La hija de Erika Martínez tenía 7 años cuando el hermano de su padrastro abusó sexualmente de ella. Vivían todos en la misma casa, así que tras la denuncia, ellas además se quedaron sin vivienda. Tres años han pasado y no hay justicia, el presunto agresor sigue libre y Erika y su hija no tienen dónde vivir. Por eso, ahora dice que se quedará en el edificio de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) del Centro Histórico, tomado desde el viernes por colectivos de víctimas y feministas, que aseguran que ya no lo devolverán porque se va a convertir en un refugio.

Fue justo la hija de Erika, ahora de 10 años, quien pintó sobre el cuadro de Francisco I. Madero que estaba al interior de la Comisión, un acto que el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo en su conferencia matutina del lunes que era vandalismo y que quien lo haya hecho es porque no conoce la historia o es un conservador.

“Este cuadro, estas flores, estos labios pintados, se los pintó mi hija. Mi hija, una niña que a los 7 años fue abusada sexualmente. Entonces quiero decirle a ese presidente que cómo se indigna por este cuadro, ¿por qué no se indigna cuando abusaron de mi hija?”, gritó Erika frente a la imagen.

A su lado, otros cuadros de Miguel Hidalgo, José María Morelos y Benito Juárez, también intervenidos y exhibidos de cabeza, “porque todo está de cabeza en este país”, explicaron las manifestantes, además de ofrecer subastarlos para conseguir algo de la reparación del daño que reclaman que las instituciones no les han dado. Erika, por ejemplo, dijo que solo recibe un apoyo de 300 pesos cada tres meses, mientras sigue con el proceso legal y sin casa.

Ella fue una de las caras visibles de las manifestantes este lunes, junto con Yesenia Zamudio —madre de Marichuy Jaimes, asesinada en 2016—, que encabeza el Frente Ni Una Menos, una organización feminista enfocada en los feminicidios y otras violencias de género, que fue el que tomó las instalaciones el viernes, después de sumarse a otra protesta que había empezado el miércoles.

Al interior, dijeron, hay entre 30 y 50 personas, incluyendo niñas y niños, familiares de personas desaparecidas, y chicas más jóvenes de colectivas como Crianza Feminista, Movimiento Estudiantil Feminista o Aquelarre Violeta, algunas de las cuales se autodenominan anarquistas. Estas colectivas montaron una mesa como centro de acopio a donde estuvieron llegando durante el día donaciones de productos básicos y hasta colchonetas, tanto para las mujeres que están dentro del edificio como para ayudar a víctimas, dijeron.

Este lunes se había llegado a un acuerdo con una parte de las familias que permanecen al interior para tener un diálogo con autoridades de la CNDH y de la Secretaría de Gobernación (Segob), que finalmente no se concretó porque pretendía que fueran las inconformes quienes se trasladaran a otras oficinas, mientras que las autoridades de la Comisión rechazaron acudir al lugar de la toma, con el argumento de que hay otras manifestantes que no quieren dialogar.

¿Cómo empezó la protesta?

María Isela Valdez se volvió noticia nacional cuando se arrodilló ante López Obrador en Palacio Nacional para pedirle justicia en el caso de su hijo Roberto Quiroa, desaparecido en Tamaulipas en 2014, y tras lo cual le prometió “te lo voy a entregar”, según cuenta. Ha pasado más de un año desde esa única vez en que familiares de desaparecidos pudieron reunirse directamente con el presidente, que estuvo llena de reclamos y en la que les prometió que cada tres meses revisarían sus casos, pero nada de eso ha pasado.

Así que María Isela y otras víctimas del Colectivo 10 de Marzo instalaron hace unos meses un plantón en la puerta de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) para exigir un trato digno, entre otras demandas.

El pasado miércoles 2 de septiembre, hubo una reunión de ese colectivo con la titular de la CNDH, Rosario Piedra Ibarra, al que acudieron otras dos víctimas de San Luis Potosí: Marcela Alemán y Silvia Castillo, madres de una niña víctima de violación sexual y de un joven asesinado, respectivamente.

Pero como Piedra Ibarra les dijo que las carpetas estaban mal integradas y tendrían que volver a San Luis, Marcela decidió amarrarse a una silla, mientras que Silvia despertó preocupación porque incluso amenazó con suicidarse, según relató Delia Quiroa, hija de Maria Icela y activista también.

Entonces pasaron la noche al interior de las oficinas y afuera empezaron a ir feministas a apoyar la protesta. Hasta que el viernes por la mañana, las colectivas entraron, desalojaron a los trabajadores e informaron que era una ocupación del edificio para convertirlo en refugio de víctimas. La propia CNDH confirmó en un comunicado que el 2 y 3 de septiembre la Comisión había trabajado con normalidad y que fue hasta el viernes 4 que su titular y trabajadores ya no pudieron entrar.

Al día siguiente, las dos mujeres que habían iniciado con la protesta se fueron, pero la toma continuó.

Yesenia Zamudio, del Frente Ni Una Menos, deslindó la toma de las decisiones de esas dos mujeres, y acusó que Piedra Ibarra las abandonó y por eso muchas otras víctimas decidieron apoderarse del lugar. Además señaló que en otros estados ya se están planeando tomas similares, de oficinas de Derechos Humanos o de las Fiscalías, que son las que no investigan ni resuelven los casos.

Delia Quiroa, por su parte, también deslindó a su colectivo de Marcela y Silvia. Señaló que actualmente hay dentro cinco familias de desaparecidos, que no están de acuerdo en algunos de los actos que han cometido las feministas.

Por ello fue que este lunes habían llegado a un acuerdo para dialogar. Una comisión de cinco funcionarios de la CNDH llegó hasta las puertas de la toma para trasladar a quienes decidieran participar a otra sede de la Comisión. Pero finalmente, las familiares de desaparecidos decidieron no separarse del resto de manifestantes y permanecer dentro del edificio, exigiendo que sean las autoridades las que se acerquen hasta ahí.

Cuatro días sin acuerdos

La CNDH envió tres comunicados a lo largo del día en los que pidió un entendimiento, y que no se dañe el patrimonio de las instalaciones. Pero las integrantes de Ni Una Menos reclamaron que esos comunicados solo son para los medios de comunicación o para sus redes sociales, mientras que nadie de la Comisión ha hecho contacto directo con ellas.

Durante la jornada, además de los cuadros de personajes históricos sobre los que pintaron, fueron arrancadas placas de la CNDH, como una donde se habla de los derechos de los hombres, en reclamo a que se invisibilice a las mujeres, y encendieron varios fuegos en los que quemaron papeles y páginas de un libro de López Obrador.

Amenazaron con que le daban un día a los funcionarios para ir a sacar documentos y no quemarlos, aunque otras activistas aclararon que los expedientes de víctimas están dentro de unas oficinas que permanecen cerradas con llave. Lo que sí sacaron ya durante el fin de semana, contaron, fueron cortes de carne y quesos caros que estaban almacenados en el comedor, como para dar un banquete, mientras las víctimas no reciben apoyos ni para trasladarse a la Ciudad de México a dar seguimiento a sus casos.

El colectivo 10 de marzo, por su parte, tenía ya un pliego de compromisos con la Comisión, entre los cuales estaba conseguirles una reunión con el fiscal Alejandro Gertz Manero, reunión con el subsecretario de Derechos Humanos de la Segob Alejandro Encinas, y un compromiso público de que tratarán con respeto a las víctimas. Pero al no haber un pronunciamiento al respecto ni el intento de acercarse a ellos, consideraron que no se está cumpliendo.

Alrededor de las 8 de la noche de este lunes, los funcionarios de la CNDH que esperaran un diálogo se retiraron, mientras que las manifestantes recogieron los cuadros exhibidos para protegerlos de la incipiente lluvia, y cerraron las puertas del edificio, en el que se mantuvieron resguardadas una noche más.

Con información de Animal Político