Se espera que las autoridades chinas pongan en libertad el lunes a una periodista ciudadana encarcelada durante cuatro años por documentar las primeras fases del brote de Coronavirus desde la ciudad de Wuhan, en el centro del país, en 2020.

Zhang Zhan, de 40 años, viajó a Wuhan a principios de 2020 desde Shanghái, donde residía, y publicó testimonios de primera mano desde hospitales abarrotados y calles vacías que ofrecieron una imagen de la pandemia más desoladora que la oficial.

Tras varios meses de reportajes que incluyeron videos, fue detenida en mayo de 2020. Se declaró en huelga de hambre a fines de junio, según documentos judiciales vistos por Reuters, lo que llevó a la policía a atarle las manos y alimentarla a la fuerza con una sonda, según dijeron entonces sus abogados.

En diciembre de 2020, un tribunal de Shanghái la condenó a cuatro años de prisión por “buscar pelea y provocar problemas“.

Un escrito de acusación por el caso de Zhang publicado por activistas de derechos humanos indicó que será puesta en libertad el lunes. Sin embargo, uno de sus abogados, Zhang Keke, dijo a Reuters que aún no podía confirmar si había sido puesta en libertad.

“Los parientes y la familia de Zhang Zhan aún no me han respondido”, afirmó.

El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino, Wang Wenbin, dijo a los periodistas que no tiene “información relevante” sobre el asunto.

La salud de Zhang Zhan empeoró gravemente en la cárcel y fue ingresada en un hospital penitenciario a mediados de 2023, según grupos de derechos humanos. El Departamento de Estado de Estados Unidos condenó lo que calificó como un “juicio farsa” de Zhang y pidió en repetidas ocasiones su liberación.

Con información de Reuters

El gobierno de presidente Joe Biden dijo el viernes que el uso por parte de Israel de armas proporcionadas por Estados Unidos en Gaza muy probablemente violó el derecho humanitario internacional, pero que las condiciones de guerra impidieron que los funcionarios estadounidenses determinaran eso con certeza en ataques aéreos específicos.

Los hallazgos por parte de Estados Unidos de evidencia razonablemente convincente para concluir que su aliado había violado el derecho internacional en su actuar en la guerra en Gaza, publicados en un resumen de un informe que se entregará al Congreso el viernes, representan la declaración más fuerte de este tipo por parte de los funcionarios de Biden.

Pero su aclaración de que no fue posible por el momento vincular armas específicas de Estados Unidos a ataques individuales por parte de las fuerzas israelíes en Gaza podría darle al gobierno del presidente Joe Biden margen en cualquier decisión futura sobre si restringir el suministro de armas ofensivas a Israel.

Los hallazgos del gobierno federal, una inédita evaluación que fue impulsada por los copartidarios demócratas de Biden en el Congreso, se difundieron después de siete meses de ataques aéreos, combates terrestres y restricciones de ayuda, que han cobrado la vida de casi 35 mil palestinos, en su mayoría mujeres y niños.

Aunque los funcionarios de Estados Unidos no pudieron recopilar toda la información necesaria sobre ataques específicos, “dada la significativa dependencia de Israel en artículos de defensa fabricados en Estados Unidos, es razonable evaluar que dichos artículos de defensa… han sido utilizados por las fuerzas de seguridad israelíes desde el 7 de octubre en instancias no acordes con sus obligaciones con el derecho internacional humanitario o con las mejores prácticas establecidas para mitigar el daño a civiles”, indica el informe.

Si bien el ejército de Israel cuenta con la experiencia, tecnología y conocimientos para minimizar el daño a los civiles, “los resultados sobre el terreno, incluyendo altos niveles de bajas civiles, plantean cuestiones sustanciales sobre si las Fuerzas de Defensa de Israel los están utilizando realmente en todos los casos”, añade el informe.

Grupos internacionales de derechos humanos y una revisión realizada por un panel no oficial de exfuncionarios del Departamento de Estado, exmilitares, expertos académicos y otros señalaron más de una docena de ataques aéreos israelíes para los cuales dijeron que había evidencia creíble de violaciones a las leyes de guerra y al derecho humanitario. Los objetivos incluían convoyes de ayuda, trabajadores médicos, hospitales, periodistas, escuelas y centros de refugiados, y otros sitios que tienen amplia protección bajo el derecho internacional.

Argumentaron que el número de civiles muertos en muchos ataques en Gaza —como un ataque el 31 de octubre contra un edificio de apartamentos que se informó había matado a 106 civiles— era desproporcionado al valor de cualquier objetivo militar.

Israel alega que sigue todas las leyes de Estados Unidos e internacionales, que investiga las denuncias de abusos por parte de sus fuerzas de seguridad y que su campaña en Gaza es proporcional a la amenaza existencial que —afirma— es planteada por Hamás.

Biden es blanco de críticas tanto en Estado Unidos como en el extranjero debido al elevado número de muertes palestinas y al inicio de una hambruna, causada en gran parte por las restricciones israelíes al movimiento de alimentos y ayuda hacia Gaza. Las tensiones han crecido aún más en las últimas semanas por la promesa del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu de expandir la ofensiva militar en la ciudad sureña de Rafah, a pesar de la firme oposición de Biden.

En los últimos meses de una dura campaña de reelección contra Donald Trump, Biden enfrenta exhortos de muchos demócratas para que corte el flujo de armas ofensivas a Israel y críticas de republicanos que lo acusan de vacilar en el apoyo a Israel en su momento de necesidad.

El gobierno demócrata tomó uno de los primeros pasos para condicionar la ayuda militar a Israel en los últimos días cuando pausó un envío de 3 mil 500 bombas debido a la preocupación por la posible ofensiva de Israel sobre Rafah, una ciudad donde actualmente viven más de un millón de palestinos, dijo un alto funcionario gubernamental.

Con información de AP

La agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA, en inglés) señaló a los cárteles mexicanos de Sinaloa y Jalisco, así como a China, como responsables de la crisis narcótica más grave en la historia del país, que se está viviendo por la expansión de drogas sintéticas como el fentanilo.

En su Evaluación Nacional de la Amenaza de las Drogas 2024, destaca el “peligroso cambio” de las drogas de origen vegetal a las drogas sintéticas.

Este cambio ha resultado “en la crisis de drogas más peligrosa y mortal que jamás haya enfrentado Estados Unidos”, afirma.

“Estas drogas sintéticas, como el fentanilo y la metanfetamina, son responsables de casi todas las intoxicaciones mortales por drogas en nuestra nación. El Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) están en el centro de esta crisis”, apunta en el informe Anne Milgram, titular de la DEA.

Estas dos son “las principales organizaciones criminales de México y las más peligrosas”, ya que controlan sitios clandestinos de producción de drogas y rutas de transporte, así como corredores de contrabando hacia Estados Unidos y redes en ciudades estadounidenses a lo largo de la frontera suroeste y otros lugares clave.

Estas organizaciones criminales transnacionales no son sólo fabricantes y traficantes de drogas, sino que están involucradas en otros delitos como el tráfico de armas, lavado de dinero, tráfico de migrantes, tráfico sexual, soborno y extorsión. Tienen además un alcance global con presencia en Europa, África, Asia y Oceanía.

La DEA señala también a China como responsable de esta cadena, ya que las organizaciones criminales dependen de las empresas químicas para que les suministren los precursores y las prensas necesarias para fabricar las drogas.

Además, los cárteles utilizan organizaciones chinas de lavado de dinero para trasladar sus ganancias de Estados Unidos a México.

“Las organizaciones de narcotráfico con sede en México y América del Sur están utilizando cada vez más los sistemas bancarios clandestinos con sede en China como su principal mecanismo de lavado de dinero”, asegura la DEA.

Según datos recogidos en el informe, el fentanilo es la amenaza de drogas más letal que jamás haya afrontado Estados Unidos, matando a casi 38 mil estadounidenses solo en los primeros seis meses de 2023.

Su consumo, así como el de otras drogas sintéticas como la metanfetamina, es responsable de casi todas las sobredosis e intoxicaciones mortales por drogas en el país.

Además de su enorme potencia (es un opioide sintético 50 veces más fuerte que la morfina), señala la DEA, uno de sus principales peligros es que se consume en forma de pastilla y “está hecho para parecerse a una auténtica pastilla de medicamento recetado”.

Otra particularidad es que la producción de fentanilo y de metanfetamina (un estimulante sintético) no está sujeta a los mismos desafíos de producción que las drogas tradicionales de origen vegetal, como la cocaína y la heroína, como el clima y los ciclos de las cosechas o esfuerzos gubernamentales de erradicación.

Y es que pueden fabricarse en cualquier lugar y momento, contando con los productos químicos, el equipo y los conocimientos básicos necesarios, alerta la DEA.

Con información de EFE