El gobernador de Texas, Greg Abbott, anunció que ordenó el envío de autobuses adicionales a Eagle Pass y El Paso para trasladar migrantes a ciudades “santuario” en otros estados ante la llegada masiva de extranjeros desde México a esas comunidades fronterizas.

La orden se da en medio de una nueva oleada migratoria y la liberación de muchos migrantes en la frontera debido al colapso de las autoridades migratorias.

Hasta la fecha Texas ha enviado casi 40 mil migrantes a diversas ciudades, incluyendo Washington, DC, Nueva York, Chicago, Filadelfia, Denver y Los Ángeles.

“La continua negativa del presidente (Joe) Biden a asegurar nuestra frontera invita miles de cruces ilegales hacia Texas y nuestra nación cada día”, dijo el gobernador republicano en un comunicado.

Argumentó que comunidades de Texas como Eagle Pass y El Paso “no deberían soportar el aumento sin precedentes de la migración ilegal causado por las imprudentes políticas de frontera abierta del presidente Biden”.

De acuerdo con el comunicado, los autobuses en Eagle Pass y El Paso están siendo desplegados adicionalmente a las operaciones en Brownsville, Del Río, Laredo, y McAllen.

Desde abril de 2022 Abbott ordenó a la División de Manejo de Emergencias de Texas (TDEM) fletar transportes para llevar migrantes que han sido procesados y liberados por el Gobierno federal en Texas.

Con información de EFE

El gobernador de Texas, Gregg Abbott, declaró de manera oficial como invasión la llegada masiva de migrantes en la frontera sur, por lo que ordenó desplegar a elementos de la Guardia Nacional de Texas, el Departamento de Seguridad Pública estatal y agencias policiales locales.

“Declaré oficialmente una invasión en nuestra frontera debido a las políticas de Biden. Desplegamos a la Guardia Nacional de Texas, el DPS y las fuerzas del orden locales”, publicó Greg Abbott en su cuenta de X, antes conocido como Twitter.

“Estamos construyendo un muro fronterizo, alambre de púas y barreras marinas. También estamos repeliendo a los inmigrantes”, indica el mensaje y lo acompañó de una carta que envió al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en noviembre del año pasado.

En el documento, el gobernador texano acusa al gobierno federal de no cumplir con su deber constitucional ante los estados de la Unión de “proteger a cada uno de ellos contra la invasión”.

“El fracaso del gobierno federal me ha obligado a invocar el Artículo I, Párrafo 10, Cláusula 3 de la Constitución de Estados Unidos, permitiendo así al Estado de Texas proteger su propio territorio contra la invasión de los cárteles de la droga mexicanos”, dice Abbott en la carta.

Abbott también afirmó que usará su autoridad para intensificar las acciones en la frontera con México para evitar el cruce ilegal de migrantes. La declaración del gobernador texano ocurre luego de que el miércoles el alcalde de Eagle Pass, ciudad fronteriza con Piedras Negras, Coahuila, emitiera una declaratoria de desastre.

La crisis ocurre cuando el número de migrantes que intentan cruzar la frontera sur de Estados Unidos va en aumento. Eso representa un gran desafío para el gobierno, que ha pasado problemas para demostrar que tiene el control de la frontera ante las críticas de los republicanos.

La ciudad de Eagle Pass, que colinda con Coahuila a lo largo del río Bravo —también conocido como Grande— en el sur de Texas, anunció el miércoles un estado de emergencia debido a un “incremento severo de migrantes indocumentados”.

De acuerdo con el jefe de policía del condado de Maverick, Tom Schmerber, unos 2 mil 700 migrantes cruzaron hacia Eagle Pass el martes y otros 3 mil el miércoles.

Ante estos hechos, la Casa Blanca informó que utilizará a elementos del Departamento de Defensa para brindar apoyo al personal del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) en la frontera.

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El DHS ya dispone de alrededor de 2 mil 500 elementos de la Guardia Nacional para ayudar a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP en inglés).

En un comunicado emitido el miércoles, el DHS señaló que se desplegaría a la frontera a cerca de 800 elementos en activo adicionales, quienes entre otras cosas cumplirán funciones de logística para que los agentes de la CBP puedan cumplir con mayores responsabilidades de primera línea.

El DHS también recurrió a elementos en activo en mayo pasado para respaldar sus operaciones, cuando se registró un incremento de encuentros en la frontera de cara al final de la medida de Título 42. En aquel momento, los funcionarios del DHS enfatizaron que los elementos en activo no serían utilizados en aspectos como el trabajo directo con migrantes, sino exclusivamente para desahogar al personal de la CBP.

El DHS señaló que también tomará otras medidas, como intensificar un proceso que comenzó en mayo pasado para expulsar de forma expedita a las familias que no contaban con los argumentos para permanecer en el país.

La agencia indicó que también ha aumentado la capacidad en sus centros de detención a lo largo de la frontera sur.

Además, anunció que ha incrementado el número de personas expulsadas del país. Desde el 12 de mayo ha expulsado a 253 mil personas de poco más de 150 países, señaló el departamento, en comparación con las 180 mil repatriaciones durante el mismo periodo de 2019, antes de que la pandemia alterara drásticamente la capacidad del gobierno para expulsar a los migrantes.

Con información de Latinus

Trabajadores afiliados a United Auto Workers (UAW) en Michigan y Ohio pidieron firmeza a los líderes sindicales en sus peticiones, en el quinto día de la huelga histórica contra los tres fabricantes de autos en Detroit.

La UAW afirma que realizará paros en más plantas estadounidenses el viernes si no se logran avances concretos en las conversaciones con los fabricantes de automóviles.

La UAW inició la semana pasada una huelga contra Ford, General Motors y la matriz de Chrysler, Stellantis, dirigida a una planta de montaje estadounidense de cada empresa.

Este martes, los trabajadores de las plantas de Wayne (Michigan) y Toledo (Ohio) afirmaron que el sindicato no debía dar marcha atrás en sus reivindicaciones y algunos esperaban que el plazo hasta el viernes para arrancar más huelgas diera resultados.

Sin embargo, no estaba claro cuándo se reanudarían las negociaciones oficiales entre las partes, después de que las largas conversaciones del lunes produjeran escasos avances, lo que hizo temer a algunos ejecutivos del sector y asesores del Congreso a que no se llegue a un compromiso antes del viernes al mediodía.

“Voy a votar no al contrato hasta que lo hagan bien. Sé que no lo conseguiremos todo, pero renunciamos a mucho en 2008 con la recesión”, dijo Laura Zielinski, de 55 años, que trabaja en la planta de Jeep Stellantis en Toledo desde hace más de 28 años. “Lo haré el tiempo que haga falta”.

La huelga se encuentra ya en su quinto día y ha paralizado a unos 12,700 de los 150,000 miembros de la UAW que operan en las tres principales plantas de producción.

Analistas esperan que las plantas que fabrican camionetas más rentables, como la F-150 de Ford, la Chevy Silverado de GM y la Ram de Stellantis, sean los próximos objetivos si la huelga continúa.

“Esperemos que resuelvan las cosas esta semana”, dijo Candis Holmes, de 35 años, que trabaja en la planta de montaje de Ford en Wayne, Michigan, una de las tres fábricas afectadas por la huelga.

El sindicato y las empresas están enfrentados por los salarios y las prestaciones de los trabajadores. Los tres fabricantes de autos han propuesto aumentos del 20% durante los cuatro años y medio de vigencia de sus acuerdos, aunque eso es sólo la mitad de lo que exige la UAW hasta 2027.

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Los trabajadores también han presionado a los fabricantes de automóviles para que eliminen una estructura salarial escalonada que paga a los empleados más nuevos mucho menos por el mismo trabajo que a los veteranos, y han pedido que se mejoren los ajustes salariales en función del costo de vida.

Con información de Reuters