Internacional
Bukele rechaza repatriar a salvadoreño deportado “por error” pese a fallo de Corte Suprema de Estados Unidos

el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, descartó gestionar el retorno a Estados Unidos de Kilmar Abrego García, un compatriota deportado por un “error administrativo” reconocido incluso por la Corte Suprema estadounidense. El caso, que enfrenta a ambos gobiernos, expone las tensiones migratorias y de seguridad entre las naciones.
“No introduciré a un terrorista”: la tajante postura de Bukele
Durante una reunión con el presidente Donald Trump, Bukele calificó a Abrego García como “terrorista” y rechazó colaborar: “¿Cómo voy a introducir a un terrorista de contrabando en EE.UU.? Por supuesto que no lo haré”, declaró. El mandatario salvadoreño vinculó el caso con su política de mano dura contra pandillas: “No liberaremos criminales para volver a ser la capital mundial del asesinato”, afirmó a CNN.
El “error” que deportó a un migrante con protección legal
Abrego García, de 30 años, llegó a EE.UU. en 2011 huyendo de reclutamiento forzado por pandillas. Aunque un juez de inmigración le otorgó protección contra la deportación en 2019 (al demostrar riesgo en su país), fue expulsado en marzo de 2025 tras ser erróneamente identificado como miembro de la MS-13, pandilla catalogada como terrorista por Trump.
- Situación actual: La Corte Suprema de EE.UU. admitió el error, pero su repatriación depende ahora de El Salvador.
- Familia: Abrego está casado con una estadounidense y tiene dos hijos en EE.UU.
Juego político: EE.UU. pasa la responsabilidad a El Salvador
La secretaria de Justicia de EE.UU., Pam Bondi, declaró que su gobierno “facilitaría” el retorno si El Salvador lo autoriza, pero Bukele cerró esa puerta. Mientras, Abrego permanece en la megaprisión de Tecoluca, símbolo de la política antimaras de Bukele.
Claves del conflicto
- Doble discurso: Trump reconoció el “error” pero no ha corregido la deportación.
- Riesgo vital: Abrego podría enfrentar represalias de pandillas en El Salvador.
- Precedente: El caso refleja los obstáculos para migrantes con estatus legal en la era Trump-Bukele.
Organizaciones de derechos humanos han exigido una solución urgente, mientras el gobierno salvadoreño insiste en que “no negociará con terroristas”.
