ONU califica de “arbitraria” la detención de Pedro Castillo y exige su liberación inmediata

La detención del expresidente peruano Pedro Castillo, ocurrida el 7 de diciembre de 2022 cuando aún ejercía el cargo, fue considerada “arbitraria” por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de las Naciones Unidas, que en un documento emitido este jueves instó al Estado peruano a ponerlo “inmediatamente en libertad” y otorgarle una indemnización.

El dictamen, adoptado durante el 104 periodo de sesiones del grupo en 2025, señala que el arresto del entonces mandatario no se ajustó al procedimiento especial que la ley peruana establece para procesar a un jefe de Estado. Además, los expertos concluyeron que se vulneraron artículos de la Declaración Universal de Derechos Humanos y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

El día de la detención y sus consecuencias

Castillo fue aprehendido por su propia escolta policial en una calle del centro de Lima cuando, acompañado de su esposa y sus dos hijos menores de edad, se dirigía a la embajada de México. Horas antes, el entonces presidente había intentado disolver el Parlamento y gobernar por decreto mediante un mensaje a la nación, una decisión que no tuvo éxito y derivó en su inmediata destitución por parte del Congreso.

El Grupo de Trabajo de la ONU subrayó que, en lugar de ser conducido al Parlamento como correspondía, Castillo fue trasladado a una estación policial, y que el Estado peruano no justificó debidamente la prolongación sucesiva de su prisión preventiva, que se extendió por casi tres años en un penal exclusivo para expresidentes.

Violaciones al debido proceso

Los expertos internacionales también detectaron múltiples irregularidades en el proceso judicial: el exmandatario no tuvo acceso oportuno a un abogado de su confianza, su defensa careció de tiempo suficiente para preparar su estrategia legal y el procedimiento no garantizó plenamente el derecho a ser juzgado por un tribunal imparcial. El grupo consideró que, además de la liberación, Castillo debe recibir una reparación económica y otras formas de compensación conforme al derecho internacional.

Contexto político y social

La destitución de Pedro Castillo desencadenó una ola de protestas en las regiones andinas del país, que en cuatro meses dejaron un saldo de 50 civiles fallecidos a manos de la policía y el ejército. En 2025, el exmandatario fue sentenciado a 11 años de prisión por el delito de conspiración para la rebelión, aunque su defensa apeló la decisión. Además, enfrenta investigaciones por presunta corrupción durante su mandato y ha presentado seis solicitudes de indulto, todas rechazadas.

La petición de liberación de Castillo fue una de las promesas de campaña del progresista Roberto Sánchez, quien perdió el balotaje presidencial ante Keiko Fujimori, quien asumirá la presidencia el próximo 28 de julio. Mientras tanto, el presidente interino José Balcázar declaró esta semana que no ha recibido ninguna solicitud formal de indulto para el exmandatario, aunque no descartó la posibilidad de otorgarlo si la ley lo permite, en medio de un clima de expectativa y polarización en el país andino.