Caso Ayotzinapa: CNDH exime al Ejército, pero Encinas revive el fantasma del soldado infiltrado

La polémica en torno al caso Ayotzinapa está lejos de cerrarse. La reciente publicación de la Recomendación 208VG/2026 por parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) reabrió el debate al señalar que no existen elementos suficientes para atribuir responsabilidad directa al Ejército Mexicano en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, ocurrida hace casi 12 años.

El documento, dirigido a diversas dependencias, dejó fuera a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y a la Secretaría de Marina (Semar), una omisión que no pasó inadvertida entre activistas, familiares y organismos defensores de derechos humanos. La decisión de la CNDH generó inmediatamente reacciones encontradas y reavivó las críticas hacia el papel de las fuerzas armadas en la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014.

La respuesta de Encinas: “Ayuda para la memoria”

El exsubsecretario de Derechos Humanos y actual representante de México ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), Alejandro Encinas, salió al paso con un contundente mensaje en su cuenta de X. Acompañado del título “Ayuda para la memoria”, Encinas publicó un hilo de documentos que, según él, contradicen el dictamen de la CNDH y evidencian la participación de personal militar en los hechos.

Lo más relevante de su intervención fue recordar la historia de Julio César López Patolzin, un soldado del Ejército que, como parte de labores de inteligencia, se encontraba infiltrado en la Normal Rural de Ayotzinapa. La noche del 26 de septiembre de 2014, López Patolzin desapareció junto con los otros 43 estudiantes. Su último reporte a sus superiores, emitido alrededor de las 10 de la noche de ese día, informaba que los autobuses en los que viajaban los normalistas ya se dirigían hacia Iguala. Después de esa comunicación, no se volvió a saber de él.

Omisiones y señalamientos

Encinas reveló que, a pesar de que los mandos militares perdieron contacto con el soldado, la Sedena no activó el protocolo de búsqueda para personal desaparecido, una omisión que calificó como grave. Además, destacó que, incluso días después de la desaparición, el Ejército continuó depositando el sueldo de López Patolzin a su familia, un detalle que, según el exfuncionario, refleja inconsistencias en el actuar de las autoridades castrenses.

“El Ejército tenía información sobre los movimientos de esa noche. López Patolzin les reportó el rumbo de los autobuses. No activaron los protocolos. Y todo esto consta en documentos oficiales”, señaló Encinas en su publicación.

La postura de la CNDH y el debate pendiente

Mientras la CNDH sostiene que no hay evidencia suficiente para responsabilizar al Ejército, la intervención de Encinas devuelve al centro del debate el papel de las fuerzas armadas en la desaparición de los normalistas. Para muchos, la omisión de la Sedena y la Semar en la recomendación es una muestra más de la resistencia del Estado mexicano a investigar a fondo la participación de militares en la tragedia.

Organizaciones sociales y familiares de los 43 han reiterado su exigencia de justicia y han cuestionado la imparcialidad de las instituciones encargadas de esclarecer los hechos. “No podemos permitir que la historia se reescriba con omisiones. El soldado López Patolzin era un militar de carrera, y su desaparición también debería ser investigada con el mismo rigor”, señaló un representante de los padres de los normalistas.