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CNDH reconoce desapariciones en México, pero niega que sean “desde el Estado”
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) aclaró que nunca negó la gravedad de las desapariciones en México, pero insistió en que estos actos no son cometidos de manera sistemática por el Estado, en respuesta a las críticas del Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU.
En un documento titulado “Precisiones sobre la desaparición de personas en México”, la CNDH, dirigida por Rosario Piedra Ibarra, rectificó parcialmente sus declaraciones del 6 de abril, cuando minimizó la crisis de desapariciones.
¿Desapariciones forzadas o acciones individuales?
La CNDH reconoció que existen casos de desaparición con participación de autoridades, pero argumentó que no se trata de una política de Estado:
“No negamos la existencia de desapariciones en México ni la posibilidad de que existan casos de colusión de autoridades en dichos eventos”, señaló. Sin embargo, aseguró que, “con información documentada”, puede afirmar que no hay un patrón institucional generalizado.
El organismo distinguió entre las desapariciones forzadas de los años 50 a 90 —donde sí hubo un esquema sistemático impulsado por el gobierno— y los casos actuales, que atribuyó a acciones individuales o grupales, como la participación de gobernadores o funcionarios locales.
Respuesta a la ONU
La postura de la CNDH surge luego de que Olivier de Frouville, presidente del Comité de la ONU, advirtiera que las desapariciones en México ocurren de manera “generalizada o sistemática”, lo que implicaría responsabilidad del Estado.
La CNDH rechazó este señalamiento y cuestionó incluso el uso del término “Estado”, argumentando que este incluye a toda la sociedad: “Todos, incluidos los ciudadanos, formamos parte de él”, indicó.
Contexto de la polémica
México enfrenta una crisis de desapariciones, con más de 100,000 personas no localizadas según datos oficiales. Organizaciones civiles y familiares de víctimas han acusado colusión de autoridadescon el crimen organizado, así como negligencia e impunidad en las investigaciones.
La CNDH, sin embargo, insiste en que no hay una política estatal detrás de estos casos, aunque admite fallas en la procuración de justicia.
