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La SEP abre ruta de regularización para escuelas militarizadas, pero con condiciones
La Secretaría de Educación Pública (SEP) anunció que las denominadas escuelas militarizadas en México podrán acceder a un proceso de regularización para continuar operando, siempre que eliminen cualquier referencia o enfoque de carácter militar y ajusten sus planes de estudio a los principios de la Nueva Escuela Mexicana (NEM), informó el titular de la dependencia, Mario Delgado.
Durante una reunión con autoridades educativas de las entidades federativas, el funcionario subrayó que en México no existe la figura legal de “escuela militarizada”, ya que dicho concepto no está contemplado en el marco normativo educativo vigente. Por lo tanto, en lugar de decretar el cierre de estos planteles, la SEP propuso una ruta de regularización que permita su permanencia, pero con un modelo pedagógico reformado que privilegie la formación en cultura de la paz, seguridad humana, empatía y respeto irrestricto a los derechos de niñas, niños y adolescentes.
“El objetivo no es limitar las opciones educativas para las familias, sino garantizar que todos los planteles funcionen dentro del marco legal y en un entorno que privilegie el desarrollo integral de los estudiantes”, enfatizó Delgado.
El secretario advirtió, además, que aquellas escuelas en las que se acrediten casos de maltrato, abuso o cualquier práctica que vulnere los derechos de los educandos serán sancionadas con todo el peso de la ley. Como parte del proceso, la SEP convocó a los gobiernos estatales y a las autoridades educativas locales a acompañar la regularización y a informar de manera oportuna a las familias sobre los cambios que implicará esta transición.
En un deslinde claro, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) dejó establecido que no reconocerá ni operará ninguna institución educativa que utilice el concepto de formación militar, más allá de sus propios planteles destinados a la preparación de su personal castrense.
Fundamento jurídico y pedagógico
Eurípides Flores Pacheco, titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Regulación de la SEP, explicó que esta determinación se sustenta en un análisis integral que consideró aspectos jurídicos, pedagógicos y de derechos humanos, con el fin de dar certeza a madres, padres y tutores sobre la continuidad académica de sus hijos.
Autoridades de diversas entidades donde operan este tipo de planteles manifestaron su disposición para colaborar con la SEP en la construcción de una ruta jurídica que garantice la certidumbre educativa y evite la interrupción de los estudios.
El caso Dafne Zapata, detonante del debate
La decisión de la SEP se da en un contexto marcado por la indignación ciudadana tras la muerte de Dafne Zapata, una adolescente de 13 años que falleció en la Academia Militarizada Marina Doenitz, ubicada en Ciudad Madero, Tamaulipas, apenas tres días después de su ingreso. Alejandra Quintos, madre de la menor, ha denunciado públicamente que su hija fue torturada dentro del plantel.
De acuerdo con la necropsia oficial, la causa del fallecimiento fue asfixia por sumersión, un dictamen que contradice la versión de las autoridades de la academia, quienes aseguraron que la joven se desmayó mientras se bañaba.
Por este caso, tres personas han sido detenidas y vinculadas a proceso: el director de la Academia Militarizada Marina Doenitz, Estrellita ‘N’ —identificada como institutriz del centro— y Danna Yanina ‘C’, una cadete del mismo plantel, señalada por su presunta participación en los hechos. Durante una llamada al 911, cuya autenticidad aún no ha sido confirmada, la institutriz solicitó una ambulancia al reportar que “una alumna se le está infartando”.











