Rancho Izaguirre y asesinato de alcalde sacuden el primer año de seguridad del gobierno de Claudia Sheinbaum

Ciudad de México.– El hallazgo del rancho Izaguirre, señalado como presunto centro de adiestramiento del crimen organizado en Jalisco, y el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, se convirtieron en los episodios más simbólicos —y brutales— del balance de seguridad durante 2025, primer año completo de la administración de Claudia Sheinbaum, quien asumió la Presidencia el 1 de octubre de 2024.

Ambos hechos se suman a un panorama nacional marcado por la violencia persistente en Sinaloa y Chiapas, el incremento de la extorsión en varias regiones del país y los robos al transporte de carga en carreteras estratégicas, fenómenos que han puesto a prueba la nueva estrategia federal en materia de seguridad.

Rancho Izaguirre: el caso que cimbró a Jalisco

El 8 de marzo, el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco denunció el hallazgo de cientos de pares de zapatos, prendas y objetos personales en un predio del municipio de Teuchitlán, lo que generó alarma nacional al ser descrito inicialmente como un posible “campo de exterminio”. El caso reavivó la crisis de desapariciones en México, donde existen más de 120 mil personas no localizadas, de acuerdo con registros oficiales acumulados desde la década de 1960.

Tras las primeras indagatorias, el entonces fiscal general Alejandro Gertz Manero informó que el lugar funcionaba como campo de adiestramiento del Cártel Jalisco Nueva Generación, aunque aseguró que no se encontraron pruebas concluyentes de crematorios clandestinos.

Para la especialista en seguridad pública Eunice Rendón, el impacto del caso fue inevitable: “La gravedad no solo está en el lugar, sino en los métodos de reclutamiento forzado y en el nivel de violencia que exhibe la criminalidad organizada en ciertas regiones del país”, advirtió.

Asesinato de Carlos Manzo: indignación y reacción federal

El segundo golpe ocurrió el 1 de noviembre, Día de Muertos, cuando fue asesinado el alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, tras encabezar un evento público. El crimen provocó protestas ciudadanas, disturbios y enfrentamientos con fuerzas de seguridad en Michoacán, además de una fuerte condena a nivel nacional.

Como respuesta, el Gobierno federal presentó el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, desplegando más de 10 mil 500 elementos de fuerzas federales en el estado, donde operan grupos criminales como el CJNG, Los Caballeros Templarios, Los Viagras y otras células locales.

Sinaloa y Chiapas: focos rojos permanentes

Sinaloa continúa siendo uno de los principales puntos de tensión tras la detención en Estados Unidos de Ismael “El Mayo” Zambada. La pugna interna entre facciones del cártel ha dejado, según el Consejo Estatal de Seguridad Pública, más de 2,200 homicidios y 2,500 desapariciones desde septiembre de 2024.

En el sur del país, Chiapas enfrenta una disputa territorial entre organizaciones criminales con presencia en la frontera con Guatemala, ligadas al trasiego de drogas, personas y actividades de extorsión. Aunque especialistas advierten una leve mejoría en los últimos meses, el estado sigue bajo observación constante de las autoridades federales.

Extorsión, carreteras y la presión internacional

La extorsión y los robos en carreteras se mantienen como delitos de alto impacto para empresarios y transportistas. En respuesta, el Gobierno federal impulsó nuevas reformas legales y estrategias específicas, cuyo efecto —advierten analistas— solo podrá evaluarse en los próximos meses.

En este contexto, el papel del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, ha sido reconocido por su coordinación operativa y su relación con agencias internacionales, especialmente en la cooperación con Estados Unidos.

La presión del presidente estadounidense Donald Trump, enfocada en el combate al tráfico de fentanilo y el rol de los cárteles mexicanos, ha influido también en la narrativa y en algunas decisiones de la política de seguridad mexicana, en un escenario bilateral cada vez más complejo.

Un reto que apenas comienza

A un año de distancia, el balance de seguridad del gobierno de Claudia Sheinbaum deja claro que la violencia no se ha replegado y que los desafíos estructurales —desapariciones, control territorial del crimen organizado y delitos de alto impacto— siguen marcando la agenda nacional.

El mensaje es crudo y sin maquillaje: la estrategia está en marcha, pero el reloj corre más rápido que los resultados.

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