Así es el plan de Donald Trump y Texas para deportaciones masivas

Grupos civiles en Estados Unidos han anunciado que reforzarán sus acciones para enfrentar el creciente negocio de los centros de detención de migrantes, en medio de planes de la Administración del presidente electo Donald Trump para masificar las deportaciones. Las instalaciones, criticadas por sus deficientes condiciones, enfrentarán una expansión significativa para cumplir con las políticas migratorias que se implementarán a partir de enero, cuando Trump asuma el cargo.

Fuentes cercanas al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) informaron al canal NBC que ya han iniciado conversaciones con empresas privadas que operan estos centros, como CoreCivic y Geo Group. El objetivo es duplicar las 41,000 camas actualmente autorizadas por el Congreso para retener a migrantes en proceso de deportación.

Organizaciones como La Resistencia han denunciado que esta expansión podría agravar las condiciones de los detenidos, aumentando las muertes, enfermedades y daños psicológicos. “Este plan no solo es inhumano, sino también peligroso”, señaló Rufina Reyes, vocera de la agrupación, que ha exigido el cierre del Centro de Detención del Noroeste (NWDC) en Tacoma, Washington. En esa instalación falleció recientemente el mexicano José Manuel Sánchez Castro, elevando las alarmas sobre las condiciones en los centros.

El negocio detrás de las detenciones ha sido lucrativo para CoreCivic y Geo Group, quienes reportaron ingresos combinados de 7,400 millones de dólares el año pasado. Sin embargo, la pandemia de COVID-19 afectó sus ganancias debido a liberaciones masivas ordenadas por los tribunales. A pesar de esto, hasta principios de noviembre, cerca de 39,000 inmigrantes permanecían bajo custodia de ICE, según datos del centro Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC).

En una movida que respalda la estrategia de Trump, Texas ofreció 500 hectáreas cerca de la frontera con México para construir un centro de detención de gran capacidad. Asimismo, se evalúa la apertura de nuevos centros en ciudades santuario y en instalaciones destinadas a familias con menores de edad, una medida que ha generado rechazo entre defensores de derechos humanos.

Los grupos civiles han advertido que continuarán luchando contra estas políticas y exigiendo el cierre de centros de detención que, aseguran, priorizan las ganancias por encima del bienestar humano.