Juez vincula a proceso a exgobernador de Guerrero por caso Ayotzinapa; defensa anuncia apelación

En una audiencia que se extendió por más de 15 horas, el juez de control Mario Elizondo Martínez dictó auto de vinculación a proceso contra el exgobernador de Guerrero, Ángel Heladio Aguirre Rivero, por su presunta participación en la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, así como por delitos contra la administración de la justicia.

La determinación judicial, notificada pasadas las tres de la madrugada de este martes, se tomó tras un extenso debate en el Centro de Justicia Penal del “Altiplano”, donde la Fiscalía General de la República (FGR) sustentó su acusación con testimonios de dos testigos protegidos, quienes aseguraron que el exmandatario ordenó ocultar y destruir los discos con las grabaciones de las cámaras de seguridad del Palacio de Justicia de Iguala, así como cualquier evidencia relacionada con los hechos ocurridos la noche del 26 de septiembre de 2014.

La defensa cuestiona las pruebas

El equipo legal del exgobernador intentó frenar la vinculación mediante la presentación de 31 datos de prueba que, según argumentaron, desacreditaban las imputaciones de la FGR. Sin embargo, el juez consideró que los elementos presentados por el Ministerio Público eran suficientes para sustentar el proceso.

El abogado defensor, Guillermo Barradas, expresó su descontento con la resolución y calificó la decisión como un reflejo de la fragilidad del sistema de justicia en México.

“Es una pena, es una lástima ver la fragilidad del sistema de justicia actualmente que estamos viviendo. Ustedes presenciaron esta ardua audiencia en la que se desahogaron pruebas que demostraron una reunión de alto nivel en la que se encontraba el señor Aguirre en el momento en el que supuestamente le entregaron los videos que mandó a destruir. En nuestra opinión quedó clarísimo que demostramos eso”, lamentó el defensor ante los medios.

Barradas adelantó que su cliente apelará la determinación, y que prepararán los recursos legales correspondientes en los próximos días. El plazo para interponer el recurso vence el próximo lunes.

Testimonios y contradicciones

Durante la audiencia, la defensa presentó dos testigos a favor del exmandatario: Jesús Martínez Garnelo y Felipe Martín Ornelas Rebollo, secretario de Gobierno del estado y coordinador de Seguridad y Transporte Aéreo, respectivamente, quienes afirmaron que Aguirre Rivero no se encontraba en Guerrero el 29 de septiembre de 2014. Como respaldo, se exhibió un oficio que supuestamente acredita que ese día el exgobernador sostenía una reunión en la Ciudad de México con el entonces secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.

“La fiscalía incluso en su desesperación pretendió ofrecer una geolocalización de un celular que ni siquiera era del señor Aguirre y que tampoco demostraba que estuviera en Chilpancingo. Apelaremos y haremos un esfuerzo por tratar de demostrar plenamente su inocencia en las próximas etapas”, agregó Barradas.

Uno de los testimonios clave de la FGR provino de Blanca María del Rocío Estrada Ortega, ex visitadora del Poder Judicial del Estado, quien declaró que sustrajo los videos de las oficinas de la presidenta del Tribunal de Justicia del Estado de Guerrero, Lambertina Galeana Marín, para entregarlos al gobernador. Según la acusación, en esas grabaciones del Palacio de Justicia de Iguala se observa cómo elementos de seguridad pública y civiles armados obligaban a los estudiantes a cambiar de un camión a otro. Ambas testigos señalaron que fueron amenazadas por el propio Aguirre Rivero.

Otro punto de controversia fue la declaración de Sidronio Casarrubias Salgado, alias “El Sapo”, líder del grupo criminal “Guerreros Unidos”, quien afirmó que esa organización financió la campaña de Aguirre Rivero en complicidad con el entonces alcalde de Iguala, José Luis Abarca, y su esposa María de los Ángeles Pineda Villa, a quien señaló como amante del exgobernador.

La defensa desestimó este testimonio al recordar que fue obtenido bajo tortura, conclusión avalada por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y ratificada por el juez Samuel Ventura Ramos, quien en mayo de 2023 dictó sentencia absolutoria para Casarrubias por el delito de delincuencia organizada, aunque el líder criminal permanece en prisión.

Padres de los normalistas presentes

A la audiencia, que originalmente estaba programada para las 10:00 horas del lunes pero inició con retraso cerca de las 12:45, asistieron padres de los 43 normalistas desaparecidos, quienes han mantenido una lucha incansable por más de una década para exigir justicia. La FGR sostiene que Aguirre Rivero, en su calidad de gobernador, no actuó para salvaguardar la seguridad de los jóvenes, lo que constituye una omisión grave en el ejercicio de sus funciones.

Próximos pasos

El juez Elizondo Martínez programó la próxima audiencia para el mes de diciembre, cuando se llevará a cabo la integración y desahogo de pruebas correspondientes al caso. Mientras tanto, el exgobernador de Guerrero permanecerá recluido en el penal federal de Alta Seguridad del “Altiplano”, en espera de que se resuelva su situación legal en las instancias superiores.