Nacional
La FGR aclara que la suspensión a favor de Ernesto Ruffo no cierra el proceso penal en su contra
La Fiscalía General de la República (FGR) aclaró que la suspensión definitiva otorgada a Ernesto Ruffo el pasado 29 de octubre no significa que haya concluido el proceso penal en su contra por su posible participación en delitos en materia de hidrocarburos. En un comunicado, la dependencia informó que el exgobernador de Baja California se encuentra actualmente vinculado a proceso y que las investigaciones en su contra continúan.
La Fiscalía sostuvo que la suspensión concedida tiene como único efecto “detener momentáneamente el procedimiento penal”, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que se resuelva el juicio de amparo promovido por Ruffo. “La Fiscalía General de la República continuará sus investigaciones, hasta llevar a las personas responsables del caso ante la justicia”, explicó la institución.
El alcance de la suspensión
La aclaración de la Fiscalía se dio un día después de que se conociera que Azucena Lazalde Íñiguez, titular del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Penal del Estado de México, concedió a Ruffo Appel una suspensión definitiva dentro del juicio de amparo 1085/2026. El recurso fue promovido por la defensa del exmandatario para impugnar el auto de vinculación a proceso que le fue dictado en julio por Alejandra Ramírez de la Vega, jueza de control del Centro de Justicia Penal Federal en el penal del Altiplano.
En su resolución, la juzgadora otorgó la suspensión solicitada, con lo que el procedimiento permanecerá en la etapa intermedia y no podrá emitirse la orden para iniciar el juicio oral ante un tribunal de enjuiciamiento mientras se resuelve el juicio de amparo.
El caso que lo llevó a prisión
Ernesto Ruffo Appel, de 74 años, fue detenido el 16 de julio en Ensenada, Baja California, luego de que una investigación de la FGR lo señalara como socio fundador y secretario del Consejo de Administración de Ingemar, empresa relacionada con un esquema de importación ilegal de combustibles que habría ocasionado un daño al erario de aproximadamente cuatro mil millones de pesos.
El exgobernador panista obtuvo el beneficio de prisión domiciliaria el 25 de septiembre, después de permanecer más de dos meses internado en el penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México. El juez federal Mario Elizondo Martínez determinó concederle esta medida luego de valorar los argumentos presentados por su defensa, entre ellos la edad del exgobernador y las necesidades médicas que requiere para mantener estable su estado de salud.
Durante el tiempo que permaneció detenido, familiares, amigos, exfuncionarios y militantes del Partido Acción Nacional (PAN) realizaron manifestaciones y solicitudes públicas para pedir su liberación. Su hija, Verónica Ruffo, también denunció las condiciones de salud que enfrentaba su padre durante su estancia en prisión. De acuerdo con sus declaraciones, el exmandatario perdió alrededor de seis kilos de masa corporal y un diente.
