El dictamen aprobado este miércoles por el Senado para crear el Centro Nacional de Identificación Humana establece que para su operación no contará con recursos propios este año, sino que su puesta en marcha dependerá de un subsidio federal ya autorizado que se destina a las comisiones de búsqueda estatales y hasta ahora ha sido insuficiente.

“Las erogaciones que, en su caso, deban realizar las dependencias y entidades de la administración pública federal y cualquier otro ente público en el ámbito de sus competencias, para dar cumplimiento a lo dispuesto en el presente decreto, deberán cubrirse con cargo a sus respectivos presupuestos aprobados para el presente ejercicio fiscal y subsecuentes, por lo que no se incrementarán sus respectivos presupuestos regularizables”, señala uno de sus artículos transitorios.

De esta forma, el presupuesto inicial que se necesitará para la creación del centro, según informó la Subsecretaría de Derechos Humanos durante la presentación de la iniciativa, está contemplado dentro del subsidio federal que se destina a las comisiones de búsqueda locales.

“Para su creación en 2022, no serán necesarios mayores recursos presupuestales, pues serán reasignados subsidios de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) para financiar la adaptación de un lugar físico para el centro, la construcción del centro de resguardo temporal, así como el equipamiento de laboratorios especializados y la capacitación de personal forense”, se lee en el documento presentado.

Son mil 729 millones 815 mil 554 pesos de recursos federales otorgados a las comisiones locales de búsqueda entre 2019 y 2022, de los cuales, además, se contempla canalizar dinero al laboratorio de genética, al centro de resguardo de cuerpos, al laboratorio móvil forense, al Sistema de Administración y Control de Panteón Forense y Cadáveres, al sistema de reconstrucción facial, al software de medidas antropométricas, al vehículo refrigerante y a la cámara de conservación para segmentos anatómicos.

Esto, en un contexto en el que el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU (CED) ha señalado como destacables la creación de la Comisión Nacional de Búsqueda y las comisiones locales en todas las entidades federativas, de la misma manera que ha subrayado su preocupación en torno a la insuficiencia de recursos que tienen hasta ahora.

“El comité lamenta que, pese a los esfuerzos del Estado parte, la Comisión Nacional y las comisiones locales carecen frecuentemente de los recursos necesarios para su funcionamiento”, dice su informe. El documento explica que la Secretaría de Gobernación (Segob) hace llegar los fondos a las comisiones locales de búsqueda y les otorga recursos federales para apoyar subsidiariamente sus acciones de búsqueda y fortalecimiento.

“Esta situación se traduce en distintos niveles de compromiso de las autoridades estatales e importantes desigualdades. Cuando los fondos no son suficientes, las comisiones tienen que anular las actividades programadas o buscar formas alternativas de financiamiento. A este respecto, el comité ha recibido información de que, en algunos casos, el personal de las comisiones ha aportado recursos propios o solicitado el apoyo de las víctimas, por ejemplo, para financiar el combustible, o ha tenido que evitar las autopistas”, añade el informe.

El golpe de la austeridad

“El presupuesto es central porque hemos visto en otros casos, y de ahí viene mucho la preocupación, cómo la austeridad ha sido utilizada como un argumento para no necesariamente asignar los recursos adecuados. Por ejemplo, lo vimos en la eliminación de los fideicomisos en relación con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, y esperaríamos que no fuera el caso en esta ocasión”, destaca en entrevista Sofía de Robina, integrante del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. 

Remarca que los hechos han mostrado que la asignación presupuestal a la Comisión Nacional de Búsqueda no ha sido suficiente ante la dimensión de la crisis, pues se dio un aumento en 2020 y después quedó estancada. 

El presidente Andrés Manuel López Obrador ha asegurado que no existe “techo financiero” en el presupuesto asignado para temas de derechos humanos, y que tienen todos los recursos que necesiten. Pero en realidad, de 2019 a 2021 el gobierno y el Congreso redujeron cada año el presupuesto asignado a la Comisión Nacional de Búsqueda y la Subsecretaría de Derechos Humanos, hasta en un 40%.

Será para el próximo año…
Desde la perspectiva del Centro Pro, para la creación del Centro Nacional de Identificación Humana no solo el presupuesto es central. También lo es la efectiva implementación y coordinación que requiere de la colaboración de los gobiernos estatales y las fiscalías.

“Vemos muy relevante que el subsecretario de Derechos Humanos (Alejandro Encinas) y la comisionada de Búsqueda (Karla Quintana) le estén dando prioridad a este tipo de medidas, pero nuestra preocupación es que una medida que pudiera ser relevante en los hechos efectivamente cumpla con su objetivo y, sobre todo, con la urgencia de tener esquemas que funcionen frente a la crisis de personas desaparecidas y de restos sin identificar”, apunta Sofía de Robina.

Debido a que este año ya hay un presupuesto autorizado, señala que sería en la asignación del siguiente cuando deba establecerse claramente cuál va a ser el presupuesto para el centro en particular.

“Esperemos que en ese momento tenga el respaldo que ahora vimos: que se haya aprobado por unanimidad es una muestra relevante de que se está viendo como prioritario, y esperemos que eso se mantenga en el momento en que se vaya a asignar el presupuesto para el próximo año, y que esté garantizado a partir de lo que se requiere contar para realmente materializar este centro e implementarlo”, añade.

Del mismo modo, recuerda cómo esfuerzos muy relevantes del pasado, que se conciben con las familias y a partir de la necesidad de una respuesta urgente ante la crisis, quedan solamente como una legislación, como algunas de las herramientas que determina la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas desde 2017, y hasta hoy no han sido creadas. Una de ellas, el Banco Nacional de Datos Forenses, que le corresponde a la fiscalía, sería fundamental para que lo que se busca con el centro sea una realidad.

Para analizar los restos humanos de las más de 52 mil personas fallecidas que permanecen sin identificar en México, sin contar los que se van sumando cada día, serían necesarios 120 años o más, pues los servicios forenses son insuficientes, no hay una política pública de identificación humana en relación con la desaparición de personas y varios instrumentos previstos en la ley aún no han sido creados.

Sofía de Robina subraya que, a partir de lo reportado por la propia Comisión Nacional al CED, es notorio que prácticamente todo el subsidio federal se va a los estados y hasta ahora ha sido insuficiente, lo cual es muestra de que muchos gobiernos estatales no están viendo el tema con la seriedad y relevancia que amerita.

“Esas cifras nos permiten ver cómo todavía es necesario asignar presupuesto mucho más acorde a las necesidades y a la crisis, que garantice que una idea innovadora, importante y que hay que acompañar como un esfuerzo valioso sea realmente algo más que una buena intención y se materialice en resultados concretos para las familias”, concluye.

Luego de que la iniciativa para crear el centro fuera aprobada este miércoles y enviada al Ejecutivo para que la promulgue, el mismo Senado aprobó también un punto de acuerdo, promovido por la senadora Geovanna Bañuelos, del PT, para exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para que la Comisión Nacional de Búsqueda tenga los recursos necesarios para localizar con vida a niñas, niños y adolescentes reportados como desaparecidos e informe mensualmente sobre sus acciones. Sin embargo, el exhorto aprobado no tiene carácter vinculante.

Con información de Animal Político