Ayotzinapa: a 12 años de la desaparición de los 43, las preguntas esenciales siguen sin respuesta

A 12 años de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, las autoridades han avanzado en la investigación contra exfuncionarios de alto nivel, pero continúan sin responder las preguntas vitales que las familias de los normalistas han planteado desde el primer día.

Entre esas interrogantes pendientes destacan el paradero de los 43 jóvenes, el móvil de las agresiones y el monitoreo que el Ejército habría realizado durante el 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.

El contexto de la desaparición

La desaparición de los 43 normalistas ocurrió en un contexto de toma de autobuses que los estudiantes llevaban a cabo para participar en la marcha del 2 de octubre en la Ciudad de México.

De acuerdo con el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, esta toma temporal de autobuses era conocida por autoridades y empresas bajo una especie de “aval tácito”.

Sin embargo, aquel 26 de septiembre la respuesta de las autoridades fue distinta: la policía municipal de Iguala atacó a los estudiantes que viajaban a bordo de los camiones para evitar que salieran de la ciudad.

A más de una década del caso, se identificó la participación de distintas corporaciones policiales junto con civiles integrantes de Guerreros Unidos, una organización criminal que operaba en Guerrero.

El saldo de esa noche: 43 jóvenes desaparecidos, seis personas asesinadas —tres de ellas estudiantes normalistas— y al menos 40 personas heridas.

Dos etapas de investigación

La investigación del caso se ha dividido en al menos dos etapas. La primera correspondió al sexenio de Enrique Peña Nieto, cuando la entonces Procuraduría General de la República determinó que los estudiantes habían sido asesinados e incinerados después de boicotear el informe de la alcaldesa de Iguala y de haber sido confundidos con Los Rojos, rivales de Guerreros Unidos.

Esa versión fue bautizada como la “verdad histórica”, una investigación que fue rechazada durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Si bien con López Obrador regresó el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y se creó una comisión dirigida por el entonces subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, las investigaciones no mostraron un avance sustancial.

Las preguntas sobre la infiltración —en el caso de Julio César López Patolzin— y el monitoreo del Ejército, así como los indicios de encubrimiento, quedaron sin respuesta.

Los exfuncionarios investigados

En la segunda etapa del caso, ya en manos del gobierno federal, se dio a conocer que exfuncionarios de alto nivel estaban siendo investigados por distintos delitos relacionados con la desaparición de los 43.

Jesús Murillo Karam. En agosto de 2022, la FGR detuvo al exprocurador general por los delitos de presunta desaparición forzada, tortura y contra la administración de justicia. Tras permanecer un tiempo en prisión, problemas de salud lo llevaron a distintos hospitales y posteriormente un tribunal autorizó que la medida cautelar cambiara a prisión domiciliaria. Actualmente sigue el proceso bajo esa modalidad, con un grillete electrónico.

Tomás Zerón. El exjefe de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la extinta PGR enfrenta al menos dos órdenes de detención. Una por los delitos de presunta alteración de pruebas, ocultamiento y presuntos actos de dirección en la primera investigación del caso. Otra, emitida en 2021, por presunta desaparición forzada de personas, tortura y coalición de servidores públicos. Desde 2019 está prófugo y, hasta donde se sabe, se encuentra en Israel. El gobierno mexicano solicitó su extradición. Zerón dirigió una visita no documentada a las cercanías del río San Juan, en el municipio de Cocula, que a través de un presunto montaje serviría para reforzar la “verdad histórica”.

Ángel Aguirre. Gobernador de Guerrero entre abril de 2011 y octubre de 2014. A inicios de agosto de 2026, la FGR lo detuvo por su presunta responsabilidad en el ocultamiento de evidencia e información en el caso. De acuerdo con las autoridades, las cámaras de seguridad del Palacio de Justicia de Iguala captaron el momento en que el autobús donde viajaban los normalistas fue detenido por policías municipales y estatales. Aunque en un inicio se afirmó que las imágenes no existían por supuestas fallas técnicas, dos testigos declararon que las grabaciones fueron sustraídas para ser entregadas a Aguirre, quien habría ordenado desaparecer cualquier evidencia relacionada con el caso.

Lambertina N. En 2014 era presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero. Once años después, las autoridades cumplieron una orden de detención en su contra por los presuntos delitos de desaparición forzada y contra la administración de justicia cometido por un funcionario público. Se le relaciona con la desaparición de las grabaciones de las cámaras 12 y 15 del Palacio de Justicia de Iguala, claves para la investigación.

Leonardo Octavio Vázquez. En octubre de 2022, la FGR detuvo al exsecretario de Seguridad de Guerrero durante el ataque contra los normalistas. Militar en retiro, Vázquez fue acusado de presunta delincuencia organizada por supuestos vínculos con Guerreros Unidos.

José Luis Abarca. El empresario fue presidente municipal de Iguala de 2012 a 2014 e inició un proceso en su contra por los delitos de secuestro y desaparición, aunque en 2022 fue absuelto. Un juez en Tamaulipas consideró que no había evidencias suficientes para demostrar su plena responsabilidad en la desaparición de los normalistas, es decir, deficiencias en la investigación de la PGR. La sentencia contrastó con el Informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia para el caso Ayotzinapa, que mostró mensajes donde Abarca —identificado como A1— habría ordenado el ataque contra los normalistas, en coordinación con líderes de Guerreros Unidos, autoridades y militares. Las familias presentaron un amparo contra la resolución y en 2025 el Segundo Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito en Reynosa confirmó la decisión de 2022. Aun así, el expresidente municipal sigue en prisión por otros delitos, ya con sentencia, como el asesinato del exsíndico Justino Carvajal Salgado, además de una investigación en su contra por el secuestro de integrantes del Movimiento Campesino Unidad Popular, caso en el que frenó una sentencia de más de 90 años de cárcel.

María de los Ángeles Pineda. En 2014, las autoridades la detuvieron junto con su pareja, José Luis Abarca, cuando ambos se encontraban prófugos en Iztapalapa, Ciudad de México. Fue acusada de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. En 2024, un juez ordenó reponer su proceso, luego de que su defensa presentara copias de una sentencia que determinó que Sidronio Casarrubias, exlíder de Guerreros Unidos, había sido torturado para que declarara en su contra y en la de Abarca. En 2023, el exlíder fue absuelto del delito de delincuencia organizada, ya que la FGR no pudo probar la existencia de Guerreros Unidos.

Más de 100 personas procesadas

De acuerdo con datos del Centro Prodh citados por Animal Político, 158 personas han sido procesadas por delitos relacionados con el caso. Con corte a 2025, 120 permanecían detenidas y, de este grupo, 17 son integrantes de las Fuerzas Armadas.