La cancelación de Jimmy Kimmel y la designación de Antifa como terrorista intensifican el debate sobre libertad de expresión en Estados Unidos

El asesinato del activista conservador Charlie Kirk ha desencadenado una serie de controversias que agitan el debate sobre los límites de la libertad de expresión en Estados Unidos, en un clima político polarizado que ha llevado a la cancelación de programas televisivos, despidos laborales por opiniones vertidas en redes sociales y una ofensiva legal contra movimientos disidentes.

La cadena ABC decidió retirar indefinidamente de la pantalla el programa nocturno de Jimmy Kimmel, luego de que el comediante acusara a los republicanos de intentar capitalizar políticamente el crimen de Kirk, presuntamente cometido por Tyler Robinson, un joven de 22 años. “La pandilla MAGA está intentando desesperadamente caracterizar a este chico como algo distinto a uno de ellos”, afirmó Kimmel en su emisión.

La medida fue celebrada de inmediato por el presidente Donald Trump, quien —desde su visita de Estado al Reino Unido— negó que se tratara de censura: “Lo despidieron por sus malos índices de audiencia (…) Dijo algo horrible sobre un gran caballero”. Horas después, grandes figuras de Hollywood y el gobernador de California, Gavin Newsom, expresaron su apoyo a Kimmel y alertaron sobre un ambiente de creciente represión a la crítica.

Respuestas corporativas y medidas administrativas

Empresas como American Airlines y la cadena MSNBC despidieron a empleados que realizaron comentarios públicos sobre el asesinato de Kirk. El Departamento de Estado, por su parte, anunció que revocará visas y denegará la entrada al país a extranjeros que hayan “celebrado” la muerte del activista.

Mientras tanto, la fiscal general Pam Bondi —designada por Trump— defendió el derecho de las empresas privadas a “deshacerse de personas que digan cosas horribles”.

Antifa, declarado organización terrorista

En un movimiento sin precedentes, Trump anunció a través de Truth Social la designación del movimiento antifascista Antifa como organización terrorista. Afirmó que se investigará a sus presuntos financiadores, aunque expertos legales advierten sobre las implicaciones constitucionales de esta medida, dado el carácter descentralizado y no jerárquico del movimiento.

Organizaciones de derechos civiles alertaron que esta designación podría utilizarse para criminalizar protestas legítimas y perseguir a opositores políticos. Stephen Miller, asesor cercano al presidente, escaló aún más la retórica al referirse al Partido Demócrata como “una organización doméstica extremista”.

Un giro en la política de libertad de expresión

Trump llegó a la presidencia prometiendo “terminar con la censura” que —según él— ejerció la administración de Joe Biden sobre redes sociales y medios críticos. Bajo su mandato, plataformas como X (antes Twitter) y Facebook relajaron sus políticas de verificación de datos y moderación de contenidos.

No obstante, organizaciones como la ACLU (Unión Americana de Libertades Civiles) han documentado un aumento en las acciones dirigidas a limitar la disidencia: desde un decreto que penaliza la quema de banderas —pese a estar protegida por el Tribunal Supremo— hasta restricciones a medios como Associated Press por negarse a adoptar el término “Golfo de América” para referirse al Golfo de México.