Un abogado presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) en la que aseguró que el jefe de la agencia migratoria en Chihuahua dio la orden de no abrir la celda del centro de detención de Ciudad Juárez donde se produjo un incendio que mató a 39 migrantes.

La denuncia, a la que tuvo acceso The Associated Press, fue presentada por el abogado Jorge Vázquez Campbell en representación de clientes a los que no quiso identificar para proteger su seguridad.

Las autoridades mexicanas anunciaron que ocho trabajadores del centro de detención de migrantes, tres de ellos funcionarios, estaban bajo investigación y que se preparaban varias órdenes de aprehensión, entre ellas la del migrante que presuntamente inició el incendio en señal de protesta.

Un video mostró a guardias saliendo de una sala con humo sin ningún intento de liberar a los migrantes que estaban detenidos.

Según la denuncia, el titular del Instituto Nacional de Migración (INM) en Chihuahua, el contraalmirante en retiro Salvador González Guerrero, “dio la orden por llamada telefónica para que a las personas migrantes que se encontraban alojadas dentro del lugar en donde inició el fuego no les abrieran la puerta por ningún motivo”.

El presidente Andrés Manuel López Obrador insistió el jueves en que no habrá impunidad. “Hablé con el fiscal para pedirle de que no haya ningún tipo de consideración más que el de hacer justicia, que actúen con profesionalismo, con absoluta libertad y que haya justicia”.

El miércoles la fiscal que lleva el caso, Sara Irene Herrerías, indicó que los ocho trabajadores investigados ya se habían presentado a declarar, pero que el jefe del INM en Chihuahua no había rendido declaración.

Cinco de los investigados son guardias de seguridad privada, pero también hay dos agentes federales de Migración y un funcionario del estado de Chihuahua.

De acuerdo con el abogado Vázquez Campbell, sus clientes indicaron que un migrante “pidió que le diera un cigarro y un encendedor y empezaron a hacer su protesta”.

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El abogado dijo que eran cinco personas las que protestaban y que habían sido detenidas ese mismo día. “Los oficiales se burlaron de ellos, se irritaron y dos de ellos (migrantes) le prendieron el fuego a un colchón”.

Fue en ese momento cuando, según el abogado, los agentes migratorios avisaron a González Guerrero “y el señor dijo que no se hiciera nada y que por ningún concepto los dejaran salir”.

El Instituto Nacional de Migración no respondió de forma inmediata a una solicitud de comentario ni de entrevista con el delegado en Chihuahua.

Las muertes en el centro de Chihuahua han sido relacionadas con la marcha masiva de cientos de migrantes que se dirigen hacia un cruce fronterizo con Estados Unidos con la intención de que las autoridades estadounidenses los dejen pasar a su territorio.

Con información de AP

Las autoridades mexicanas revelaron este miércoles parte de su investigación sobre la muerte de 39 migrantes que el pasado lunes quedaron encerrados en un centro de detención que se incendió en la fronteriza Ciudad Juárez, en el norte del país.

El incidente dejó a otras 27 personas heridas, 16 en condición grave.

“Ninguno de los servidores públicos, ni los policías de seguridad privada, realizaron alguna acción para abrirles la puerta a los migrantes que se encontraban adentro con el fuego”, alegó en conferencia de prensa la fiscal especial en Derechos Humanos de la Fiscalía General de la República, Sara Irene Herrerías.

En su intervención, la funcionaria informó que como parte de la pesquisa analizan un video de cámaras de seguridad que fue difundido en internet, en el que el se aprecia cómo algunos funcionarios dentro del centro de detención no auxiliaron a quienes se veían expuestos al fuego y humo iniciado en el área de resguardo de migrantes.

La secretaria de Seguridad Pública y Protección Ciudadana federal, Rosa Icela Rodríguez, aseguró que no habrá impunidad y reprobó “la mala actuación de servidores públicos que no se apegaron a los protocolos de protección a la vida y protocolos de protección civil”.

“La decisión de, en lugar de salvar las vidas, no ser capaces de salvar una vida es algo que estará en las investigaciones: ¿quién no permitió la salida de estas personas? Evidentemente hay un delito grave”, sostuvo Rodríguez.

“Sí indigna, sí molesta y es un sentimiento no solo de impotencia, sino de coraje [enojo]… Son vidas humanas y es imperdonable”, añadió.

Hasta ahora han sido identificados ocho probables responsables: dos agentes federales, un agente migratorio estatal y cinco guardias de una empresa de seguridad privada auxiliar contratada por las autoridades migratorias.

Además, se solicitaron cuatro órdenes de detención por el delito de homicidio contra “el responsable del inicio del incendio, servidores públicos y vigilantes de una empresa privada”, señaló la fiscal Herrerías.

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El responsable del incendió, según se informó en la misma conferencia de prensa, presuntamente fue uno de los migrantes.

Las primeras investigaciones

De acuerdo con la indagatoria federal, el incendio se inició alrededor de las 20:30 del pasado lunes, cuando migrantes iniciaron una protesta al interior de la Estancia Provisional del Instituto Nacional de Migración en Ciudad Juárez.

En ese recinto eran internados migrantes detenidos en esa ciudad fronteriza de México con la estadounidense de El Paso.

La fiscal Herrerías expuso que, de acuerdo con testimonios recabados, entre los migrantes “había el temor de que iban a ser deportados y que por eso habían sido detenidos. Y estaban protestando por ello”.

De las 66 hombres internados en el centro, “un grupo de migrantes pequeño comenzó a destruir y acumular las colchonetas para prenderles fuego”.

Todos eran hombres y estaban en un espacio de detención resguardado por funcionarios de migración y agentes de seguridad privada. Había puertas con cerrojos.

Como sospechoso del inicio del fuego, la fiscal Herrerías señaló a un migrante, según los testimonios de las víctimas.

El video de seguridad

Un video de una cámara de seguridad al interior de la Estancia Provisional fue difundido a través de varios medios de comunicación y redes sociales la noche del martes.

En un lapso de 32 segundos, se observa a funcionarios uniformados que parecen alejarse cuando el incendio estalla en una esquina del recinto.

Migrantes al interior intentan sin éxito abrir una puerta con barrotes mientras el humo se esparce rápidamente.

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La BBC verificó los fotogramas del video y no encontró ninguna copia difundida antes del martes por la noche, lo que indica que es reciente.

Alejandra Corona, coordinadora del Servicio Jesuita a Refugiados y quien conoce las instalaciones, dijo a la BBC que lo visto en el video coincide con la ubicación de una cámara de seguridad en la entrada del área de detención de hombres.

Explicó que el centro de migrantes, ubicado justo al sur del puente que une Ciudad Juárez con la ciudad de El Paso, tiene oficinas donde se procesan los migrantes, así como áreas donde pueden ser detenidos.

Describió el área detrás de las rejas que se puede ver en las imágenes como “una celda”.

“La puerta siempre ha estado cerrada con llave cuando hemos visitado [esta área], e incluso cuando se busca hablar con los migrantes, no pueden salir, tenemos que quedarnos afuera”, explicó.

“No tengo conocimiento de la existencia de una salida de emergencia. Que yo sepa, la puerta que se puede ver en el video es la única salida”, explicó.

Como el video no tiene sonido, no es posible determinar qué se decía cuando estalló el incendio. Tampoco está claro qué hace el personal uniformado cuando no está frente a la cámara.

Pero en un momento, el humo llena la habitación, lo que dificulta distinguir algo más allá del resplandor de las llamas.

Con información de BBC

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Un incendio en la estación migratoria de Ciudad Juárez dejó como saldo la muerte de 39 migrantes. La empresa encargada de la vigilancia de la estación es propiedad de Elías Gerardo Valdés Cabrera, cónsul honorario de Nicaragua en Coahuila y Nuevo León. Servicios Especializados de Investigación y Custodia (SEICSA) ha obtenido contratos por más de 3 mil millones de pesos del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Desde que Valdés Cabrera fue nombrado cónsul honorario por Daniel Ortega, presidente de Nicaragua, el gobierno de López Obrador y la Fiscalía General de la República (FGR) han aumentado la entrega de contratos a SEICSA. A pesar de que la empresa ha sido señalada por diversas violaciones a los derechos humanos, sigue recibiendo contratos del Instituto Nacional de Migración (INM) para vigilar y resguardar sus instalaciones en todo el país.

En el incendio de la estación de Ciudad Juárez, se observa en videos que guardias de SEICSA estaban dentro de las instalaciones, junto con los agentes del INM. Tres empleados de la empresa ya rindieron declaración ministerial ante la FGR. La secretaria de Seguridad federal, Rosa Icela Rodríguez, ha dicho que están reuniendo información para determinar si la empresa tenía los permisos necesarios para operar y el tipo de contrato que había firmado con el INM.

Un informe de la Coalición de Organizaciones de la Sociedad Civil enviado a la ONU en 2016 documentó al menos 10 agresiones de empleados de las empresas SEICSA y CUSAEM a migrantes que iban en trenes de carga en la ruta Apizaco-Guadalajara. Un año después, un informe de ocho organizaciones civiles enviado a la ONU destacó que personal de SEICSA intimidaba a defensores y voluntarios del colectivo Estancia del Migrante González y Martínez que se acercaban a las vías del tren buscando ayudar a migrantes.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos también ha puesto atención en la empresa del cónsul honorario de Nicaragua. En la recomendación 95/2022, se señala que personal de SEICSA estuvo involucrado en la agresión a un migrante hondureño en la estación “Las agujas” del INM en la Ciudad de México.

A pesar de los antecedentes de la empresa, continúa siendo contratada por diversas oficinas federales, como la Fiscalía General de la República, el Banco del Bienestar, el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, el Instituto Mexicano del Seguro Social y Caminos y Puentes Federales (Capufe), entre otras. La secretaria de Seguridad federal ha argumentado que no puede revelar el nombre de la empresa de seguridad privada debido a que es parte de una investigación en curso.