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Extorsiones del crimen organizado impulsan inflación alimentaria en México, alerta sector agropecuario
Las extorsiones del crimen organizado contra productores agrícolas se han convertido en un factor determinante en el encarecimiento de los alimentos en México, alertó el Consejo Nacional Agropecuario (CNA), que documentó incrementos de entre 10% y 20% en productos básicos como resultado del cobro de “derecho de piso”.
La advertencia se produce en el contexto del asesinato de Bernardo Bravo, presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán, Michoacán, quien se convirtió en el quinto productor de limón asesinado en los últimos doce meses por denunciar extorsiones del crimen organizado.
Cadena de extorsión generalizada
De acuerdo con análisis sectoriales, el fenómeno afecta toda la cadena de valor: “La inseguridad, que es pago de derecho de piso al productor, al empacador, transportista, tianguista, al del mercado, es una cadena”, explicó Juan Carlos Anaya, director general del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas.
Los productos históricamente más afectados incluyen aguacate, limón y pollo, aunque el impacto se extiende a otros alimentos básicos. En 2022, grupos delictivos en Guerrero llegaron a establecer precios y controlar la distribución y venta de pollo, mientras que en 2023 tortillerías en Guanajuato y Michoacán cerraron temporalmente por la misma presión criminal.
Consecuencias en abasto e inflación
La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco) había alertado desde 2022 que, de no atenderse el problema, existía el riesgo de una ruptura en la cadena de producción, abasto y distribución nacional, con la consecuente escasez en algunas regiones del país.
En ese año, el kilo de aguacate llegó a superar los 100 pesos en algunas regiones, mientras que el pollo mantuvo tendencias alcistas durante el primer semestre, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
Patrón de violencia creciente
El ciclo de violencia se intensifica: en julio de 2024, Minerva Pérez, presidenta de la Cámara Nacional de las Industrias Pesquera y Acuícola en Baja California, fue atacada después de denunciar la intromisión del crimen organizado en su sector.
Ante el reciente asesinato de Bernardo Bravo, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que el Gabinete de Seguridad federal ya colabora con las autoridades michoacanas y la Fiscalía estatal en las investigaciones correspondientes.
Los paros y protestas de productores agrícolas, particularmente en el sector limonero, han sido recurrentes desde 2023, aunque según documentan las organizaciones del sector, las extorsiones y la violencia persisten sin una solución efectiva hasta 2025.
