Una comunidad agraria ubicada en el poblado de Témoris, municipio de Guazapares, Chihuahua, exige el pago de 60 millones de dólares a la empresa canadiense TC Energy, ya que consideran que los gasoductos que conectan a la entidad con Sinaloa, “El Encino-Topolobampo” y “El Oro-Mazatlán”, han causado agravios a los habitantes.

Martin Millanes, abogado que representa a la comunidad, explicó que TC Energy diariamente transporta más de 600 millones de pies cúbicos de gas natural a través de sus tierras, lo cual viola la Ley Agraria, la Ley Ambiental, así como otras normativas del ámbito civil.

“Incluso, el Tribunal Unitario Agrario del distrito cinco con sede en Chihuahua, en el expediente 1064/2017, en sentencia firme, decretó desde el 2018 la nulidad de las escrituras y contratos que amparaban el paso del gas por nuestra comunidad, ordenando desde ese año la celebración de nuevos contratos que fuesen justos y apegados a las legislaciones agraria, civil y de hidrocarburos”, dijo el litigante.

Hasta el momento, informó Millanes, TC Energy les ha ofrecido a los 200 comuneros del lugar, un pago único de 25 millones de pesos, cantidad que se encuentra “muy lejos” de lo que tienen planeado aceptar.

“La empresa se ha negado sistemáticamente a la celebración de los nuevos contratos porque mantiene su postura de seguir agraviando a la comunidad con ofrecimientos irrisorios”, dijo.

La comunidad exige la intervención del presidente Andrés Manuel López Obrador para solucionar esta situación, ya que, de acuerdo con ellos, han transportado gas natural de manera ilegal los últimos años.

“La transnacional canadiense, con la complacencia del Gobierno de Chihuahua, practican abiertamente el huachicol, ya que no cuentan con contrato alguno y no tienen la autorización de la comunidad agraria de Témoris”, aseveró Millanes.

Apenas el pasado 16 de marzo de 2023, la comunidad, con asistencia profesional, cerró la válvula de flujo de gas que se encuentra dentro de las tierras de uso común de la comunidad.

De acuerdo con fotografías proporcionadas por los comuneros, al lugar llegó Leonardo Robles, vicepresidente de Desarrollo de Negocios de la empresa, quien exigió, sin éxito, la reapertura de la válvula.

Así, el abogado afirmó que hasta no tener nuevos contratos firmados, la comunidad mantendrá cerrada la válvula del gasoducto.

“Por ahora, estamos con la incertidumbre y zozobra de que lleguen policías o una orden similar y que busquen recuperar el espacio de tierra que no les toca, todo con el pretexto de que lo que fluye de gas sirve para encender las plantas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE)”, manifestó el abogado.

Se quedarán sin luz

En contraste, Rafael García, vicepresidente de Relaciones con Gobierno y Grupos de Interés de TC Energy, señaló en entrevista que se encuentran trabajando para restaurar de manera segura el servicio de sus ductos, luego de haber sido invadido ilegalmente e interrumpir sus operaciones.

Puntualizó que esta problemática pone en riesgo que 4.5 millones de personas puedan sufrir repercusiones, como sería la falta de energía eléctrica.

“Este ducto provee de gas natural a plantas de la CFE, muchos de estos usuarios están ubicados en Sinaloa y Chihuahua, al dejar de proveer gas es muy preocupante para nosotros por todas las repercusiones que puede tener en la población en general, la interrupción ilegal del servicio tiene implicaciones para el Sistema Eléctrico Nacional y pone en peligro el abasto de la electricidad vital que alimenta los hogares, la industria y servicios básicos de la región”, dijo.

El representante de la empresa canadiense apuntó que el monto solicitado por los abogados de los comuneros es exorbitante, ya que además de los 60 millones de dólares, desean 20 mil pesos mensuales a perpetuidad.

“La comunidad es nuestra amiga, queremos trabajar con ella y tener una relación a largo plazo, pero están siendo rehenes de este tipo de abogados, ya que la cifra que piden está completamente fuera de la realidad”, apuntó García.

Aseveró que actualmente cuenta con el respaldo del presidente municipal, el gobierno del estado de Chihuahua, Gobierno Federal y de la CFE. “Tenemos todo el apoyo porque la ley está de nuestro lado”, subrayó el ejecutivo.

Con información de El Financiero