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La Masacre del 10 de junio de 1971: El «Halconazo» que marcó a una generación

El 2 de octubre de 1968 dejó una profunda herida en los estudiantes universitarios de Ciudad de México, cuando militares atacaron una protesta estudiantil en la plaza de Tlatelolco, resultando en cientos de muertos, heridos, desaparecidos y detenidos. Pese a la represión, los estudiantes mantuvieron vivo su movimiento, aunque pasó más de dos años antes de que organizaran una nueva marcha masiva contra el gobierno. Esta oportunidad llegó el 10 de junio de 1971, un jueves de Corpus en el calendario católico, fecha que más tarde se conocería como el «halconazo».

La manifestación, convocada en apoyo a los estudiantes de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) en huelga por conflictos con el gobierno estatal, también incluía demandas por la liberación de presos políticos y la democratización de la educación pública. A las 4 de la tarde, unos 10,000 estudiantes se reunieron en el Casco de Santo Tomás, un campus del Instituto Politécnico Nacional (IPN), con la intención de marchar pacíficamente hacia el Zócalo.

Sin embargo, apenas habían avanzado un kilómetro cuando se encontraron con un grupo paramilitar conocido como los «halcones». Estos jóvenes vestidos de civil, armados con varas de bambú y entrenados en artes marciales, fueron organizados y financiados por el gobierno mexicano, según confesiones posteriores del coronel Manuel Díaz Escobar. El ataque de los «halcones» fue brutal, utilizando palos y posteriormente armas de fuego contra los manifestantes. Incluso los heridos fueron «rematados» en las salas de emergencia de los hospitales.

La represión fue indiscriminada y violenta, diseñada para dispersar la protesta y demostrar el poder del Estado. Pese a la censura informativa de la época, los periodistas lograron documentar los hechos, revelando la brutalidad del ataque. La cantidad exacta de víctimas nunca se ha determinado, pero se estima que hubo alrededor de 30 muertos, cientos de heridos y decenas de detenidos.

El «halconazo» generó una reacción inmediata: la Procuraduría General de la República (PGR) inicialmente intentó culpar a los estudiantes de estar armados, pero finalmente reconoció la existencia y el papel de los «halcones». Las consecuencias incluyeron la renuncia del alcalde Alfonso Martínez y su jefe de policía, Rogelio Flores. El presidente Luis Echeverría ordenó una investigación, pero 50 años después, nadie ha sido juzgado ni encarcelado por lo ocurrido.

En la década de 2000, una fiscalía especial intentó procesar al expresidente Echeverría y a su secretario de Gobernación, Mario Moya Palencia, por genocidio. Aunque la Suprema Corte determinó que el delito no había prescrito, la magistrada Herlinda Velasco concluyó que los cargos eran de «homicidio simple», un delito ya prescrito.

El «halconazo» del 10 de junio de 1971 sigue siendo un recordatorio doloroso de la brutal represión que los movimientos estudiantiles han enfrentado en México, y de la impunidad que, décadas después, continúa prevaleciendo.

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