Juez federal ordena a Trump reintegrar a miles de empleados públicos despedidos

Un juez federal de Estados Unidos ha emitido una orden que obliga al gobierno de Donald Trump a reintegrar a miles de empleados públicos en periodo de prueba que fueron despedidos durante las primeras semanas de su administración. La decisión, tomada por el juez William Alsup del Tribunal de Distrito de San Francisco, California, representa un revés significativo para los planes de recortes masivos impulsados por Trump y su aliado, Elon Musk, quien dirige el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE).

La orden judicial afecta a trabajadores despedidos en varios departamentos federales clave, incluyendo Defensa, Energía, Tesoro, Interior, Agricultura y Asuntos de los Veteranos. El juez Alsup determinó que la Oficina de Gestión de Personal (OPM, por sus siglas en inglés), responsable de los despidos, carece de autoridad legal para llevar a cabo este tipo de acciones.

Este fallo es el mayor obstáculo legal hasta la fecha para la estrategia de Trump de reducir drásticamente el tamaño del sector público. Desde que asumió el poder el 20 de enero, el gobierno ha despedido a al menos 103,452 empleados públicos de los 2.3 millones que conforman la fuerza laboral federal, según informó CNN. Muchos de estos despidos afectaron a empleados en periodo de prueba, un estatus que generalmente dura un año y se aplica tanto a nuevos contratados como a aquellos que han sido ascendidos o transferidos dentro de la administración.

La decisión del juez Alsup no solo cuestiona la legalidad de los despidos, sino que también pone en entredicho la eficacia de las políticas de recorte impulsadas por Trump y Musk. El DOGE, dirigido por Musk, ha sido un pilar central en los esfuerzos del gobierno por reducir lo que considera un exceso de burocracia y gasto público. Sin embargo, la orden judicial sugiere que estas medidas podrían estar violando los derechos laborales de los empleados federales.

La OPM ahora está obligada a cumplir con la orden de reintegrar a los empleados despedidos, lo que podría complicar aún más los planes de la administración Trump para reducir el tamaño del gobierno federal. Este caso también podría sentar un precedente legal para futuros intentos de despidos masivos en el sector público.