Nacional
Candidato de PT-Morena tiene dos sentencias por violencia familiar, y aún así fue ratificado
Victorino Sánchez, candidato del PT y Morena a la presidencia municipal de Santiago Tianguistenco, fue ratificado esta tarde por el Tribunal Electoral del Estado de México (TTEM), a pesar de haber sido sentenciado en dos ocasiones por “violencia familiar”, pues a mediados del 2015 lanzó por las escaleras a quien era su esposa y el 6 de febrero del 2016 casi la mata por estrangulamiento, después de propinarle una gran paliza que la hizo abortar de dos meses.
Aurora Guadalupe Ortiz Quiroz, la víctima, perdió está tarde la batalla legal que emprendió ante diversas de instancias, autoridades y dirigentes partidistas de diversos niveles en el Estado de México, para evitar que un agresor, su exesposo, ocupe un cargo público de elección popular.
Desde antes de su postulación por el Partido del Trabajo (PT), Aurora buscó a dirigentes de esa fuerza política para entregarles el expediente y luego ante autoridades del Instituto Electoral (IEEM), pero nadie le hizo caso. Los acuerdos entre las dirigencias del Partido del Trabajo y Morena operaron sin tomar en cuenta los antecedentes del aspirante y terminaron por impulsarlo.
Los antecedentes no son simples
La sentencia condenatoria 85/2016 dictada por el Juez Segundo Civil de Primera Instancia de Tenango del Valle en abril del 2017, declaró que el hoy candidato a la alcaldía de Santiago Tianguistenco es de personalidad agresiva y “generador de violencia”, además de imponer medidas de protección a favor de Aurora y su hija (entonces de 4 años), para prohibirle acercarse a ambas a menos de cien metros.
Otra “sentencia definitiva”, pero de carácter penal, emitida por el Juzgado de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Tenango del Valle (con registro 178/2017) del 13 de septiembre de 2018, resolvió que: “Victorino Sánchez Samaniego, es penalmente responsable de los hechos que la ley tipifica como violencia familiar, cometida en agravio de víctima menor de edad de identidad reservada y Aurora Guadalupe Ortiz Quiroz”. En este caso fue sentenciado a dos años de prisión.
Derivado de estas sentencias, se le condenó además a pagar una pensión regular a su hija, considerada también víctima de la violencia, lo cual Victorino Sánchez ha combatido incansablemente y a la fecha adeuda 128 mil pesos, aunque en días recientes, tras conocer que Aurora comenzaba a difundir su caso, acudió a depositar los primeros dos meses después de no hacerlo por largo tiempo.
Luego de que los candidatos fueron designados y su caso fue ignorado por completo, la víctima acudió al Tribunal Electoral del Estado de México (TEEM), donde promovió un Juicio Ciudadano Local, el cual quedó registrado con el número JCL/242, mismo que hasta este lunes fue resuelto, aunque lo interpuso desde el pasado 15 de mayo.
Resolución del Tribunal
Con dos votos en contra y tres a favor, el Tribunal Electoral del Estado de México (TEEM), ratificó el acuerdo 113 emitido por el consejo general del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) en el que se aprobó la candidatura de Victorino Sánchez Samaniego a la alcaldía de Tianguistenco
Al resolver el Juicio Ciudadano Local JCL/242/2021, la mayoría de los magistrados votaron a favor de la resolución diseñada por el magistrado Jorge Esteban Muciño, por considerar que la víctima del candidato de la coalición Juntos Haremos Historia no tiene interés jurídico en el caso, por lo que su demanda fue finalmente “desechada de plano”.
De acuerdo con la visión del magistrado Muciño y la de otros dos de sus compañeros magistrados, la víctima en este caso, quien promovió el Juicio Local Ciudadano, impugnando la calidad del candidato, “no tiene legítimo interés jurídico”, toda vez que no participó en el proceso de selección interna del Partido del Trabajo (PT), el cual lo postuló.
Pese a lo anterior, dos magistrados no estuvieron de acuerdo en esta resolución y dieron sus respectivos votos particulares en contra, lo que abre la puerta para que asunto pueda ser llevado al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
La magistrada Martha Patricia Tomás Pescador advirtió que el juicio promovido por la víctima, si bien no encajaba en los supuestos que atienden los Juicios Ciudadanos, debería ser analizado a fondo como un “asunto especial”, toda vez que se trata de la víctima del candidato, quien al tener una sentencia por violencia familiar y al haber sido también sentenciado al pago de una pensión (que adeuda en parte), no reúne el perfil que exige la ley y no cuenta, por lo tanto, “con un modo honesto de vivir”.
En el mismo sentido votó el magistrado Víctor Óscar Pasquel Hernández, quien fue todavía más lejos, al hacer un análisis más profundo del caso y advertir que al haber sido condenado por violencia familiar, Victorino Sánchez “no es elegible”, pues viola el artículo 119 de la Constitución local.
También dijo que al haber sido condenado por violencia familiar “carece de un modo honesto de vivir” y que el interés de la víctima es prevenir que otras mujeres del ayuntamiento pudieran ser víctimas del petista una vez que ocupe el cargo, por lo que sí tiene derecho legítimo al impugnar su candidatura.
“Nadie mejor que ella -la víctima- está legitimada para poner en duda la ciudadanía del candidato, derivado de su comportamiento en el núcleo familiar, pues la intención de la actora es prevenir que otras mujeres sean víctimas del candidato en el ámbito político, en el ámbito del ejercicio del cargo si es electo”, advirtió el magistrado, quien a diferencia de su compañera, estimó que ni siquiera era necesario tratar el asunto como especial, ya que para él, quedaba claro que Victorino Sánchez “es inelegible” y su candidatura viola el artículo 119 de la Constitución Política local.
Finalmente, el caso fue rechazado y “desechado de plano”, con tres votos a favor y dos votos particulares en contra.
Este asunto se perfila en convertirse en el primer caso en que un candidato agresor y sentenciado por violencia doméstica, logra evitar las recientes reformas aprobadas el año pasado por la 60 Legislatura local, para evitar justo lo contrario.
Con información de Vanguardia
Nacional
Cifra de candidatos que piden protección del Gobierno se duplica
A menos de un mes de que sean las elecciones, 412 candidatos mexicanos a un cargo público han solicitado protección y seguridad para sus campañas, de los que 129 son aspirantes locales, informó este viernes la presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei.
Andrés Manuel López Obrador, presidente de nuestro país, había expuesto el 23 de abril que la cifra de candidatos que cuentan con protección del Gobierno mexicano era de 360, en medio de unas campañas que han dejado decenas de asesinatos.
Una semana antes, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) reportó 250 candidatos con protección federal, que incluye escoltas de la Guardia Nacional y el Ejército mexicano.
“Desde la última vez que platicamos (con la prensa), la cantidad se ha duplicado a 412, y 129 son de carácter local”, dijo Taddei a medios al dar el banderazo para el traslado de 317 millones de boletas y otros materiales electorales a todo el territorio mexicano que se utilizarán en los comicios del 2 de junio.
¿Cuántos agentes cuidan a las y los candidatos de las elecciones 2024?
Recordó que el protocolo de atención a los candidatos solicitantes de protección se modificó hace un mes “y ya no tiene que pasar por los criterios de alto, mediano y bajo (riesgo) sino que inmediatamente se les otorga la seguridad” en cuanto lo solicitan.
Taddei no precisó la cantidad de agentes que cuidan a los candidatos, ya que, dijo, son decisiones de las fuerzas de seguridad.
La preocupación por la violencia contra los aspirantes tuvo un punto alto el 21 de abril, cuando un grupo de encapuchados interceptó a la candidata presidencial oficialista, Claudia Sheinbaum, en la carretera de Motozintla en Chiapas, estado de la frontera sur de México donde hay disputas de los cárteles.
La SSPC mantuvo la semana pasada en 15 la cifra de aspirantes asesinados en lo que va del proceso electoral, que de forma oficial comenzó el 1 de octubre pasado y concluye con las elecciones del 2 de junio.
Pero organizaciones ciudadanas estiman una cifra mayor de víctimas, como la consultora Data Int, que ha contabilizado 106 asesinatos potencialmente vinculados a las elecciones, incluyendo 30 aspirantes.
Con información de EFE
Nacional
¿Cuándo será el juicio contra los responsables de la caída de la Línea 12 del Metro?
Este 3 de mayo se cumplen 3 años del colapso de la Línea 12 del Metro de la CDMX y aunque las autoridades capitalinas externaron que la mayoría de las familias de las víctimas ya recibieron reparaciones de daños, aún así no se ha hecho ningún juicio contra los exfuncionarios que han sido señalados.
El 3 de mayo de 2021 poco después de las 22:00 horas, un tren de la Línea 12 del Metro se desplomó entre las estaciones de Tezonco y Olivos, causando la muerte de 26 personas y otras 90 resultaron heridas.
Por este suceso, 10 exfuncionario del llamado “Proyecto Metro” fueron vinculados a proceso, entre los que destaca es Enrique Horcasitas, el exdirector del Proyecto Metro, pero hasta la fecha ninguno de esos funcionarios han sido llevado a juicio.
El abogado Gabriel Regino, quien defiende a los exfuncionarios, declaró a El Universal que se han presentado recursos y amparos para litigar medidas y retrasos audiencias, esto luego de que un juez determinara que los exfuncionarios podrían seguir su proceso en libertad.
A su vez, el abogado defensor señala que aunque los funcionarios son considerados como investigados, no están imputados o señalados en un grado de responsabilidad.
El abogado detalló también que por cuestiones jurídicas, es posible que las víctimas y acusados de la caída del tren de la Línea 12 no alcancen la justicia esperada.
El defensor indicó que se han acudido al recurso denominado “revisión” por esta razón:
“Mientras esto no se resuelva, no habrá juicio y para que esta etapa se pueda resolver faltan entre dos y tres años”.
“Si en dos o tres años las autoridades dicen que deben de enfrentar un juicio, lo enfrentaremos. Si nuestros representados resultan señalados como culpables, nos iremos a la apelación, si perdemos la apelación, nos iremos al amparo directo y si al final del día perdemos todas las instancias, se carecen de recursos por parte de mis representados para hacer un sólo pago y cuando termine este caso, que pueden ser cinco o seis años o incluso más, las víctimas que nunca hicieron un acuerdo reparatorio concreto se quedarán sin ningún tipo de justicia, sin ningún tipo de reparación“, agregó y también aseguró que posiblemente la siguiente audiencia se haga en los tres siguientes años.
“No habrá justicia para todas las víctimas y tampoco habrá justicia para las personas que fueron acusadas como responsables de esta tragedia. ¿Por qué razón? Porque la tragedia se derivó de una falta de mantenimiento por parte de las autoridades de la Ciudad de México“, concluyó.
Hasta el momento, tanto agentes como peritos de la Fiscalía de la CDMX han indicado que ya todo queda en tribunales.
Por su parte el jefe de gobierno de la CDMX, Martí Batres, declaró que a través del gobierno capitalino se ha dado atención médica y psicológica gratuita a víctimas lesionadas, por lo que se han suscrito 118 acuerdos reparatorios, pues el 92% de las víctimas y familiares optaron por el proceso de justicia restaurativa.
“El gobierno de la Ciudad de México mantiene el seguimiento a los casos que aún lo requiera”, comentó el jefe de gobierno capitalino, pero de acuerdo con el abogado Teófilo Benítez, 14 víctimas faltan por ser atendidas, ya que el gobierno de la CDMX no ofertó una cantidad que fuera acorde a los daños que padecen.
Nacional
Se cumplen tres años del colapso de la L12 del Metro
Este viernes se cumplen tres años del colapso en el tramo elevado de la Línea 12 del Metro capitalino, tragedia en la que murieron 26 personas.
A manera de homenaje, pero también de protesta, en la estación Mixcoac se colocaron un ataúd con un espejo dentro; coronas fúnebres y veladoras.
Se espera que como cada años, se lleve a cabo una misa en recuerdo de las víctimas.
El 3 de mayo de 2021 un puente elevado de la Línea 12, en la alcaldía Tláhuac, se derrumbó, lo que provocó que un vagón cayera sobre una vialidad entre las estaciones de Olivos y Tezonco -en Tláhuac, suroriente de la ciudad- quedando encallado en forma de “V”, accidente que dejó 26 muertos y un centenar de heridos.
En el segundo aniversario de la tragedia la Fiscalía General de Justicia (FGJ-CDMX) informó que se habían firmado 117 acuerdos reparatorios entre víctimas directas e indirectas con empresas constructoras.
A día de hoy suman 118 acuerdos, según el jefe de Gobierno capitalino, Martí Batres, quien pidió no lucrar con la tragedia, en medio de la época electoral.
En cuanto a las imputaciones contra personas físicas, la FGJ informó la apertura de juicios contra seis ex servidores públicos, un corresponsable de seguridad estructural, un director responsable de obra y dos particulares, para un total de 10 personas.
Sin embargo, uno de los presuntos implicados -el ex director responsable de Obra de la L12, Leonardo Alcázar-, murió y hasta el momento ninguna persona ha sido detenida.
A tres años del colapso tan solo 14 víctimas continúan el litigio en búsqueda de justicia.
El 15 de enero de 2023, después de 20 meses, la Línea 12 del Metro de Ciudad de México reabrió, de forma parcial.
Un año más tarde, el 30 de enero de 2024, la llamada ‘Línea Dorada’ reabrió en su totalidad.
La reapertura de la Línea 12, que tiene vicios de origen, ocurrió en medio de una nueva polémica sobre la inseguridad y falta de mantenimiento del Metro capitalino.
Con información de López-Dóriga y EFE
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