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Internacional

Jeanine Áñez, expresidenta interina de Bolivia, acusa que sentencia de 10 años en su contra fue por orden de Evo Morales

La expresidenta interina de Bolivia Jeanine Áñez apuntó este domingo a Evo Morales como responsable del fallo de 10 años de prisión en su contra por la crisis de 2019, después de que el exgobernante revelase que en una reunión con el Gobierno decidieron procesarla por la vía ordinaria y no ir a un juicio de responsabilidades.

En su acusación, la exmandataria interina aludió al presidente Luis Arce, al vicepresidente David Choquehuanca, los ministros de Justicia, Iván Lima, y de Gobierno (Interior), Eduardo del Castillo, al procurador general del Estado, Wilfredo Chávez, quien fue abogado de Morales y al presidente del Senado, Andrónico Rodríguez.

“El tirano inculpa a su propio gobierno, a Arce y Choquehuanca, Lima, Del Castillo, su abogado personal procurador, su delfín Andrónico, sus jueces y fiscales de condenarme por orden suya. ¡Puede dictar 100 años presa y seguirá siendo prófugo y cobarde!”, señala el mensaje publicado en las redes sociales de Áñez, administradas por su familia.

La expresidenta interina se refirió de esta forma a los dichos de Evo Morales en un programa en la radio cocalera Kawsachun Coca en relación con la sentencia en su contra.

“En una reunión convocada por el hermano presidente Lucho Arce, estaba David Choquehuanca, el vicepresidente, Iván Lima, la ministra de la Presidencia (María Nela Prada), el Pacto de Unidad (…) los jefes de bancada, senadores, diputados, presidentes de las Cámaras, casi coincidimos en que debe ser juicio ordinario y no juicio de responsabilidades”, afirmó Morales este domingo.

Decisión judicial

Áñez fue condenada el viernes a 10 años de cárcel por los sucesos de 2019 que ocurrieron entre el 10 de noviembre, día en el que Evo Morales renunció a la Presidencia de Bolivia, y el 12, cuando la entonces senadora asumió el poder de forma transitoria.

El gobierno de Arce y el gubernamental Movimiento al Socialismo (MAS) han insistido en que la dimisión de Morales fue producto de un golpe de Estado en su contra, mientras que sus detractores sostienen que fue consecuencia de las acusaciones de un fraude electoral a su favor en los fallidos comicios generales de 2019.

Opositores bolivianos rechazaron la condena contra Áñez y critican a la justicia, mientras que Human Rights Watch (HRW) expresó su preocupación por la forma en que se llevaron los procesos contra la expresidenta interina.

Autoridades gubernamentales han destacado que se sentó un “precedente histórico” para que “no se vuelva a repetir un golpe de Estado” y señalan que es el primer paso para procesar a Áñez por otros motivos, incluidas las muertes ocurridas durante la crisis de 2019.

Morales y la CIDH

Para Morales, lo importante de la sentencia es que “la justicia dice que hubo golpe de Estado” y que “Áñez no respetó la Constitución”.

El exmandatario también reveló que “algunos decían” que “si no hay juicio de responsabilidades nos van a llevar a la CIDH”, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Las normas bolivianas señalan que los expresidentes denunciados por alguna irregularidad deben someterse a un juicio de responsabilidades que debe aprobar el Parlamento.

La corriente oficialista más cercana a Morales promovió desde un principio que Áñez sea juzgada por la vía ordinaria al considerar que aprobarle un juicio de responsabilidades supondría reconocer la legalidad de la transición.

“La CIDH tiene que respetar la soberanía jurídica de Bolivia, no son mandones, no son patrones, no son gendarmes para imponer. Que defiendan la vida y que respeten la soberanía jurídica”, sostuvo Morales.

Por ello, insistió que los siguientes procesos contra Áñez deben llevarse ante la justicia ordinaria.

Con información de EFE

Internacional

EU dice que el uso de sus armas por parte de Israel en Gaza probablemente violó el derecho internacional

El gobierno de presidente Joe Biden dijo el viernes que el uso por parte de Israel de armas proporcionadas por Estados Unidos en Gaza muy probablemente violó el derecho humanitario internacional, pero que las condiciones de guerra impidieron que los funcionarios estadounidenses determinaran eso con certeza en ataques aéreos específicos.

Los hallazgos por parte de Estados Unidos de evidencia razonablemente convincente para concluir que su aliado había violado el derecho internacional en su actuar en la guerra en Gaza, publicados en un resumen de un informe que se entregará al Congreso el viernes, representan la declaración más fuerte de este tipo por parte de los funcionarios de Biden.

Pero su aclaración de que no fue posible por el momento vincular armas específicas de Estados Unidos a ataques individuales por parte de las fuerzas israelíes en Gaza podría darle al gobierno del presidente Joe Biden margen en cualquier decisión futura sobre si restringir el suministro de armas ofensivas a Israel.

Los hallazgos del gobierno federal, una inédita evaluación que fue impulsada por los copartidarios demócratas de Biden en el Congreso, se difundieron después de siete meses de ataques aéreos, combates terrestres y restricciones de ayuda, que han cobrado la vida de casi 35 mil palestinos, en su mayoría mujeres y niños.

Aunque los funcionarios de Estados Unidos no pudieron recopilar toda la información necesaria sobre ataques específicos, “dada la significativa dependencia de Israel en artículos de defensa fabricados en Estados Unidos, es razonable evaluar que dichos artículos de defensa… han sido utilizados por las fuerzas de seguridad israelíes desde el 7 de octubre en instancias no acordes con sus obligaciones con el derecho internacional humanitario o con las mejores prácticas establecidas para mitigar el daño a civiles”, indica el informe.

Si bien el ejército de Israel cuenta con la experiencia, tecnología y conocimientos para minimizar el daño a los civiles, “los resultados sobre el terreno, incluyendo altos niveles de bajas civiles, plantean cuestiones sustanciales sobre si las Fuerzas de Defensa de Israel los están utilizando realmente en todos los casos”, añade el informe.

Grupos internacionales de derechos humanos y una revisión realizada por un panel no oficial de exfuncionarios del Departamento de Estado, exmilitares, expertos académicos y otros señalaron más de una docena de ataques aéreos israelíes para los cuales dijeron que había evidencia creíble de violaciones a las leyes de guerra y al derecho humanitario. Los objetivos incluían convoyes de ayuda, trabajadores médicos, hospitales, periodistas, escuelas y centros de refugiados, y otros sitios que tienen amplia protección bajo el derecho internacional.

Argumentaron que el número de civiles muertos en muchos ataques en Gaza —como un ataque el 31 de octubre contra un edificio de apartamentos que se informó había matado a 106 civiles— era desproporcionado al valor de cualquier objetivo militar.

Israel alega que sigue todas las leyes de Estados Unidos e internacionales, que investiga las denuncias de abusos por parte de sus fuerzas de seguridad y que su campaña en Gaza es proporcional a la amenaza existencial que —afirma— es planteada por Hamás.

Biden es blanco de críticas tanto en Estado Unidos como en el extranjero debido al elevado número de muertes palestinas y al inicio de una hambruna, causada en gran parte por las restricciones israelíes al movimiento de alimentos y ayuda hacia Gaza. Las tensiones han crecido aún más en las últimas semanas por la promesa del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu de expandir la ofensiva militar en la ciudad sureña de Rafah, a pesar de la firme oposición de Biden.

En los últimos meses de una dura campaña de reelección contra Donald Trump, Biden enfrenta exhortos de muchos demócratas para que corte el flujo de armas ofensivas a Israel y críticas de republicanos que lo acusan de vacilar en el apoyo a Israel en su momento de necesidad.

El gobierno demócrata tomó uno de los primeros pasos para condicionar la ayuda militar a Israel en los últimos días cuando pausó un envío de 3 mil 500 bombas debido a la preocupación por la posible ofensiva de Israel sobre Rafah, una ciudad donde actualmente viven más de un millón de palestinos, dijo un alto funcionario gubernamental.

Con información de AP

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Internacional

China y los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación son responsables de la crisis narcótica en Estados Unidos: DEA

La agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA, en inglés) señaló a los cárteles mexicanos de Sinaloa y Jalisco, así como a China, como responsables de la crisis narcótica más grave en la historia del país, que se está viviendo por la expansión de drogas sintéticas como el fentanilo.

En su Evaluación Nacional de la Amenaza de las Drogas 2024, destaca el “peligroso cambio” de las drogas de origen vegetal a las drogas sintéticas.

Este cambio ha resultado “en la crisis de drogas más peligrosa y mortal que jamás haya enfrentado Estados Unidos”, afirma.

“Estas drogas sintéticas, como el fentanilo y la metanfetamina, son responsables de casi todas las intoxicaciones mortales por drogas en nuestra nación. El Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) están en el centro de esta crisis”, apunta en el informe Anne Milgram, titular de la DEA.

Estas dos son “las principales organizaciones criminales de México y las más peligrosas”, ya que controlan sitios clandestinos de producción de drogas y rutas de transporte, así como corredores de contrabando hacia Estados Unidos y redes en ciudades estadounidenses a lo largo de la frontera suroeste y otros lugares clave.

Estas organizaciones criminales transnacionales no son sólo fabricantes y traficantes de drogas, sino que están involucradas en otros delitos como el tráfico de armas, lavado de dinero, tráfico de migrantes, tráfico sexual, soborno y extorsión. Tienen además un alcance global con presencia en Europa, África, Asia y Oceanía.

La DEA señala también a China como responsable de esta cadena, ya que las organizaciones criminales dependen de las empresas químicas para que les suministren los precursores y las prensas necesarias para fabricar las drogas.

Además, los cárteles utilizan organizaciones chinas de lavado de dinero para trasladar sus ganancias de Estados Unidos a México.

“Las organizaciones de narcotráfico con sede en México y América del Sur están utilizando cada vez más los sistemas bancarios clandestinos con sede en China como su principal mecanismo de lavado de dinero”, asegura la DEA.

Según datos recogidos en el informe, el fentanilo es la amenaza de drogas más letal que jamás haya afrontado Estados Unidos, matando a casi 38 mil estadounidenses solo en los primeros seis meses de 2023.

Su consumo, así como el de otras drogas sintéticas como la metanfetamina, es responsable de casi todas las sobredosis e intoxicaciones mortales por drogas en el país.

Además de su enorme potencia (es un opioide sintético 50 veces más fuerte que la morfina), señala la DEA, uno de sus principales peligros es que se consume en forma de pastilla y “está hecho para parecerse a una auténtica pastilla de medicamento recetado”.

Otra particularidad es que la producción de fentanilo y de metanfetamina (un estimulante sintético) no está sujeta a los mismos desafíos de producción que las drogas tradicionales de origen vegetal, como la cocaína y la heroína, como el clima y los ciclos de las cosechas o esfuerzos gubernamentales de erradicación.

Y es que pueden fabricarse en cualquier lugar y momento, contando con los productos químicos, el equipo y los conocimientos básicos necesarios, alerta la DEA.

Con información de EFE

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Internacional

Denuncia marina china incursión ilegal de un destructor estadounidense

La Marina del Ejército chino condenó enérgicamente el viernes la entrada no autorizada de un destructor estadounidense en sus aguas territoriales, desencadenando una operación de seguimiento y advertencia hasta que la embarcación estadounidense abandonó la región.

En un comunicado emitido en su página web, el Mando Sur del Ejército chino informó que el destructor estadounidense USS Halsey incursionó ilegalmente en las aguas de las islas Paracel (conocidas como Xisha en China), cuya soberanía es disputada por Pekín, Taiwán y Vietnam.

“El USS Halsey ingresó ilegalmente el 10 de mayo a las aguas territoriales de las islas Xisha sin el consentimiento del Gobierno chino, lo que llevó al Mando Sur a desplegar sus fuerzas navales y aéreas en una operación de seguimiento, supervisión y advertencia de retirada al buque estadounidense, conforme a la ley y las regulaciones vigentes”, afirmó el portavoz militar del Mando Sur, el coronel Tian Junli.

El portavoz denunció que este acto de Estados Unidos “constituye una grave violación de la seguridad y la soberanía de China”, siendo “otra evidencia irrefutable” de los esfuerzos de Estados Unidos por imponer su hegemonía en la navegación y militarizar el Mar de China Meridional.

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