Ciudades santuario de Massachusetts demandan al gobierno de Trump por presiones migratorias

Las ciudades de Chelsea y Somerville, en Massachusetts, presentaron una demanda federal contra la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en un esfuerzo por detener las presiones del gobierno federal para que colaboren en operativos de deportación masiva. Representadas por la organización Lawyers for Civil Rights, las municipalidades argumentan que las amenazas de retirar fondos federales y aplicar sanciones legales violan sus derechos constitucionales y socavan la seguridad pública.

Ambas ciudades, que han mantenido su estatus de “ciudades santuario” desde 1987 y 2007, respectivamente, aseguran que forzar a la policía local a colaborar con las autoridades migratorias federales generaría desconfianza entre las comunidades inmigrantes. Esto, a su vez, disuadiría a víctimas y testigos de reportar delitos, poniendo en riesgo la seguridad de todos los residentes.

“El presidente no puede utilizar fondos federales como un arma para forzar a los gobiernos locales a socavar su propia seguridad y valores”, declaró Oren Sellstrom, abogado de Lawyers for Civil Rights, en un comunicado. “Estas políticas no solo son inconstitucionales, sino que también son perjudiciales para la cohesión social y la seguridad pública”.

Desde que asumió la presidencia, Trump ha emitido órdenes ejecutivas dirigidas a retirar fondos federales a las ciudades que se nieguen a cooperar con las autoridades migratorias. Además, el Departamento de Justicia (DOJ) y el Departamento de Transporte (DOT) han advertido sobre posibles sanciones y la congelación de financiamiento a las jurisdicciones que mantengan políticas de santuario.

Impacto en las comunidades locales

Fidel Maltez, administrador municipal de Chelsea, destacó que la colaboración con las autoridades migratorias federales generaría miedo entre los residentes inmigrantes, lo que podría impedirles denunciar delitos o colaborar con la policía local. “No podemos permitir que nuestros residentes vivan con el temor de ser deportados por reportar un crimen o buscar ayuda”, afirmó.

Por su parte, la alcaldesa de Somerville, Katjana Ballantyne, calificó las acciones del gobierno federal como un ataque directo contra los derechos constitucionales y los valores de inclusión que defienden las ciudades santuario. “Intimidar a las ciudades santuario no solo es un ataque contra los inmigrantes, sino contra todos los ciudadanos y los principios fundamentales de nuestra democracia”, señaló.

Fondos federales en juego

Chelsea y Somerville dependen en gran medida de los fondos federales para financiar programas esenciales en áreas como educación, servicios comunitarios y seguridad pública. En el año fiscal 2024, que concluyó en septiembre pasado, Chelsea recibió aproximadamente 14.5 millones de dólares en fondos federales, mientras que Somerville obtuvo cerca de 19.4 millones. La amenaza de perder estos recursos representa un desafío significativo para ambas ciudades, que han priorizado la protección de sus comunidades inmigrantes.