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Familiares de víctimas de Ciudad Juárez exigen justicia plena: “La disculpa de Garduño es un trámite, no el fin de la impunidad”

Francisco Garduño, ex titular del Instituto Nacional de Migración (INM), realizará este viernes un acto público de disculpa a víctimas y familiares del incendio ocurrido en marzo de 2023 en un centro de detención migratoria de Ciudad Juárez, donde fallecieron 40 personas y una treintena resultaron lesionadas. La medida forma parte de una suspensión condicional del proceso penal en su contra, concedida por un juez en enero pasado.
El acto se enmarca en los requisitos fijados por la autoridad judicial para que, en un plazo de año y medio, el juicio por ejercicio ilícito del servicio público y omisión de obligaciones pueda cerrarse definitivamente. No obstante, organizaciones de derechos humanos y representantes legales de las víctimas han expresado su preocupación por que esta figura jurídica derive en impunidad.
Un acto simbólico, pero insuficiente
En un comunicado conjunto, las ONG que acompañan a los afectados –en su mayoría migrantes venezolanos y centroamericanos– subrayaron que la disculpa “no debe interpretarse como una exoneración de responsabilidades ni como un acto de arrepentimiento”, sino como “un primer paso simbólico en la reparación integral del daño”.
Para los sobrevivientes y familiares, el encuentro representa la primera oportunidad de estar frente al exfuncionario. “Para las familias es muy importante porque nunca ha habido un acercamiento”, señaló Marcos Zavala, abogado de la Fundación para la Justicia, quien aclaró que, desde la perspectiva de Garduño, se trata fundamentalmente de “un trámite legal”.
La tragedia evitable del 27 de marzo de 2023
El incendio, considerado el más letal en un centro migratorio mexicano, ocurrió cuando alrededor de 70 hombres se encontraban hacinados en una celda cerrada con candado y sin ventilación adecuada. Las imágenes de videovigilancia mostraron cómo el personal del INM huyó del lugar sin auxiliar a los migrantes, cuyos gritos de ayuda quedaron registrados. Solo las mujeres, recluidas en otra área, lograron ser liberadas.
Garduño, ex agente penitenciario, fue nombrado comisionado del INM en 2019 para implementar la política de contención migratoria impulsada durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, bajo presión de la administración de Donald Trump. Permaneció en el cargo durante los primeros meses del gobierno de Claudia Sheinbaum, siendo relevado hasta mayo de este año.
Justicia pendiente y reclamo de structural change
Además de la disculpa pública, el exfuncionario deberá tomar cursos en materia de derechos humanos. Sin embargo, el juez rechazó la solicitud de la acusación para que realizara servicio social no remunerado o fuera inhabilitado para el servicio público.
Mientras Garduño enfrenta este proceso suspendido, seis agentes migratorios –incluido un militar– y dos migrantes acusados de iniciar el fuego están procesados por homicidio y lesiones. La mayoría se encuentra en libertad.
Las organizaciones civiles insistieron en que, más allá de las compensaciones económicas –que hasta ahora han sido cubiertas con recursos públicos–, se deben implementar cambios estructurales en la política migratoria mexicana. Mientras no haya “justicia plena, reparación integral y garantías de no repetición –subrayan–, esta tragedia permanecerá sin resolución”.