Durante el 2020, en México fueron asesinados 14 activistas defensores del medio ambiente, derechos humanos y de la comunidad LGBT+, de éste último mayormente transgénero.

Los homicidios en materia ambiental, ocurrieron en Michoacán, Oaxaca, Chihuahua, Morelos, San Luis Potosí y Veracruz, donde los activistas salvaguardaban los derechos humanos de las comunidades que habitaban.

De acuerdo con distintos reportes oficiales, la mayoría de los activistas fueron secuestrados días antes de su muerte, y otros asesinados en sus propios hogares.

El 13 de enero, Homero Gómez, defensor del santuario de la mariposa monarca, fue reportado como desaparecido por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Michoacán, que pidió a las autoridades investigar su trabajo como una de las probables causas.

Mayte Cardona, vocera del organismo, aseguró que el activista que protegía miles de hectáreas de bosques en el estado, lo que “seguramente estaba afectando intereses de personas que se dedican a la tala ilegal en la zona”.

Días después, el 27 de enero, Raúl Hernández Romero, salió de su casa camino a su trabajo como guía turístico en santuarios de la mariposa monarca, de igual forma en Michoacán, pero al igual que Gómez, tampoco regresó.

Luego de tres días sin saber su paradero, la Fiscalía emitió un reporte de búsqueda; y tiempo después, llegó un reporte a las autoridades de un cadáver ubicado en el predio Las Balsitas, en la cima del santuario El Campanario, ejido El Rosario, municipio de Ocampo, que se encontraba con marcas de golpes y una herida profunda en la cabeza, confirmando el asesinato de Raúl.

En marzo, tres activistas más fueron asesinados. Un caso es el de Paulina Gómez, defensora del territorio sagrado de Wirikuta, quien despareció el 19 de marzo en San Luis Potosí y fue hallada sin vida tres días después, en el municipio de El Salvador.

Asimismo, Benito Peralta, presidente del comité de seguridad de la comunidad indígena de San Jerónimo Amanalco, fue encontrado muerto.

El 23 de marzo, Isaac Medardo Herrera, defensor de la reserva natural “Los Venados” y representante legal de los 13 pueblos en defensa del manantial “Chihuahuita”, fue asesinado afuera de su domicilio en el municipio de Jiutepec, Morelos.

Ante esto, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU DH) señaló que un grupo de hombres armados llegó a su domicilio, tocó la puerta y cuando el defensor de derechos humanos abrió, le dispararon.

Los asesinatos continuaron pese al inicio de la pandemia de coronavirus en México, luego de que el 8 de abril, Adán Vez Lira, ambientalista que llevaba más de dos décadas dedicado a la defensa del territorio y observatorio de aves en La Mancha, Veracruz, fue asesinado en la carretera que va de La Mancha a Palmas de Abajo.

Días después, hombres armados allanaron la casa de Juan Zamarrón, en Chihuahua, y lo asesinaron con disparos de cuerno de chivo. Cabe recalcar que Zamarrón pertenecía a uno de los ejidos madereros que están siendo afectados a gran escala por la tala clandestina, en contubernio con los narcotraficantes, autoridades y algunos aserraderos.

Eugui Roy Martínez, fue asesinado el 7 de mayo, en el corredor de la casa de su familia, muy cerca de las cajas con ranas, serpientes y demás animales que monitoreaba como parte de sus actividades de investigación en la sierra sur de Oaxaca, una de las “zonas calientes” del estado con presencia de tala clandestina, caza furtiva y conflictos territoriales.

De acuerdo con un estudio realizado por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), en 2018 se registraron 95 casos de criminalización en México, donde el encarcelamiento freno las voces de diversos activistas.

Además, el CEMDA aseguró que en 2019, funcionarios locales, policías y guardias nacionales fueron responsables de poco más del 40 por ciento de los ataques, pero da pocos detalles sobre cómo ocurrieron; mientras que otro 40 por ciento de los casos no se denunció al agresor, un hecho que no sorprende en un país donde casi un 90 por ciento de los homicidios quedan sin resolver.

Al mismo tiempo, los activistas trans que defienden la comunidad LGBT+ también sufrieron ataques y al menos seis de ellos fueron asesinados por crímenes de odio.

El 30 de marzo, Karla Valentina Camarena, mujer transgénero, fue asesinada por disparos de arma de fuego en el municipio de San Felipe, Guanajuato. La activista, y al mismo tiempo, coordinadora de la Red Mexicana De Mujeres Trans del Estado de Guanajuato, fue hallada sobre la Avenida Diligencias, a la altura de “Las Cabañas” por elementos de la Policía Municipal.

En agosto, Jeanine Huerta, fue hallada muerta en su hogar, ubicado en Tijuana, Baja California; ella era una conocida activista por los derechos de las personas transexuales, transgénero, travestis, trabajadoras sexuales y personas con VIH de la frontera norte de México.

Un mes después, en Chihuahua fue hallada muerta la activista trans, Mireya Rodríguez Lemus, que se encontraba al interior de una casa en la colonia Solar del Valle del municipio Aquiles Serdán; mientras que, Leslie Rocha, una semana después fue encontrada muerta en su propio departamento de Ciudad Juárez, donde se le localizó envuelta en una sábana con múltiples huellas de violencia.

En octubre, Itzel Durán, joven transexual de 19 años, fue asesinada en el interior de su casa en Comitán, Chiapas, donde fue apuñalada por dos hombres que entraron a su vivienda. Recalcar que Itzel participaba en concursos de belleza y fue nombrada Nuestra Belleza Gay 2015-2016 en Comitán.

En el mismo mes, Alessa Flores, fue asesinada en la Ciudad de México; ella era una activista transexual que defendía el trabajo de sus compañeras (prostitución), el cual aseguraba que era un oficio cansado, triste y mal pagado, “donde los transfeminicidios ocurrían”.

Colaboraba en la colocación de un altar de día de muertos para sus compañeras en Tlalpan para honrar a las trabajadoras sexuales, algunas de ellas asesinadas.

Con información de Milenio