El caso Inzunza: 54 días de ausencia sin sanción en el Senado

¿Es posible acumular más de 50 días sin pisar el trabajo y conservar el empleo? Para el senador Enrique Inzunza, la respuesta parece ser afirmativa. Desde el 29 de abril, cuando fue acusado por autoridades de Estados Unidos por sus presuntos vínculos con el crimen organizado, el legislador de Morena no ha asistido a ninguna sesión del Senado. Ni siquiera a las virtuales.

Este 22 de junio, Inzunza tenía programada su primera cita a distancia en una reunión de comisiones. Tampoco se conectó. Hasta el momento, el senador no ha ofrecido explicación alguna sobre su ausencia en la modalidad remota. Su último mensaje público fue un escueto anuncio en redes sociales en el que descartó buscar la gubernatura de Sinaloa y aseguró que permanecerá en el Senado hasta 2030, con todo y sus faltas.

El vacío legal que permite la ausencia

El silencio del legislador contrasta con la polémica que ha generado su prolongada ausencia. Desde aquel 29 de abril, han transcurrido 54 días sin que Inzunza haya dado señales de vida en el recinto legislativo. Sin embargo, lo más sorprendente es que, hasta ahora, no ha recibido sanción alguna ni se ha activado proceso para su sustitución.

La explicación —jurídica, pero no por ello menos controvertida— se encuentra en el calendario del Senado. Actualmente, la Cámara alta se encuentra en periodo de Comisión Permanente, que se extiende hasta el 31 de agosto. Durante este lapso, a diferencia de los periodos ordinarios de sesiones, no operan las mismas reglas de asistencia.

En periodos ordinarios, las ausencias consecutivas de un senador activarían el mecanismo para que su suplente asuma la curul. Pero en el periodo de receso legislativo, no se registran faltas formales que puedan ameritar una baja o sanción. Solo en sesiones extraordinarias —y hasta ahora solo ha ocurrido una, a finales de mayo— aplican las sanciones. En esa ocasión, Inzunza solicitó una licencia temporal para que su suplente lo representara, lo que detuvo cualquier proceso en su contra.

Fuero vigente hasta 2030

Esa licencia, aunque breve, resultó clave: blindó su fuero constitucional y evitó que se activaran mecanismos para su remoción. Tras su anuncio de permanecer en el cargo hasta 2030, el legislador mantiene intacta su inmunidad procesal, lo que le permite, al menos por ahora, seguir ausente sin consecuencias.