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Sheinbaum advierte posible acción judicial de Estados Unidos ante negativa mexicana sobre extradición de Rocha Moya
La presidenta Claudia Sheinbaum reveló este miércoles que Estados Unidos no descarta emprender un proceso legal en contra del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, si las autoridades mexicanas niegan la solicitud de aprehensión con fines de extradición que se espera sea presentada en los próximos días.
Durante su conferencia matutina, la titular del Ejecutivo federal detalló que el mecanismo bilateral prevé que, ante una eventual negativa por parte de México, el gobierno vecino tenga la facultad de activar un litigio independiente, siempre y cuando logre acreditar ante los tribunales la solidez de sus acusaciones.
“Si no existen pruebas contundentes, el gobierno mexicano está en su derecho de decir no a la orden de captura con fines de extradición. Sin embargo, en ese escenario, Estados Unidos podría iniciar un juicio si lo considera pertinente, además de que la Fiscalía General de la República continúa con su propia indagatoria”, puntualizó Sheinbaum Pardo.
La mandataria subrayó que cualquier determinación sobre la entrega del mandatario estatal dependerá estrictamente del peso de las evidencias que presenten las autoridades estadounidenses. En ese sentido, recalcó que México actuará con apego a los tratados internacionales y al debido proceso, sin que ello implique un sometimiento automático a los requerimientos externos.
Por su parte, fuentes cercanas a la Cancillería señalaron que el expediente que Washington podría remitir contiene señalamientos relacionados con presuntos vínculos con el crimen organizado, aunque hasta ahora no se han hecho públicos los detalles por tratarse de información reservada.
El caso ha generado expectación en los ámbitos político y judicial, pues sería la primera vez que un gobernador en funciones enfrente un proceso de extradición desde que se firmó el nuevo tratado bilateral en materia penal. La decisión final, advirtió Sheinbaum, recaerá en un juez federal, quien evaluará si las pruebas cumplen con los estándares exigidos por la ley mexicana.
Mientras tanto, el gobierno de Sinaloa ha mantenido silencio oficial, aunque versiones extraoficiales indican que el equipo legal del gobernador ya prepara una defensa integral ante cualquier escenario, tanto en México como en Estados Unidos.











