La iniciativa privada, ciudadanos, partidos políticos, órganos autónomos y organizaciones de la sociedad civil frenan con un número récord de amparos, demandas de acción de inconstitucionalidad y controversias constitucionales contra las reformas impulsadas por los legisladores de Morena y sus aliados PT, PVEM y PES, para llevar a cabo la Cuarta Transformación (4T).

“Entre el 1° de septiembre de 2018 y el 31 de julio de 2021 se promovieron 32 demandas de acción de inconstitucionalidad, 18 de controversia constitucional y cientos —si no es que miles— de amparos contra decretos expedidos por ambas cámaras del Congreso de la Unión”, revela Integralia Consultores.

La consultora dirigida por Luis Carlos Ugalde, expresidente del entonces IFE, manifiesta que el número de demandas y amparos promovidas en contra de las leyes aprobadas por los diputados de Morena y sus aliados de la 4T contrasta con las registradas entre septiembre de 2012 y agosto de 2015.

“En los primeros tres años de gobierno de Enrique Peña Nieto se promovieron sólo 12 demandas de acción de inconstitucionalidad y no hubo controversias”, expone el Décimo Reporte Legislativo LXIV Legislatura 2018-2021 elaborado por Integralia Consultores.

“El incremento refleja descuido y desinterés respecto a la constitucionalidad y legalidad de las reformas aprobadas”, expone el estudio de la consultora.

Morena y sus aliados usaron la mayoría calificada para aprobar una serie de leyes, decretos y cambios constitucionales solicitados para echar andar a la Cuarta Transformación del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

El INE asignó a Morena 191 curules el 23 de agosto de 2018, al inicio de la Legislatura; una semana después, para la conformación de los grupos parlamentarios, ya contaba con 246 diputados, 55 de los cuales provenían de otras bancadas.

“Los mayores controles esporádicos e intermitentes del Congreso que surgieron en 1997 cuando el PRI perdió la mayoría de la Cámara de Diputados se han erosionado con la nueva hegemonía de Morena”, expresó Integralia.

“El problema se agudizó cuando se trataba de iniciativas del presidente: prevaleció la consigna de no cambiar ni siquiera una coma”, destaca la consultora.

El freno a la 4T a través de amparos y demandas
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó en mayo de 2019 varios preceptos de Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos; además, en marzo de 2020 tiró el decreto que reformó al artículo 110 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

En junio de 2021, los ministros de la SCJN invalidaron diversos artículos de la Ley Nacional de Extinción de Dominio y artículos de la nueva Ley General de Educación.

Sólo han validado la abrogación de Ley de la Lotería Nacional en febrero de 2021. Sin embargo, hay cientos de controversias que les tocará determinar a los ministros de la SCJN.

A la Suprema Corte de Justicia de la Nación le tocará resolver y decidir qué hacer en 12 amparos para frenar acciones medulares emprendidas por los diputados de Morena, un partido fundado por Andrés Manuel López Obrador y él mayor interesado en que se concreten esos cambios para darle rumbo a su Cuarta Transformación.

Hay amparos para frenar la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, la reforma educativa, la reforma laboral, la Ley de la Guardia Nacional, la Ley Nacional de Extinción de Dominio, el decreto de creación del Insabi, la Ley de Amnistía, la Ley de la Industria Eléctrica, así como la geolocalización bancaria, la reforma sobre padrón de datos biométricos para telefonía móvil), los nombramientos de los presidentes y consejeros de la CRE, CNDH y otros organismo autónomos, así como la desaparición de partidas presupuestales a las estancias infantiles.

Los amparos interpuestos en contras de los cambios de las políticas de la Cuarta Transformación fueron interpuestos por Aprender Primero, una asociación presidida por Claudio Xavier González Guajardo, así como México Unido Contra la Delincuencia (MUCD), a cargo de Armando Santacruz González, y Equis Justicia, bajo la conducción de la activista Fátima Gamboa.

Greenpeace, empresas del sector energético particulares y ciudadanos presentaron amparos en contra de las acciones de fortalecimiento de la industria eléctrica y petrolera del gobierno de López Obrador.

Con controversias constitucionales frenan la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, el Presupuestos de Egresos de la Federación de 2019, 2020 y 2021, las reformas a la Ley de Coordinación Fiscal, la Ley de Austeridad Republicana, el decreto de reforma diversas leyes sobre extinción de fideicomisos , así como el decreto de consulta popular para juzgar actos del pasado, las reformas a la Ley de la Industria Eléctrica, la declaración de procedencia del desafuero del gobernador de Tamaulipas, así como la Ley para la Transparencia, Prevención y Combate de Prácticas Indebidas en Materia de Contratación de Publicidad.

Los derechos de impugnación en contra de las leyes y decretos fueron interpuestos por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el Instituto Nacional Electoral (INE), el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), Banco de México (Banxico), Instituto Federal de Telecomunicaciones, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece).

A esas acciones de impugnación se han sumado los gobernadores de Aguascalientes, Chihuahua, Coahuila, Guanajuato, Michoacán, Tamaulipas, Nuevo León y Jalisco.

La CNDH, INAI y diputados y senadores del PAN, PRI, PRD y MC emprendieron 23 acciones de inconstitucionalidad en contra de leyes, reformas y decretos de la Cuarta Transformación (4T).

Las acciones de inconstitucionalidad fueron interpuestas para frenar la ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, las reformas a Ley Orgánica de la APF para la creación de los “superdelegados”, la Ley de la Guardia Nacional, la Ley Nacional del Registro de Detenciones, la Ley Nacional sobre Uso de la Fuerza y la Ley Nacional de Extinción de Dominio.

También están contravenidas por ir presuntamente en contra de la constitución la Ley General de Educación, la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, las reformas penales sobre contrabando y defraudación fiscal (delincuencia organizada), la Ley Federal de Austeridad Republicana, la abrogación de la Ley Orgánica de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública y la nueva Ley Federal del Derecho de Autor.

Los partidos políticos y los órganos autónomos estén en desacuerdo con las reformas del Código Penal Federal en materia de piratería, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (compra de medicamentos consolidada a través de instancias internacionales), la reforma diversas leyes sobre extinción de fideicomisos y la reforma que mantiene impuestos por enajenación de productos de gestión menstrual.

La oposición tampoco quiere la reforma sobre militarización de puertos y aduanas ni la reforma a diversas leyes en materia de prisión preventiva oficiosa, la convocatoria elecciones extraordinarias en Nayarit, las reformas a la Ley de la Industria Eléctrica ni la nueva Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, donde se incluyó la extensión del mandato del ministro Arturo Zaldívar al frente de la SCJN.

Con información de Forbes