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A 15 años del incendio de la Guardería ABC, ¿qué ha pasado?

Se cumplen 15 años del incendio de la Guardería ABC, el cual dejó un saldo de 49 menores sin vida y más de 100 supervivientes, pero nada cercano a la justicia.
Desde que ocurrió este incendio han pasado 3 sexenios (Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador), pero hasta el momento este caso está plagado de promesas incumplidas y sentencias que no han sido aplicadas.
Poco antes de las 3 de la tarde del 5 de junio de 2009 en Hermosillo, se desató un incendio en una bodega de archivos de la Secretaría de Hacienda de Sonora.
A un costado de esta bodega estaba la Guardería ABC, un centro de cuidado infantil subrogado por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y cuya matrícula era de 176 menores entre 5 meses y 5 años de edad, así como 41 trabajadores.
Al momento del inicio del incendio la reacción fue lenta, además de que las salidas de emergencia estaban cerradas, las instalaciones no contaban con detectores de humo, extintores ni con conocimiento necesario de simulacros para este tipo de casos. A esto se suma que solo había 14 personas a cargo de más de 100 niños.
Al mes de ocurrido el incendio, Carla Rochin, quien era coordinadora de Guarderías, Sergio Salazar, director de Prestaciones Económicas y Sociales del IMSS, el delegado Estatal del IMSS, Arturo Leyva y otros funcionarios fueron separados de sus cargos, pero aún 15 años después el caso está lejos de cerrarse.
En total 22 personas fueron procesadas y 19 recibieron sentencia, pero ninguna de estas sentencias se ha cumplido debido a los amparos interpuestos por las personas acusadas.
A su vez, ningún funcionario del gobierno de Felipe Calderón, quien era el presidente en funciones cuando ocurrió la tragedia, fue sancionado por omisiones y falta de atención a las víctimas, por lo que a este hecho se le considera un crimen de Estado.
Es importante señalar que la Guardería ABC no cumplía con los protocolos de Protección Civil, pues esta se encontraba dentro de una bodega construida con material inflamable y superaban la cantidad de niños inscritos autorizados por la ley (159 menores), llegando a tener 220 niños inscritos.
Por este incendio fueron señalados exdirectores del IMSS, aunque ninguno de ellos recibiera condena.
- Juan Molinar Horcasitas, quien murió en mayo de 2015, fue señalado por firmar el último permiso para que ABC siguiera funcionando pese a que no cumplía con los protocolos de seguridad.
- Daniel Karam llegó al IMSS en marzo de 2009 y fue señalado como uno de los posibles responsables de esta tragedia, aunque más tarde fue exonerado.
- Eduardo Bours era gobernador de Sonora en ese entonces y también fue vinculado por su responsabilidad en la falta de identificación y control de riesgos en protección civil.
Ninguno de los tres exfuncionarios fue cesado o separado del cargo.
Por su parte, la fundadora social de la Guardería ABC, Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo (familiar de Margarita Zavala), habría sido investigada y absuelta de cargos en 2012.
Durante el sexenio actual se abrieron dos carpetas de investigación: una fechada el 28 de junio de 2019 y otra el 25 de febrero de 2020.
Dichas carpetas fueron presentada por Francisco Javier Morales, apoderado legal del IMSS y quien señala al exgobernador de Sonora, Eduardo Bours como el responsable.
Hasta el momento no se conoce ningún avance de estas denuncias y las pruebas que tiene en su poder la FGR son las investigaciones de la extinta PGR. Entre las investigaciones se barajea una hipótesis de que este incendio fue provocado para quemar los documentos de la Secretaría de Hacienda de Sonora.
A pesar de la falta de justicia, esta tragedia generó el decreto de la Ley 5 de Junio o Ley General de Prestación de Servicios para Atención, Cuidado y Desarrollo Infantil, una ley que busca evitar que casos como este vuelvan a repetirse.
En cuanto a las indemnizaciones que el gobierno tiene que dar mediante la CEAV )Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas), tanto para los niños y las niñas que fallecieron como para los y las menores lesionadas, la CEAV ha fijado montos incorrectos, de acuerdo con las familias, y esto ha provocado que las víctimas tengan que tramitar amparos para su corrección, por lo que la ayuda también ha tardado en llegar.
Junto con el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro las familias lograron que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admitiera su caso.
El objetivo es que llegue a la Corte Internacional de Derechos Humanos y esta emita una resolución que responsabilice al Estado por las omisiones en el incendio de la Guardería ABC.
Justo hace un año, el entonces subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas Rodríguez, informó en una conferencia de AMLO que el gobierno federal esperaba terminar con la reparación integral de las víctimas.
El funcionario federal dijo que el gobierno atendía a 936 víctimas directas e indirectas del incidente que se dio en la Guardería ABC.
Al respecto, Encinas explicó aquella vez que atendía a 936 víctimas reconocidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en 2009; 16 % víctimas directas, las y los 49 niños muertos; 104 menores lesionados y hospitalizados; además de 783 padres y madres y núcleos familiares extendidos.
“Esperemos que este año (2023) cerremos el capítulo de reparaciones integrales independientemente de las medidas de carácter permanente que por decreto se cumplirán para todas las víctimas consideradas”, declaró en la conferencia mañanera.
“A 15 años no hay nadie en la cárcel, hay dos prófugos de la justicia, según el último informe de este año en la Fiscalía General de Justicia del país, pero nada más, no hay alguien sentenciado verdaderamente, no hemos tenido un poder judicial que resuelva eso“, dijo Luis Carlos Santos, papá de Carlos Alan, víctima del incendio en la Guardería ABC, al diario El Imparcial.
Con información de Sopitas
