Colombia se suma al “Escudo de las Américas” y solicita operativos conjuntos con Estados Unidos contra el narcotráfico

Apenas una semana después de tomar posesión, el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, ha comenzado a mover las piezas del tablero en materia de seguridad con una decisión que promete redefinir la lucha contra el crimen organizado en el país sudamericano: la solicitud formal de operativos militares conjuntos con Estados Unidos y el ingreso de Colombia a la coalición hemisférica conocida como “Escudo de las Américas”.

El anuncio fue hecho durante una conferencia en Panamá por el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, quien confirmó que el nuevo gobierno colombiano ha pedido la participación directa de Washington en acciones coordinadas para combatir al narcotráfico y a los grupos que el régimen de La Espriella califica como “narcoterroristas”.

Una alianza sin vía libre

Fuentes oficiales aclararon que la solicitud no implica que Estados Unidos tenga luz verde para realizar operaciones unilaterales en suelo colombiano. Se trata, hasta ahora, de acciones conjuntas en las que ambas naciones trabajarían de manera coordinada, aunque los detalles operativos —número de efectivos, zonas de intervención, temporalidad y objetivos específicos— aún no han sido revelados.

El ingreso de Colombia al “Escudo de las Américas” marca un hito diplomático para el país andino, que se convierte en el miembro número 19 de esta alianza impulsada por el expresidente Donald Trump para fortalecer la cooperación regional contra los cárteles y el crimen organizado. La coalición ya integraba a Estados Unidos, Argentina, Bahamas, Belice, Bolivia, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, Honduras, Jamaica, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, y Trinidad y Tobago.

La promesa de campaña

La decisión no ha tomado por sorpresa a los observadores políticos. Durante su campaña presidencial, De la Espriella fue contundente al señalar que uno de sus ejes de gobierno sería el combate frontal a los grupos delictivos, y aseguró que no daría tregua al denominado “narcoterrorismo”, mostrándose desde entonces abierto a fortalecer la cooperación internacional para enfrentar al crimen organizado.

Su llegada al Palacio de Nariño ha acelerado los tiempos de una política de seguridad que, según sus propias palabras, será “sin pausa y sin titubeos”, lo que ahora se traduce en un acercamiento sin precedentes a la administración estadounidense en materia militar.

Críticas y dudas constitucionales

Sin embargo, el movimiento ya ha generado reacciones encontradas en el espectro político colombiano. La oposición no tardó en alzar la voz y cuestionar lo que considera una “renuncia a la soberanía nacional”. Varios legisladores han advertido que la medida podría enfrentar obstáculos constitucionales, ya que el artículo 173 de la Constitución Política de Colombia establece que corresponde al Senado autorizar el tránsito de tropas extranjeras por territorio nacional.

Hasta el momento, el gobierno de La Espriella no ha precisado si ya cuenta con la aprobación del Congreso para este tipo de operaciones, lo que abre un flanco de controversia jurídica y política que promete ser tema de debate en las próximas semanas.

Preguntas sin respuesta

El anuncio ha dejado más interrogantes que certezas. El gobierno colombiano aún no ha detallado cuántos efectivos estadounidenses participarían, en qué regiones del país se desplegarían los operativos, cuándo comenzarían las acciones ni cuáles serían los grupos criminales prioritarios.

El contexto agrega complejidad a la decisión: Colombia atraviesa una coyuntura delicada, no solo por los desafíos de seguridad que ya enfrentaba, sino por las secuelas del reciente terremoto de magnitud 7.4 que sacudió varias regiones del país, lo que ha desviado recursos y atención hacia la emergencia humanitaria.