Estados Unidos impone multas millonarias a migrantes indocumentados en escalada de presión bajo gobierno de Trump

Wendy Ortiz, una migrante salvadoreña que trabaja en una empacadora de carne en Pennsylvania, recibió un aviso que la dejó en shock: el gobierno de Estados Unidos le exige pagar 1.8 millones de dólares por permanecer en el país sin estatus legal.

Madre de un niño autista de 6 años y con un salario de $13 la hora, Ortiz –quien huyó de la violencia de pandillas en El Salvador hace una década– asegura que es imposible cubrir esa deuda. “¿De dónde voy a sacar tanto dinero?”, cuestiona.

Multas récord: la nueva arma de Trump contra la migración

En las últimas semanas, la administración Trump ha notificado a 4,500 migrantes con órdenes de deportación multas que superan los $500 millones en total, según confirmó a Reuters un funcionario federal bajo anonimato.

La medida, basada en una ley de 1996 pero aplicada de forma inédita, busca forzar la “autodeportación” de indocumentados. Los montos, calculados retroactivamente hasta por 5 años($998 diarios), alcanzan cifras estratosféricas para personas como Ortiz, cuyo caso refleja el impacto humano de la política.

“Al principio piensas que es falso”, admitió el abogado Robert Scott, tras conocer que una cliente mexicana de bajos recursos –residente por 25 años– también recibió una sanción de $1.8 millones.

¿Cómo cobrarán multas imposibles?

El Servicio de Inmigración (ICE) emite las sanciones, pero la Aduana y Protección Fronteriza (CBP)debería ejecutar embargos. Sin embargo, fuentes admiten que la logística para decomisar bienes aún no está definida.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) no respondió a consultas, pero en abril su portavoz, Tricia McLaughlin, urgió a los migrantes a “abandonar el país ahora”.

Historias detrás de los números

• Rosa, ciudadana estadounidense, teme que su esposo hondureño –multado con $5,000– no pueda regularizarse tras un cáncer de útero que le impidió salir en 2018.
• Abogados denuncian que entre los sancionados hay cónyuges de estadounidenses en trámites legales y casos humanitarios como el de Ortiz, quien solicitó asilo por violencia de género.

“Es madre de un niño con autismo, sin antecedentes penales. Esto es una locura”, declaró Rosina Stambaugh, abogada de Ortiz, quien prepara una apelación.

Precedentes y contradicciones

• En 2018, Trump retiró multas a migrantes en iglesias tras presión legal.
• Biden eliminó estas sanciones en 2021, pero ahora resurgen con fuerza.

Mientras activistas califican la estrategia de “inhumana”, el gobierno insiste en su postura dura. Para miles como Ortiz, el dilema es brutal: ¿huir a países donde su vida corre peligro o enfrentar una deuda impagable?