México exige explicaciones a Estados Unidos por detención de “El Mayo” y advierte violación a tratados internacionales

El gobierno de México elevó el tono de su reclamo hacia Estados Unidos ante la creciente versión de que agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI) participaron en la detención de Ismael “El Mayo” Zambada, ocurrida el 25 de julio de 2024, sin que las autoridades mexicanas fueran informadas. La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, advirtió que, de confirmarse ese escenario, se estaría incurriendo en violaciones a la Constitución mexicana, la Ley de Seguridad Nacional, la Carta de las Naciones Unidas y la Carta de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

Durante la conferencia matutina del Ejecutivo federal, la funcionaria subrayó la contradicción en las declaraciones oficiales estadounidenses, incluida la del entonces embajador Ken Salazar, quienes descartaron inicialmente la intervención del FBI. “Las versiones son contradictorias, alguien mintió”, enfatizó Rodríguez, al tiempo que cuestionó que la agencia estadounidense pudiera haber establecido acuerdos con grupos del crimen organizado para concretar el operativo.

“Lo más relevante, en su caso, es quién hace y quién ha hecho acuerdos con la delincuencia organizada. El gobierno mexicano no hace pactos criminales con nadie”, subrayó la titular de Segob, en un claro mensaje de distanciamiento de cualquier negociación con el narcotráfico.

Por su parte, la Secretaría de Relaciones Exteriores informó que ya se han iniciado gestiones formales para esclarecer los hechos. El canciller Roberto Velasco reveló que, a través de la Fiscalía General de la República (FGR), se presentó una solicitud oficial al FBI para que proporcione información detallada sobre su presunta participación en la aprehensión del cofundador del Cártel de Sinaloa.

Velasco recordó que el primer requerimiento de información data del 31 de julio de 2024, apenas días después de la captura de Zambada, y que dicha petición se mantuvo vigente incluso durante el cambio de administración presidencial, antes de que Claudia Sheinbaum asumiera el cargo.

El gobierno mexicano insiste en que cualquier operación de fuerzas extranjeras en territorio nacional debe ser notificada y autorizada por las autoridades locales, so pena de quebrantar los principios de soberanía y cooperación interestatal consagrados en los instrumentos jurídicos internacionales que ambos países suscriben.