Seis años de agua turbia en Guadalajara: la crisis que estalló en las calles

Lavarse los dientes, bañarse o lavar los trastes son actividades cotidianas que parecen simples, salvo cuando el agua llega a casa turbia, amarillenta y con mal olor. Esa es la realidad que padecen desde 2020 los habitantes de la zona metropolitana de Guadalajara, en Jalisco.

A más de seis años del inicio del problema, el malestar social estalló. El gobernador Pablo Lemus reconoció la crisis y anunció que se suspenderá por al menos seis meses el uso del agua del sistema antiguo de Chapala que llega a la presa Las Pintas, además de que el servicio se distribuirá mediante tandeos.

Cinco días después, alrededor de 10 mil personas marcharon hasta Casa Jalisco para exigir agua limpia. Fueron recibidas —irónicamente— con chorros de agua y gases para dispersar a la multitud. El saldo fue de 58 heridos, entre civiles y policías, y 39 detenidos, quienes posteriormente quedaron en libertad.

El origen de la crisis

En agosto de 2020, en plena pandemia de Covid-19, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) abrió una investigación después de que Carlos Enrique Torres Lugo, entonces director del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), admitiera que el problema del agua se había agravado en Guadalajara.

El funcionario señaló que las quejas habían aumentado: de 126 colonias afectadas en 2019 se pasó a 140 al año siguiente. Pero los reportes no cesaron. Se sumaron vecinos de colonias como Del Fresno, Miraflores, Colinas de la Normal y Jardines Alcalde, quienes denunciaban agua turbia, con tierra o lodo y, en algunos casos, con olor a drenaje.

Los efectos iban más allá de la molestia: había daños a enseres domésticos y dificultades para la limpieza personal, la preparación de alimentos y el lavado de ropa y trastes. Un vecino de Miraflores aseguró que el agua dañó el sistema de filtración de la alberca que utilizaba para la terapia de rehabilitación de su hija, pero el SIAPA rechazó su reclamación patrimonial en julio de 2020.

La versión del organismo y los resultados contradictorios

En informes enviados a la CEDHJ, el SIAPA atribuyó el problema a la pandemia: sostuvo que habían disminuido las reservas y que se pospuso el mantenimiento a los tanques de almacenamiento para evitar cortes en el suministro.

El organismo también afirmó que las aguas que transitaban por los canales abiertos de Atequiza y Las Pintas llegaban contaminadas con descargas municipales y escurrimientos agrícolas, y que el problema se atendía con la instalación de un sistema de pretratamiento en el canal de Las Pintas.

Sin embargo, las pruebas arrojaron resultados divergentes. Un vecino de Miraflores solicitó el 25 de mayo de 2020 un análisis al laboratorio de microbiología del Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco. Según la queja presentada ante la CEDHJ, los resultados indicaron que el agua no era potable: 16 millones de bacterias coliformes totales, 3 mil 500 millones de coliformes fecales y 130 mil de E. coli, medidos en NMP/100 ml. En pocas palabras, no podía destinarse al consumo humano.

Por su parte, la Comisión de Protección contra Riesgos Sanitarios de Jalisco (Coprisjal) tomó muestras en Miraflores y Colinas de la Normal y aseguró que en tres de las cuatro pruebas realizadas no se detectaron coliformes.

De la mala calidad a la escasez

Si en 2020 el problema era el agua que llegaba sucia, en 2021 fue que no llegaba a los hogares. El SIAPA justificó la falta del líquido tras cerrar la llave en la presa Elías González Chávez: la temporada de lluvias no había sido suficiente y el consumo se mantenía alto por la pandemia y por el adelanto de la temporada de calor.

El organismo reconoció afectaciones en 159 colonias de Guadalajara y Zapopan, aunque versiones periodísticas hablaban de intermitencias en 213 colonias y de algunas zonas sin recibir agua durante semanas. Una vecina de Mesa Colorada Poniente aseguró en su queja que su colonia llevaba cuatro meses sin agua y que no había logrado que le enviaran una pipa.

La respuesta del SIAPA fue un plan de redistribución de pipas gratuitas, cisternas móviles y una rotación del servicio en dos bloques: dos días con agua y dos sin ella para cada grupo de colonias, esquema que guarda similitud con los tandeos anunciados por el gobierno de Pablo Lemus.

La recomendación incumplida

A principios de 2022, la CEDHJ concluyó que se habían violado siete derechos y señaló la falta de previsión y preparación del SIAPA para enfrentar la mala distribución y la falta total de agua. En tanto, en algunas colonias de Guadalajara el agua seguía turbia y la escasez continuaba sin aviso de las autoridades.

Las dependencias se señalaron entre sí sin aportar una solución. La CEDHJ calificó la respuesta del SIAPA como ambigua y general. Los años pasaron y las instituciones señaladas no acataron la recomendación.

En noviembre de 2023, el director del SIAPA, Carlos Enrique Torres Lugo, compareció ante el Congreso de Jalisco. Afirmó que el problema no radicaba en las plantas potabilizadoras, sino en el drenaje y en tuberías de hierro fundido con más de 25 años que arrastran sedimentos, según registraron medios locales.

Ante lo que se interpretó como una minimización de los hechos, la diputada Mara Robles lo invitó a beber un vaso de agua de la llave. El funcionario accedió y recibió el reclamo porque había aceptado que no era potable.

La escalada legal y sanitaria

Esto dio paso a una escalada del conflicto: vecinos inconformes y hartos de la falta de soluciones presentaron juicios contra el Estado por la crisis del agua, apoyándose en la recomendación de la CEDHJ.

En 2025 el reclamo cambió de tono. Ya no se trataba solo de agua turbia o con sedimentos: el SIAPA detectó bacterias coliformes en 15 ocasiones en el agua suministrada a hogares durante ese año. La medición más alta fue de 99 unidades por cada 100 mililitros.

Un año después, en 2026, el SIAPA reconoció las quejas por la mala calidad del agua en las colonias metropolitanas. No obstante, las autoridades estatales aseguraron que los monitoreos estaban dentro de los parámetros y descartaron evidencia de afectaciones a la salud que justificara una alerta sanitaria.

Sin embargo, en redes sociales circulaban cientos de publicaciones que mostraban agua turbia y maloliente saliendo de los grifos de las casas jaliscienses. Entonces comenzó la movilización en las calles. La primera manifestación registrada por medios locales fue el 24 de junio, con un llamado a los tres niveles de gobierno.

El reconocimiento de la crisis y la represión

El 6 de octubre, Lemus reconoció que la ciudad vivía una crisis de agua potable sin precedentes y anunció que se dejará de usar el agua de Las Pintas durante seis meses. Esto reducirá el líquido disponible, por lo que se recurrirá al tandeo. Según el gobernador, se detectaron descargas irregulares a lo largo del canal que alimenta esa presa, lo que contribuyó al deterioro de la calidad del agua.

Al día siguiente del anuncio, Lemus envió al Congreso de Jalisco una iniciativa para construir el acueducto sustituto Chapala-Guadalajara, con una inversión estatal y privada de 18 mil millones de pesos, y prometió que no significaría la privatización del agua.

La manifestación terminó en represión, con la promesa de investigar la actuación de los oficiales y con un problema de agua que no está cerca de resolverse en su totalidad. Además, regresaron los miedos por un posible incremento en las tarifas debido al nuevo acueducto.