“Maricarmen, ni una más”: el desalojo de una mujer de 87 años desata masivas protestas por la vivienda en Madrid

Maricarmen Abascal tiene 87 años y vivió durante siete décadas en el mismo departamento de Madrid. El pasado 23 de septiembre, la policía ejecutó finalmente el desalojo que sus vecinos y activistas habían conseguido frenar en tres ocasiones anteriores. Su caso, que ya había provocado movilizaciones durante meses, volvió a poner sobre la mesa el problema de los desalojos y el acceso a la vivienda en España.

Este sábado 26 de septiembre, miles de personas salieron a las calles de Madrid para protestar por su situación y exigir medidas contra los desalojos y el aumento de los alquileres.

Una vida en el mismo hogar

María del Carmen Abascal, conocida como Maricarmen, llegó a la vivienda en 1956, cuando su padre firmó el contrato de arrendamiento. Tras la muerte de sus padres, ella continuó con el contrato bajo las mismas condiciones.

El edificio cambió de propietario en 2018 y quedó en manos de Urbagestión Desarrollo e Inversión SL, una empresa dedicada a la compra y gestión de activos inmobiliarios. La empresa sostuvo que el contrato ya no podía volver a subrogarse y exigió un aumento considerable de la renta. Según la información publicada por El Tiempo y retomada por La Nación, el nuevo alquiler llegaría a 1,650 euros mensuales.

Maricarmen pagaba alrededor de 500 euros y recibía una pensión de 1,350 euros. A pesar del conflicto, continuó pagando la renta que hasta entonces tenía establecida. Incluso apareció un donante anónimo que ofreció cubrir la diferencia del alquiler, pero, de acuerdo con su abogada Beatriz Duro, Urbagestión rechazó la propuesta.

Tres intentos fallidos y una orden de la ONU

El primer intento de desalojo ocurrió en octubre de 2025. Sus vecinos y activistas se movilizaron y consiguieron impedir que las autoridades sacaran a Maricarmen de su vivienda. Después llegaron otros dos intentos, programados para el 3 y el 24 de junio de 2026. Ambos se aplazaron.

Durante el proceso, el Comité de la ONU pidió suspender el procedimiento hasta que las autoridades garantizaran una alternativa de vivienda para Maricarmen. El Sindicato de Inquilinas afirmó que un juzgado de Madrid terminó desatendiendo esa petición.

El desalojo definitivo

El cuarto intento ocurrió el 23 de septiembre. Desde las 7:30 de la mañana, las autoridades acordonaron la zona y alrededor de las 10:45 llegaron los agentes al edificio. Los activistas intentaron impedir que los policías llegaran hasta el departamento. Según los reportes publicados sobre el operativo, los agentes utilizaron gas pimienta para retirar a algunas de las personas que bloqueaban el acceso.

Poco después, Maricarmen salió del edificio en una camilla. Una ambulancia la trasladó a un hospital debido a su delicada situación de salud.

Hasta ahora, uno de los principales puntos del caso sigue sin respuesta: dónde vivirá Maricarmen después de perder la casa en la que pasó gran parte de su vida. Los servicios sociales le ofrecieron alternativas como una residencia pública o un piso tutelado, pero ella las rechazó. Maricarmen sostiene que quiere permanecer en su vivienda.

Durante los meses de protestas, artistas como Rozalén, Ismael Serrano, Juan Diego Botto, Facu Díaz y Alberto San Juan también respaldaron las movilizaciones organizadas por el Sindicato de Inquilinas. El caso incluso llegó a actos públicos de la ministra de Vivienda, donde activistas interrumpieron eventos para exigir una solución para la mujer de 87 años.

“Maricarmen, ni una más”

La historia no terminó con el desalojo. Este sábado 26 de septiembre, decenas de miles de personas marcharon por el centro de Madrid bajo la consigna “Maricarmen, ni una más”.

La Delegación del Gobierno en Madrid calculó la asistencia en unas 25 mil personas, mientras que el Sindicato de Inquilinas, organizador de la movilización, aseguró que participaron hasta 300 mil. La protesta incluyó consignas contra los fondos de inversión inmobiliaria, los rentistas y autoridades de Madrid y del gobierno español.

Entre las demandas del Sindicato de Inquilinas está que el gobierno apruebe un nuevo decreto contra los desalojos. Su vocera, Alicia del Río, calificó el caso de Maricarmen como un “punto de inflexión” para el movimiento por la vivienda.

Al terminar la marcha, un grupo de manifestantes llegó a la Puerta del Sol, frente a la sede del gobierno de la Comunidad de Madrid, donde instaló tiendas de campaña para iniciar una acampada indefinida. El lugar tiene además un peso simbólico: ahí comenzó en 2011 la acampada que dio origen al movimiento de los indignados del 15-M.

Un problema estructural

La protesta también puso sobre la mesa el tamaño del problema. En España se realizan cada año más de 25 mil desalojos o lanzamientos, con especial incidencia en Cataluña, Valencia, Andalucía y Madrid.

Durante la movilización, la eurodiputada de Podemos Irene Montero también planteó medidas como expropiar viviendas en manos de fondos de inversión y establecer límites a los precios de los alquileres.

Así, el caso de Maricarmen pasó de ser un conflicto particular por una vivienda en el distrito madrileño de Retiro a convertirse en uno de los principales símbolos de las protestas actuales por el acceso a la vivienda en España.