Costa Rica avanza en alianza con El Salvador para construir megacárcel al estilo Bukele

El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, confirmó este viernes que su gobierno trabaja en una alianza con El Salvador para construir una nueva megacárcel con capacidad para 5,000 reclusos, inspirada en el polémico Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) salvadoreño. El proyecto, valorado en $35 millones, forma parte de un plan para endurecer el sistema penitenciario ante el aumento de la violencia vinculada al narcotráfico y el crimen organizado.

Un modelo basado en el “Plan Bukele”

Durante una inspección en el Centro Penitenciario La Reforma, Chaves destacó los avances en el diseño y la búsqueda de financiamiento, asegurando que, una vez iniciada la obra, la construcción tomará 195 días. El ministro de Justicia, Gerald Campos, respaldó el anuncio, señalando que la colaboración con El Salvador es clave para replicar el modelo de alta seguridad y control absoluto implementado por el presidente Nayib Bukele.

La visita de Bukele a Costa Rica en septiembre de 2024 marcó el inicio de esta cooperación. Chaves comparó las condiciones carcelarias antes y después de esa reunión: “Antes había pulperías, efectivo y solo 80 reclusos en máxima seguridad. Hoy hay 1,000, escáneres móviles y cero tolerancia”.

Medidas drásticas y protestas

Paralelamente, el gobierno costarricense ha impuesto restricciones severas en las prisiones:

• Cierre de pulperías (pequeñas tiendas dentro de las cárceles).
• Limitación de visitas familiares y prohibición de ingresar alimentos externos.
• Visitas conyugales solo para parejas verificadas, tras detectarse casos de mujeres que ingresaban con identidades falsas.

Chaves justificó las medidas argumentando que las cárceles se habían convertido en centros de operaciones criminales, desde donde se coordinaban entradas de drogas, estafas telefónicas y extorsiones.

Sin embargo, las decisiones han generado fuertes críticas. Familiares de reclusos protestan frente a los centros penales, denunciando violaciones a derechos fundamentales. “No son privilegios, son derechos: ver a sus hijos, recibir comida de casa o tener visitas dignas”, declaró Katherine López, esposa de un privado de libertad, en entrevista con AP.

¿Solución o réplica de un modelo cuestionado?

Mientras el gobierno insiste en que el endurecimiento del sistema es necesario para reducir la tasa de homicidios (que alcanzó récords en 2023), organizaciones de derechos humanos advierten sobre los riesgos de adoptar un modelo como el salvadoreño, señalado por hacinamiento y denuncias de tortura.

Chaves, no obstante, mantiene su postura: “Seguiré visitando las cárceles para asegurar que no haya retrocesos. La seguridad de los costarricenses es primero”.