“Esta fiscalía está lista para acusarlo”. La frase del fiscal Manuel Granados encarna el giro radical que ha tomado el caso de Emilio Lozoya. Durante casi un año y medio la estrategia fue mantener la mano tendida hacia el exdirector de Pemex, convertido en una especie de testigo colaborador protegido, en busca de pruebas sólidas para incriminar a lo más alto del último Gobierno priista. El pacto saltó por los aires este miércoles en la primera visita en persona de Lozoya ante el juez del Reclusorio Norte. La Fiscalía considera ahora poco menos que el acusado les ha estado mareando todo este tiempo para dilatar lo más posible su entrada a la cárcel.

La estrategia ha virado de la contemporización al ataque y la decisión del juez de aplicar la presión preventiva mientras dure el proceso tendrá repercusiones más allá de Lozoya. Entre rejas, su margen para encontrar nuevas pruebas se ve mucho más limitado, complicando así la viabilidad de las investigaciones en curso sobre Peña Nieto y la otra decena de políticos a los que el exjefe de la petrolera estatal ha señalado en el marco de su acuerdo con la fiscalía.

Desde el comienzo del caso, en agosto del año pasado, Lozoya lanzó una tormenta de acusaciones, que incluyen a tres expresidentes, dos candidatos presidenciales y 11 legisladores. Las más detalladas se concretaron en el expresidente Enrique Peña Nieto y su mano derecha, el exsecretario de Estado Luis Videgaray, acusados de orquestar y planificar una red de sobornos de al menos 10 millones de dólares repartidos entre la campaña electoral del PRI en 2012 y los pagos a legisladores de la oposición para aprobar la reforma energética del año siguiente.

El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó en mayo del año pasado los intentos de la Fiscalía por sentar a Videgaray ante un juez. Hasta dos veces la FGR ha presentado ya ordenes de detención contra el que fuera canciller, secretario de Hacienda y jefe de campaña en 2012. En ambas ocasiones, un juez penal del reclusorio Norte, el mismo que acaba de encerrar a Lozoya, devolvió el caso a la Fiscalía ante las inconsistencias de la solicitud.

Sobre Peña Nieto también ronda la diana de la Justicia. Según un informe filtrado en noviembre del año pasado, la FGR estaba perfilando acusar al expresidente de cohecho, traición a la patria y delito electoral por su papel central en el caso Odebrecht, una megatrama de corrupción que ya ha hecho tambalear a la clase política de varios países latinoamericanos.

La ofensiva de la Fiscalía

El fin de la paciencia de la Fiscalía —la investigación de las acusaciones vertidas por Lozoya se ha extendido casi año y medio, más del doble del plazo legal— ha coincidido con la publicación de unas polémicas fotos del exdirector de Pemex cenando con amigos en un restaurante de lujo en Ciudad de México. La falta de pruebas sólidas para amarrar una acusación contra Peña y Videgaray junto con al clamor por la impunidad que destilaban las fotos de un político ya imputado por delitos graves de corrupción, desembocó en el giro de la FGR.

“Ha contado con el tiempo suficiente y nunca ha demostrado la actitud de someterse al proceso”, remarcó durante la audiencia Granados, el fiscal que ya ha logrado encarcelar al exgobernador de Veracruz Javier Duarte y a la exsecretaria de Estado Rosario Robles, dos pesos pesados del PRI. Fuentes jurídicas cercanas al caso señalan que todo apunta a que Lozoya acabará perdiendo definitivamente sus beneficios como testigo colaborador y será también sentenciado convirtiéndose así en el personaje de más altura al que alcance la causa.

Conscientes de la ofensiva de la Fiscalía, sus abogados intentaron durante la audiencia jugar todas las cartas posibles. Enfatizar su colaboración durante todo el proceso, sugerir que la nueva medida cautelar se limitase al arresto domiciliario y ofrecer incluso las escrituras de dos inmuebles a nombre de su cliente, por valor de más siete millones de dólares, como garantía para la reparación del daño, otro de los puntos débiles del acuerdo sobre los que más cargó el fiscal: “En todo este tiempo no ha habido ni un ofrecimiento por su parte más allá de la intención de obstaculizar el procedimiento tratando que esta Fiscalía no lo acuse”.

El llamado criterio de oportunidad, la figura a la que trata de acogerse Lozoya para salvarse acusando a los de más arriba, parece cada vez más lejos. Aunque todavía hay algo de margen. El juez, quien en última instancia tiene la potestad de decidir si concede o no la prerrogativa, tiene de plazo hasta la apertura del juicio oral. De momento, en la audiencia del miércoles aceptó dar un mes más para seguir investigando y una vez cerrada esa fase aún quedará todavía otra etapa intermedia para fijar las pruebas antes de la apertura del juicio.

El juez subrayó que, de hecho, la puerta del pacto entre las partes sigue abierta pese al encarcelamiento de Lozoya, al que también informó que garantizará su protección. En el penal Reclusorio Norte están encerrados otros presos con relación directa en la causa, como el exgobernador Duarte; el abogado de Peña Nieto, Juan Collado, o el senador Jorge Lavalle, hasta ahora el único procesado por el caso Odebrecht en México.

Con información de El País