En el año 2015, Aras Investment Business Group se estableció como una Sociedad Anónima Promotora de Inversión de Capital Variable (SAPI de CV), bajo la dirección de su CEO, Armando Gutiérrez Rosas. Sin embargo, a medida que se desenrolla la historia, se revela que la empresa operaba con un esquema Ponzi desde sus inicios.

Encabezada por Gutiérrez Rosas, la compañía implementó tácticas engañosas para atraer a víctimas, ofreciéndoles la oportunidad de “invertir” con la promesa de atractivos rendimientos mensuales. Entre los implicados se encuentran los gerentes Óscar Gonzalo H.M., Sergio Armando G.C. y Diana Ivonne C.P., quienes fueron detenidos y procesados por fraude.

La captación de personas se llevó a cabo a través de estrategias publicitarias, incluyendo anuncios espectaculares y la organización de conciertos. A medida que las personas recibían puntualmente los rendimientos prometidos, la reputación de la empresa creció, llegando incluso a ostentar su nombre en edificios de alta plusvalía, generando confianza entre los inversores.

Sin embargo, la situación dio un giro inesperado el 1 de septiembre de 2021, cuando Aras dejó de cumplir con los pagos a sus inversores, sembrando incertidumbre entre ellos. Aunque algunos afectados inicialmente pensaron que se trataba de un retraso temporal, la realidad se hizo evidente a finales de septiembre, cuando Armando Gutiérrez emitió un mensaje en redes sociales intentando calmar la situación ante la retirada masiva de inversiones de la empresa.

¿Cómo se ha desarrollado este caso?

Octubre de 2021 marcó el inicio de las protestas de los afectados por Aras en las calles del centro de la capital, así como en la Plaza de Armas y la Fiscalía. A finales de ese mes, la Fiscalía General del Estado registró más de 400 denuncias contra la empresa.

El 15 de noviembre de 2021, Aras sorprendió al suspender los pagos a sus empleados. Dos días después, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) ordenó a la empresa dejar de captar inversiones y ofrecer rendimientos.

El 19 de noviembre, Armando Gutiérrez emitió un comunicado admitiendo la crisis pero prometiendo trabajar en soluciones. El 26 de noviembre, 53 bienes y propiedades de Aras fueron asegurados en Chihuahua.

En diciembre, Aras anunció que solo podrían iniciar pagos y abonos tras la liberación de activos embargados por la Fiscalía General del Estado. El 9 de diciembre, la empresa interpuso un amparo contra el decomiso de bienes.

Para el 15 de diciembre, los diputados de Morena solicitaban la creación de una Comisión Especial y reformas al Código Penal ante el creciente número de afectados. Las protestas continuaron a 10 días de Navidad.

El 14 de enero de 2022, mantas fueron colgadas en el Periférico De la Juventud, y el 16 de enero, se desató un escándalo por el incumplimiento de un contrato para remodelar la Plaza de Toros por parte de Aras.

Las protestas masivas en las fiscalías de Chihuahua y Juárez ocurrieron el 25 de enero, seguidas por un escándalo que involucró a un Ministerio Público vinculado al caso de Aras. Este episodio culminó el 2 de febrero con la suspensión de su cargo.

El 6 de febrero, una marcha masiva de afectados en Chihuahua terminó en la delegación de la Fiscalía General de la República, y el 8 de febrero, se inició un “plantón” frente al Palacio de Gobierno.

El 11 de febrero, se denunció a los bancos por solicitar información a los cuentahabientes para comprobar el origen de transacciones con destino a Aras. El 19 de febrero, los afectados entregaron una petición en Palacio Nacional para intervenir en el caso.

La última aparición física de Armando Gutiérrez fue el 21 de febrero, impartiendo clases de educación financiera vía Zoom. El 2 de marzo, la casa y el auto de un exgerente de Aras fueron baleados.

El 25 de marzo, los logos de la empresa fueron retirados de la Plaza de Toros y de dos oficinas donde operaban. La última aparición de Aras en redes ocurrió el 14 de abril, asegurando que la mina “La Morita” estaba operando para producir minerales.

El 6 de abril, el primer exgerente de Aras cayó en Ciudad Juárez. Al día siguiente, la Fiscalía General del Estado anunció la detención oficial de Óscar Gonzalo H. M., Sergio Armando G. C. y Diana Ivonne C. P., exgerentes.

El 30 de abril, Óscar Gonzalo H. M. fue vinculado a proceso por fraude y asociación delictuosa. El 4 de mayo, Interpol emitió una ficha roja contra Armando Gutiérrez.

El 3 de junio, la página oficial de Aras desapareció de internet. El 17 de junio, los afectados acudieron a pedir ayuda a AMLO en Palacio Nacional y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

El 5 de julio, la Fiscalía General del Estado ofreció cinco millones de pesos por información para detener a Armando Gutiérrez. El 28 de julio, el gerente de Aras, Raydezel Guitérrez Tolentino, sufrió una golpiza narrada en un video de TikTok.

El 10 de agosto, la juez Abigail Sosa Rivero vinculó a proceso a los exgerentes de Aras por 300 casos de fraude y asociación delictuosa. El 29 de agosto, la Fiscalía General del Estado presentó una solicitud para judicializar otras 300 carpetas.

¿Cómo fue la mega audiencia?

El 4 de diciembre de 2023 marcó la apertura del Gimnasio Rodrigo M. Quevedo, destinado a albergar a miles de afectados que se presentaron para presenciar el procedimiento legal contra la empresa Aras. Un total de 4,355 querellas fueron agrupadas para este proceso.

Después de escuchar los argumentos de la defensa y la agente del Ministerio Público, la Jueza Hortencia García anunció ayer, 14 de diciembre, que Aras fue declarada culpable, poniendo fin a diez días de audiencia. Utilizando un procedimiento abreviado, el tribunal ordenó el decomiso de bienes como medida para compensar los daños causados a miles de personas, estableciendo una cifra aproximada de 900 millones de pesos.

La Fiscalía logró asegurar 107 bienes inmuebles y 53 bienes muebles pertenecientes a la empresa en cuestión. La próxima semana, la Jueza dará lectura a la sentencia final contra Aras por el delito de fraude.