Congreso de Nuevo León aprueba juicio político contra Samuel García por presunta triangulación de recursos

La Comisión Anticorrupción del Congreso de Nuevo León dio luz verde al inicio de un juicio político en contra del gobernador Samuel García Sepúlveda, acusado de presuntamente haber triangulado recursos públicos hacia firmas relacionadas con integrantes de su familia.

La solicitud fue presentada por la bancada de Morena el pasado 8 de junio, y dos días más tarde el pleno del Congreso determinó dar trámite al procedimiento en contra del mandatario estatal. Cabe destacar que, si bien no todos los diputados morenistas asistieron a la sesión, su ausencia no impidió que el asunto fuera discutido y votado.

Con la decisión mayoritaria de la Comisión Anticorrupción, Samuel García será notificado oficialmente y dispondrá de un plazo para presentar su defensa. El gobernador podrá comparecer ante el Poder Legislativo local por escrito o de manera presencial, conforme a lo establecido en el procedimiento. Una vez notificado, tendrá 15 días hábiles para rendir su declaración ante el Congreso estatal.

Presunto desvío millonario de recursos públicos

En abril pasado, el periódico El Financiero reveló que Samuel García se encuentra bajo investigación por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) por el presunto diseño de un esquema financiero orientado a desviar recursos públicos y lavar más de mil millones de pesos.

De acuerdo con las indagatorias, el gobernador habría utilizado un modelo de triangulación de fondos gubernamentales para beneficiar directamente a su círculo familiar. A través de diversas empresas, organismos públicos y proyectos de infraestructura, se habría favorecido al despacho “Firma Jurídica y Fiscal Abogados”, cuyos principales accionistas son familiares del mandatario: su padre, Samuel Orlando García Mascorro, y su medio hermano, Samuel Orlando García Villarreal.

La investigación señala que el gobierno estatal canalizó recursos públicos mediante distintos mecanismos financieros que terminaban en las cuentas de dicho despacho. Una vez que el dinero ingresaba a la firma fiscal de la familia García, los recursos eran redistribuidos a otras empresas.

El principal destino de esos movimientos fue la compañía “Saga Tierras y Bienes Inmuebles”, que presuntamente recibió transferencias por más de mil millones de pesos. Posteriormente, los fondos de esa empresa inmobiliaria fueron enviados a distintas jurisdicciones fuera del país, incluso a cuentas en Estados Unidos, con el supuesto objetivo de dificultar el rastreo financiero y ocultar el origen público de los recursos.

Samuel García rechaza las acusaciones

Tras la publicación de la investigación periodística, Samuel García calificó los señalamientos en su contra como un “refrito” y negó rotundamente las acusaciones de desvío de recursos públicos.

El gobernador aseguró que la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León ya investigó esos hechos y emitió una resolución de no ejercicio de la acción penal. “Por tanto, son falsos todos los señalamientos. La Fiscalía (estatal) emitió una resolución definitiva de no ejercicio de acción penal, pues después de analizar las pruebas, determinó que no existe irregularidad”, escribió en sus redes sociales.