Washington, EU.- Para el gobierno de Andrés Manuel López Obrador es un éxito se mire por donde se mire: este año, Donald Trump los amenazó con imponer aranceles a los productos mexicanos si no lograban detener considerablemente el flujo de migrantes, principalmente centroamericanos, que cruzaban su territorio para tratar de llegar a EEUU. Y México, dice su presidente, no solo cumplió con su vecino del norte, sino que además lo hizo “sin violar los derechos humanos”.

“Se alejó esa posibilidad de guerra comercial que no hubiese sido buena para ninguna de las partes y se tomaron medidas y hay buenos resultados porque se contuvo el flujo migratorio de sur a norte dando opciones de trabajos a migrantes, protegiendo a niños y mujeres sin violar los derechos humanos y permitió alejar el conflicto con EEUU”, dijo López Obrador la semana pasada al presentar junto a su canciller Marcelo Ebrard y varios miembros de su gabinete los resultados del plan de migración que surgió de esa “amenaza”.

Sin embargo, ni López Obrador ni Ebrard se hicieron eco de las denuncias de activistas y grupos de defensa de los derechos de los migrantes que consideran que, al aceptar los términos del acuerdo con EEUU, México se convirtió en el muro para frenar migrantes que Trump prometió durante la campaña para su elección que construiría y que pagaría el país vecino.

Aunque el año fiscal 2019 (que se extendió de octubre de 2018 al del presente año), las cifras de migrantes aprehendidos por la Patrulla Fronteriza de EEUU casi alcanzan el millón, las estadísticas muestran una caída progresiva que se acentúa después de junio, cuando Washington alcanzó el acuerdo con México.

En su rendición de cuentas, el canciller Ebrard presumió de haber contribuido a “la reducción más importante” en el flujo migratorio de la frontera sur de EEUU de las últimas décadas.

“Tras llegar al punto más alto de aprehensiones por parte de las autoridades norteamericanas en su territorio, es decir en la frontera sur de Estados Unidos, que llegó a 144,116 en el mes de mayo, se redujo en noviembre a 42,710 en el mes de noviembre”, dijo Ebrard.

Estos son los datos que dio el gobierno de México de la estrategia implementada en su esfuerzo por cumplir con EEUU y los que no citaron pero también son consecuencia del acuerdo por el que se destinó a la Guardia Nacional a controlar la migración en las fronteras norte y sur del país:

280,000 migrantes “rescatados” y más de 84,300 deportados

El secretario de Relaciones Exteriores dijo que las autoridades de su país “rescataron” de las redes de coyotes a más de 280,000 personas en diferentes operativos, mientras que “103 presuntos traficantes de migrantes” fueron puestos a disposición de las autoridades.

Según Ebrard, en la frontera sur la Guardia Nacional aprehendió a 59,843 personas entre mayo y el 25 de diciembre en los estados de Chiapas, Tabasco, Veracruz, Oaxaca, Campeche y Quintana Roo. Además, las autoridades interceptaron a 12,023 migrantes en trenes, a 41,649 en autobuses y a 2,802 que se trasladaban dentro de camiones que ponen “en peligro de vida” a las personas que tratan de llegar a EEUU por esa vía.

El canciller dijo que, hasta el día de Navidad, un total de 178,917 migrantes habían sido puestos ante las autoridades migratorias. De ellos, 66,915 presentaron solicitudes de refugio ante la Comisión de Ayuda al Refugiado (Comar). Por el momento, según dijo él mismo, solo 2,124 han sido reconocidos como refugiados.

Al menos 84,000 deportados, casi el 45% de ellos a Honduras

Según el canciller, al menos 84,327 migrantes fueron deportados a sus países de origen: casi el 45% de ellos a Honduras, más del 27% a Guatemala, más del 11% a El Salvador y el 17% restante a otras naciones.

En los últimos mees se han reportado vuelos de deportaciones a diferentes países como Cuba o India.

Más de 56,000 enviados a México bajo MPP. Organizaciones critican “violaciones de derechos humanos”

Más de 56,000 migrantes han sido enviados por EEUU a ciudades fronterizas del norte de México mientras esperan la resolución de sus casos de asilo, según el recuento que lleva la Universidad de Syracuse.

En algunas ciudades, como Matamoros, cientos de familias viven en un campamento improvisado al lado del puente fronterizo, mientras que en otras como Nuevo Laredo, los reportes de asaltos y secuestros por parte del crimen organizado son comunes entre los solicitantes de asilo.

El programa, conocido como Protocolos de Protección de Migrantes (MPP, por sus siglas en inglés), ha sido fuertemente criticado por organizaciones de derechos humanos que consideran que, con el envío por parte de EEUU a familias vulnerables a ciudades peligrosas de México, se están llevando a cabo “abusos masivos a los derechos humanos”, una idea que apoyan en los cientos de reportes de secuestros, violaciones, raptos, torturas y otros ataques violentos.

Por otra parte, las organizaciones civiles y religiosas que atienden a los solicitantes de asilo en el norte de México e incluso algunas entidades locales han criticado la falta de ayuda económica por parte del gobierno de López Obrador para atender a los migrantes, especialmente después de que éste decidiera eliminar el programa social que apoyaba a los refugios para migrantes ubicados a lo largo de la frontera, citando problemas de corrupción en algunos.

Horacio Duarte, el subsecretario de Trabajo de México, reconoció en la rueda de prensa de presentación de resultados que sí que se retiraron los fondos económicos pero dijo que el gobierno continúa apoyando con materiales y a través de la Organización Internacional de Migraciones. 

“No hay un abandono, lo que hay es una estrategia de que el centro integrador se convierta en el eje de la política de atención a migrantes”, defendió Duarte al citar las iniciativas en Ciudad Juárez y Tijuana para ofrecer empleo a los solicitantes de asilo retornados a México.

Frente a las críticas, el secretario Ebrard se limitó a decir que, pese a que su gobierno desplegó al ejército para el control de la migración, la Guardia Nacional no ha tenido ningún reporte de violación de derechos por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, lo que definió como “un mérito mayor”.

149 proyectos de inversión en Centroamérica

El canciller Marcelo Ebrard destacó el Plan de Desarrollo Integral (PDI) para promover oportunidades económicas en los países emisores de migrantes. Según el canciller, hasta la fecha hay 149 proyectos específicos que incluyen a Guatemala, Honduras, El Salvador y el sur de México. 

“Se estima que el PDI tendrá un impacto sustancial para poder lograr el objetivo de ofrecer alternativas en los países de origen, para evitar la migración forzada por la pobreza y por la inseguridad”, dijo Ebrard.

Con información de Univision