Trump impone sanciones a miembros de la Corte Penal Internacional

En una medida que ha generado controversia internacional, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó ayer una orden ejecutiva que establece sanciones contra funcionarios de la Corte Penal Internacional (CPI) involucrados en investigaciones dirigidas a personas de su gobierno, ciudadanos estadounidenses y aliados clave, incluido Israel. Las sanciones incluyen la congelación de activos financieros y restricciones de viaje a Estados Unidos, no solo para los funcionarios de la CPI, sino también para sus familiares.

La orden ejecutiva, justificada por la Casa Blanca, argumenta que la CPI ha actuado “sin una base legítima” al extender su jurisdicción y abrir investigaciones preliminares que afectan a estadounidenses y aliados. “Estas acciones representan una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos y exponen a nuestros ciudadanos y aliados a un acoso injusto y peligroso”, señaló Trump en el documento.

El movimiento de Trump se produce en respuesta a una orden de aprehensión emitida por la CPI en 2024 contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y su entonces ministro de Defensa, Yoav Gallant, por presuntos crímenes de guerra cometidos durante operaciones militares en la Franja de Gaza. La CPI encontró pruebas que vinculan a ambos líderes con acciones que habrían violado el derecho internacional humanitario.

La decisión de Trump ha sido interpretada como un intento de proteger a funcionarios estadounidenses y aliados de posibles investigaciones y procesos judiciales internacionales. Sin embargo, críticos han señalado que esta medida socava la independencia de la justicia global y debilita los esfuerzos para combatir la impunidad en casos de crímenes de guerra y violaciones a los derechos humanos.

En un comunicado, la Corte Penal Internacional condenó la orden ejecutiva y expresó su solidaridad con los funcionarios y personal que podrían verse afectados por las sanciones. “Estas acciones representan un ataque contra los principios de justicia y los derechos humanos fundamentales”, declaró la CPI. Además, hizo un llamado a sus 125 Estados miembros y a la sociedad civil a mantenerse unidos en defensa de la justicia internacional.

La orden de Trump ha sido recibida con preocupación por organizaciones de derechos humanos y expertos en derecho internacional, quienes advierten que esta medida podría sentar un precedente peligroso al permitir que gobiernos interfieran en procesos judiciales independientes. “La CPI fue creada para garantizar que los crímenes más graves no queden impunes. Sancionar a sus funcionarios es un intento de intimidar y debilitar su labor”, afirmó un experto en derecho internacional.

Mientras tanto, la administración Trump ha reiterado su rechazo a la jurisdicción de la CPI sobre ciudadanos estadounidenses y aliados, argumentando que Estados Unidos no es parte del Estatuto de Roma, el tratado que establece la Corte.