En Chihuahua se acuerda no dar cargos públicos a quienes tengan antecedentes de violencia

En ocho estados de la república se presentaron una iniciativa para prohibir que ocupen un cargo público las personas que tengan antecedentes comprobados de delitos contra la libertad sexual, violencia de género, quienes no cumplan con pensiones alimenticias, y quienes sean acusados de violencia familiar, siendo esta iniciativa aprobada solo en Oaxaca y Chihuahua.

Desde el pasado 29 de junio se aprobó en Chihuahua el decreto que prohibe a los deudores de pensiones alimenticias o personas con antecedentes penales y policiales por violencia familiar, presentarse como candidatos a diputado, regidor, presidente municipal o gobernador.

Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) arroja que tres de cada cuatro hijos de padres separados no reciben pensión alimenticia, mientras que el 68% de las madres solteras en el país no cuentan con el apoyo de los padres de sus hijos.

A su vez, más del 68% de las mujeres en Chihuahua han sufrido algún tipo de violencia, estando arriba está estadística de la media nacional. En crímenes de odio, Chihuahua ha liderado las listas de las encuestas nacionales.