de autor, no te permita ver o modificar algún producto.

Normalmente, se pensaría que es para que no puedas piratear un DVD o para que no puedas descargar las películas de Netflix. Sin embargo, en México, también podría aplicarse para que no puedas arreglar tu teléfono de manera personal, para que no puedas inhabilitar la recolección de datos personales o para que, sencillamente, pierdas total control de dispositivos de tu propiedad. 

Lo que sabe el Gobierno de todos tus viajes en Uber

Si utilizas Uber, Didi o cualquiera de estas plataformas de transporte, el gobierno de la Ciudad de México tiene muchos más datos tuyos de los que te imaginas. Esa noticia, aunque viejita, también prendió las alertas de la privacidad en la capital.

Desde finales de 2019 recopilan datos de todos los viajes, incluyendo distancia, tiempo y por supuesto, ubicaciones.

Sin embargo, también vale la pena recordar que la condición para obtenerlos fue una iniciativa que obligaba a las aplicaciones a entregarlos o perder el permiso de operar en la Ciudad de México.

¿Se acuerdan del #MocheDigital?

Siguiendo con medidas que controlan las redes sociales, nuestro comportamiento en internet o la privacidad de nuestras interacciones digitales, se aprobó en México una ley que podría encarecer todos los productos tecnológicos, con el fin de compensar a los derechos de autor. 

La propuesta surgida en el escritorio del diputado Sergio Mayer, aunque podría parecer bien intencionada, tiene algunas consecuencias fuertes.

Em resumen, buscaba establecer un cargo adicional a todos los dispositivos de almacenamiento (como computadoras, celulares, discos duros, tarjetas SD o memorias USB) para entregarlas como compensación en un supuesto daño a los derechos de autor por “la realización de copias privadas”.

Y las que faltan

Esas son solo algunos de los ejemplos más sonados. Mientras lees esta nota, en el Poder Legislativo de México existen iniciativas para cobrar un impuesto del 7% a los consumidores de plataformas de streaming y una nueva Ley de Ciberseguridad que, si se aprueba, permitiría que la Guardia Nacional borre contenidos y baje publicaciones que “dañen la imagen pública” de algunas instituciones.

Con información de Sopitas

Nacional

Cifra de candidatos que piden protección del Gobierno se duplica

A menos de un mes de que sean las elecciones, 412 candidatos mexicanos a un cargo público han solicitado protección y seguridad para sus campañas, de los que 129 son aspirantes locales, informó este viernes la presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei.

Andrés Manuel López Obrador, presidente de nuestro país, había expuesto el 23 de abril que la cifra de candidatos que cuentan con protección del Gobierno mexicano era de 360, en medio de unas campañas que han dejado decenas de asesinatos.

Una semana antes, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) reportó 250 candidatos con protección federal, que incluye escoltas de la Guardia Nacional y el Ejército mexicano.

“Desde la última vez que platicamos (con la prensa), la cantidad se ha duplicado a 412, y 129 son de carácter local”, dijo Taddei a medios al dar el banderazo para el traslado de 317 millones de boletas y otros materiales electorales a todo el territorio mexicano que se utilizarán en los comicios del 2 de junio.

¿Cuántos agentes cuidan a las y los candidatos de las elecciones 2024?

Recordó que el protocolo de atención a los candidatos solicitantes de protección se modificó hace un mes “y ya no tiene que pasar por los criterios de alto, mediano y bajo (riesgo) sino que inmediatamente se les otorga la seguridad” en cuanto lo solicitan.

Taddei no precisó la cantidad de agentes que cuidan a los candidatos, ya que, dijo, son decisiones de las fuerzas de seguridad.

La preocupación por la violencia contra los aspirantes tuvo un punto alto el 21 de abril, cuando un grupo de encapuchados interceptó a la candidata presidencial oficialista, Claudia Sheinbaum, en la carretera de Motozintla en Chiapas, estado de la frontera sur de México donde hay disputas de los cárteles.

La SSPC mantuvo la semana pasada en 15 la cifra de aspirantes asesinados en lo que va del proceso electoral, que de forma oficial comenzó el 1 de octubre pasado y concluye con las elecciones del 2 de junio.

Pero organizaciones ciudadanas estiman una cifra mayor de víctimas, como la consultora Data Int, que ha contabilizado 106 asesinatos potencialmente vinculados a las elecciones, incluyendo 30 aspirantes.

Con información de EFE

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Nacional

¿Cuándo será el juicio contra los responsables de la caída de la Línea 12 del Metro?

Este 3 de mayo se cumplen 3 años del colapso de la Línea 12 del Metro de la CDMX y aunque las autoridades capitalinas externaron que la mayoría de las familias de las víctimas ya recibieron reparaciones de daños, aún así no se ha hecho ningún juicio contra los exfuncionarios que han sido señalados.

El 3 de mayo de 2021 poco después de las 22:00 horas, un tren de la Línea 12 del Metro se desplomó entre las estaciones de Tezonco y Olivos, causando la muerte de 26 personas y otras 90 resultaron heridas.

Por este suceso, 10 exfuncionario del llamado “Proyecto Metro” fueron vinculados a proceso, entre los que destaca es Enrique Horcasitas, el exdirector del Proyecto Metro, pero hasta la fecha ninguno de esos funcionarios han sido llevado a juicio.

El abogado Gabriel Regino, quien defiende a los exfuncionarios, declaró a El Universal que se han presentado recursos y amparos para litigar medidas y retrasos audiencias, esto luego de que un juez determinara que los exfuncionarios podrían seguir su proceso en libertad.

A su vez, el abogado defensor señala que aunque los funcionarios son considerados como investigados, no están imputados o señalados en un grado de responsabilidad.

El abogado detalló también que por cuestiones jurídicas, es posible que las víctimas y acusados de la caída del tren de la Línea 12 no alcancen la justicia esperada.

El defensor indicó que se han acudido al recurso denominado “revisión” por esta razón:

“Mientras esto no se resuelva, no habrá juicio y para que esta etapa se pueda resolver faltan entre dos y tres años”.

“Si en dos o tres años las autoridades dicen que deben de enfrentar un juicio, lo enfrentaremos. Si nuestros representados resultan señalados como culpables, nos iremos a la apelación, si perdemos la apelación, nos iremos al amparo directo y si al final del día perdemos todas las instancias, se carecen de recursos por parte de mis representados para hacer un sólo pago y cuando termine este caso, que pueden ser cinco o seis años o incluso más, las víctimas que nunca hicieron un acuerdo reparatorio concreto se quedarán sin ningún tipo de justicia, sin ningún tipo de reparación“, agregó y también aseguró que posiblemente la siguiente audiencia se haga en los tres siguientes años.

“No habrá justicia para todas las víctimas y tampoco habrá justicia para las personas que fueron acusadas como responsables de esta tragedia. ¿Por qué razón? Porque la tragedia se derivó de una falta de mantenimiento por parte de las autoridades de la Ciudad de México“, concluyó.

Hasta el momento, tanto agentes como peritos de la Fiscalía de la CDMX han indicado que ya todo queda en tribunales.

Por su parte el jefe de gobierno de la CDMX, Martí Batres, declaró que a través del gobierno capitalino se ha dado atención médica y psicológica gratuita a víctimas lesionadas, por lo que se han suscrito 118 acuerdos reparatorios, pues el 92% de las víctimas y familiares optaron por el proceso de justicia restaurativa.

“El gobierno de la Ciudad de México mantiene el seguimiento a los casos que aún lo requiera”, comentó el jefe de gobierno capitalino, pero de acuerdo con el abogado Teófilo Benítez, 14 víctimas faltan por ser atendidas, ya que el gobierno de la CDMX no ofertó una cantidad que fuera acorde a los daños que padecen.

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Se cumplen tres años del colapso de la L12 del Metro

Este viernes se cumplen tres años del colapso en el tramo elevado de la Línea 12 del Metro capitalino, tragedia en la que murieron 26 personas.

A manera de homenaje, pero también de protesta, en la estación Mixcoac se colocaron un ataúd con un espejo dentro; coronas fúnebres y veladoras.

Se espera que como cada años, se lleve a cabo una misa en recuerdo de las víctimas.

El 3 de mayo de 2021 un puente elevado de la Línea 12, en la alcaldía Tláhuac, se derrumbó, lo que provocó que un vagón cayera sobre una vialidad entre las estaciones de Olivos y Tezonco -en Tláhuac, suroriente de la ciudad- quedando encallado en forma de “V”, accidente que dejó 26 muertos y un centenar de heridos.

En el segundo aniversario de la tragedia la Fiscalía General de Justicia (FGJ-CDMX) informó que se habían firmado 117 acuerdos reparatorios entre víctimas directas e indirectas con empresas constructoras.

A día de hoy suman 118 acuerdos, según el jefe de Gobierno capitalino, Martí Batres, quien pidió no lucrar con la tragedia, en medio de la época electoral.

En cuanto a las imputaciones contra personas físicas, la FGJ informó la apertura de juicios contra seis ex servidores públicos, un corresponsable de seguridad estructural, un director responsable de obra y dos particulares, para un total de 10 personas.

Sin embargo, uno de los presuntos implicados -el ex director responsable de Obra de la L12, Leonardo Alcázar-, murió y hasta el momento ninguna persona ha sido detenida.

A tres años del colapso tan solo 14 víctimas continúan el litigio en búsqueda de justicia.

El 15 de enero de 2023, después de 20 meses, la Línea 12 del Metro de Ciudad de México reabrió, de forma parcial.

Un año más tarde, el 30 de enero de 2024, la llamada ‘Línea Dorada’ reabrió en su totalidad.

La reapertura de la Línea 12, que tiene vicios de origen, ocurrió en medio de una nueva polémica sobre la inseguridad y falta de mantenimiento del Metro capitalino.

Con información de López-Dóriga y EFE

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