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Internacional

Gobierno de EU dispone que oficiales de migración podrán tramitar las solicitudes de asilo en la frontera con México

Estados Unidos aplica a partir de este martes una nueva regla para acelerar el trámite de asilos en la frontera con México, en medio de la oposición de los republicanos y las dudas crecientes de si el Gobierno de Joe Biden logrará garantizar el debido proceso a los solicitantes.

La medida permitirá que oficiales del Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS) consideren las solicitudes de asilo de ciertos solicitantes que ingresaron por la frontera sur del país, tarea que ha sido exclusiva de jueces migratorios.

Ana Ortega, estratega de abogacía para la protección de refugiados de Human Rights First, asegura a Efe que la regla tiene “cosas buenas y cosas malas”.

Aplaude el hecho de que un oficial de asilo de USCIS sea el que realice la entrevista sobre miedo creíble a los solicitantes y establezca si el extranjero tiene un caso viable o no.

Pero la mayor preocupación es el poco tiempo que tendrá el solicitante para exponer por primera vez su caso, lo que puede afectar el derecho al debido proceso.

“Estos solicitantes de asilo van a ser entrevistados poco tiempo después de ser detenidos y creemos que no les va a dar tiempo para contactar y obtener una representación legal”, advirtió Ortega.

A esto se suma que la mayoría desconoce el procedimiento y no tiene toda la información para exponer su caso.

Carrera contrarreloj

El panorama tampoco es muy halagüeño para aquellos que logren pasar la primera entrevista. Ortega indica que estos emprenden una “carrera contrarreloj” para la que no están listos.

“Solo cuentan con 45 días para preparar los casos después que son puestos en libertad y deben presentar la entrevista final de asilo”, explica.

Incluso la regla ha puesto a correr a estos oficiales de USCIS que tendrán tan solo 60 días para emitir una decisión. “La línea de tiempo es muy acelerada”, insiste Ortega.

El Gobierno del demócrata Joe Biden ha defendido que la medida intenta descongestionar el atasco de estos procesos, tanto en USCIS como en las cortes de inmigración.

Las personas que reúnan los requisitos para el asilo recibirán protección “más rápidamente”, expresó Alejandro Mayorkas, secretario de Seguridad Nacional.

Agregó que los que no reúnan los requisitos serán expulsados “rápidamente en lugar de permanecer en Estados Unidos durante años mientras sus casos están pendientes”.

El plan tiene el propósito de reducir de cinco años a seis meses la respuesta oficial a sus casos.

Rapidez peligrosa

Talia Inlender, subdirectora del Centro de Leyes y Políticas de Inmigración de la Facultad de Derecho de la Universidad de California Los Ángeles (UCLA), dijo a Efe “que tiene miedo” sobre la aplicación de esta nueva regla porque están dando prioridad a la “rapidez y no a la justicia”.

“Mi mayor preocupación es que pase lo mismo que con los expedientes acelerados”, ahonda.

Inlender se refiere a un procedimiento instituido en agosto pasado para acelerar las audiencias de solicitantes de asilo recién llegados al país que tiene al borde de la deportación a casi todos los peticionarios (99.1%) que ya completaron sus casos en Los Ángeles.

“La realidad es que los casos de asilo son complicados. Muchas de estas personas no van a estar preparadas”, lamenta.

Bajo amenaza republicana

Según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés), la implementación será gradual, comenzando esta semana con un pequeño número bajo custodia en dos centros de detención en Texas.

Por ahora estarán amparados con la norma aquellos que estén en procedimiento de deportación acelerada a partir de este miércoles.

Inicialmente, solo podrán hacer parte del nuevo programa los solicitantes que expresen a los funcionarios fronterizos de Estados Unidos que planean vivir cerca de Boston, Los Ángeles, Miami, Nueva York, Newark o San Francisco.

Apenas comenzando, el programa ya está en riesgo después de que el fiscal general de Texas, Ken Paxton, entablara en abril pasado una demanda alegando que viola las leyes de Seguridad Nacional, de Inmigración y la Constitución.

Además, senadores republicanos tuvieron el jueves pasado un intento fallido de aprobar una resolución de rechazo a la regla aludiendo a la Ley de Revisión del Congreso (CRA), un mecanismo que permite echar abajo políticas federales del Ejecutivo.

Los solicitantes, que enfrentan además crecientes tasas de desaprobación por parte de los oficiales de USCIS, tampoco tendrán oportunidad, con la nueva medida, de tramitar un permiso de trabajo mientras definen su proceso con ese organismo, un obstáculo más para obtener ingresos y pagar una representación legal.

“Los mandan al fracaso”, concluyó Ortega.

Con información de EFE

Internacional

Precario sistema de pensiones latinoamericano obliga a trabajar después de los 65 años

La precariedad del sistema de pensiones en los países de América Latina y el Caribe obliga a millones de trabajadores a buscar una vía laboral informal para completar sus bajos ingresos, después de décadas de trabajo y de haber superado la edad de jubilación.

Desde México hasta Paraguay, los sistemas de pensiones en la región están marcados por dificultades estructurales y sociales que impactan profundamente en la calidad de vida de los adultos mayores.

México: la mitad del trabajo es informal

La situación de las pensiones en México refleja la complejidad de un país donde la informalidad laboral afecta a casi la mitad de la población activa.

Con una pensión mínima que apenas supera los 6 mil pesos mensuales, muchos mexicanos se enfrentan a la difícil decisión de prolongar su vida laboral para asegurar un retiro medianamente estable, considerando que el salario mínimo es de 7 mil 468 pesos.

El Congreso mexicano evalúa actualmente una serie de iniciativas que buscan otorgar una tasa de reemplazo del 100 por ciento para los trabajadores que comenzaron su vida laboral formal a partir de 1997, con un tope de 17 mil pesos mensuales.

La Cámara de Diputados aprobó el pasado lunes, con los votos oficialistas, una reforma de las pensiones que beneficiará a 28 millones de trabajadores del sector público y privado, así como la creación del Fondo de Pensiones del Bienestar, una bolsa de 40 mil millones de pesos que busca que el Estado garantice jubilaciones con 100 por ciento del último sueldo.

Argentina o la necesidad de seguir trabajando para los jubilados

En un escenario de severa crisis económica y con la tasa de inflación más alta del mundo (287.9 por ciento), el 65 por ciento de los jubilados en Argentina cobra la jubilación mínima, que en abril ha sido de 171 mil 217 pesos (192 dólares), un ingreso que llegó a los 241 mil pesos por el bono de refuerzo que la seguridad social otorgado por la situación de emergencia.

Este ingreso, que representa un 82 por ciento del salario mínimo legal en Argentina, actualmente situado en los 202.800 pesos (232 dólares), coloca a muchos jubilados en una situación de gran vulnerabilidad económica.

A pesar de los intentos legislativos para garantizar un nivel mínimo de ingresos para los jubilados, la realidad es que muchos trabajadores se ven obligados a seguir trabajando después de alcanzar la edad de retiro.

De acuerdo a datos oficiales correspondientes al cuarto trimestre de 2023, sobre un total de 19 millones de personas ocupadas (formal e informalmente) dentro de la población urbana de Argentina, un 4.4 por ciento eran mayores de 65 años.

En Brasil se duplicaron los pensionistas que trabajan

Con una pensión mínima que apenas supera el salario mínimo, y un aumento en la población de adultos mayores que aún están en la fuerza laboral, el desafío de garantizar una jubilación digna es evidente.

En Brasil el salario mínimo es de mil 412 reales (unos 274 dólares), valor que marca la pensión mínima y que percibe un 64 por ciento de los pensionistas.

Aunque no hay estadísticas exactas del número de pensionistas que trabajan en el país, según datos oficiales, en 2023 había 7.4 millones de brasileños de 60 años o más que continuaban trabajando, lo que supone el doble que hace una década, y un 12 por ciento más que el año anterior.

Chile, el inventor de la capitalización individual

En Chile, el sistema de pensiones establecido en 1980, durante el régimen de Augusto Pinochet (1973-1990), enfrenta críticas por no garantizar retiros dignos. Este sistema se basa en la capitalización individual, en la que los trabajadores aportan mensualmente un 10 por ciento de su sueldo a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).

Sin embargo, las pensiones resultantes son insuficientes, con cifras que frecuentemente se sitúan por debajo del sueldo mínimo del país, que es de 470 mil pesos (unos 531 dólares).

Este problema se agrava debido a las características del mercado laboral chileno, marcado por la inestabilidad y los bajos salarios.

La falta de estabilidad laboral genera lo que se conoce como “lagunas previsionales”, períodos en los cuales los trabajadores no cotizan y, por ende, no ahorran lo suficiente para su jubilación.

Además, los bajos sueldos limitan su capacidad de ahorro, especialmente de las mujeres, quienes enfrentan discriminación salarial y dificultades adicionales para acceder a empleos estables y bien remunerados.

Esta situación lleva a una alta proporción de personas a continuar trabajando incluso después de alcanzar la edad de jubilación.

Perú, Bolivia o Paraguay: la mayoría carece de sistema de pensiones

En Perú, la situación no es menos preocupante. La pensión media es de 500 soles (133 dólares), mientras que el salario mínimo es mil 25 soles. Con la mayoría de los adultos mayores sin acceso a un sistema de pensiones formal, y una gran proporción trabajando en la informalidad, la jubilación se convierte en un lujo para muchos.

Aunque se han implementado programas de asistencia social, como Pensión 65, la realidad es que los ingresos de los adultos mayores son insuficientes para cubrir sus necesidades básicas.

Bolivia, a pesar de contar con un sistema de pensiones que permite una renta de vejez de hasta el 70 por ciento del salario referencial, enfrenta desafíos significativos en términos de cobertura y suficiencia de ingresos.

En un país de 12.2 millones de personas, el número de jubilados que reciben pensión es de apenas 220 mil, un 68 por ciento de los cuales perciben una prestación menor a 6 mil bolivianos, (unos 862 dólares).

Aunque el sueldo mínimo es de 2 mil 362 bolivianos (unos 342 dólares), lo cierto es que el 80 por ciento de la población económicamente activa trabaja en la informalidad, según Organización Internacional del Trabajo (OIT).

En Paraguay, la cobertura de la seguridad social es de apenas el 24.5 por ciento, muy por debajo del promedio latinoamericano, que es del 61 por ciento de la población total, dejando a una gran proporción de la población sin acceso a un sistema de pensiones formal.

En un país donde el salario mínimo es de 2 millones de guaraníes (unos 269 dólares), existen dos pilares para el régimen de protección social, uno contributivo, que se financia con aportes de los trabajadores, y otro no contributivo, que recibe fondos del erario público.

La realidad de las pensiones en América Latina es un reflejo de las profundas desigualdades y dificultades económicas que enfrentan millones de ciudadanos en la región.

Con información de EFE

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Internacional

Hamás recibe la nueva propuesta de tregua de Israel

El grupo palestino Hamás confirmó este sábado en un breve comunicado que ya ha recibido la propuesta de tregua para el intercambio de rehenes israelíes por presos palestinos por parte de Israel y que la estudiará.

“El movimiento Hamás recibió hoy la respuesta oficial de la ocupación sionista (Israel) a la postura del movimiento, que fue entregada a los mediadores egipcios y cataríes el 13 de abril” escribió el jefe adjunto de Hamás en la Franja de Gaza Jalil al Hiya.

Según Al Hiya “el movimiento estudiará esta propuesta y una vez finalizado su estudio presentará su respuesta”, sin especificar cuánto tiempo se tomará el grupo para elaborar su contestación

Israel ha advertido que no permitirá que el grupo palestino se demore. El viernes, una delegación mediadora egipcia viajó a Israel para tratar el asunto.

¿Cuáles son los avances en la mediación del conflicto de Hamás e Israel?

Según la televisión estatal egipcia Al Qahera News, en las reuniones “se han logrado avances notables en el acercamiento de los puntos de vista de las delegaciones egipcia e israelí sobre una tregua en la Franja de Gaza”, aunque no aportó más detalles. 

Asimismo, fuentes de seguridad egipcias próximas a las reuniones confirmaron a EFE que las conversaciones fueron “fructíferas” y que se lograron superar “muchos obstáculos que impedían alcanzar un acuerdo de tregua”, aunque El Cairo advirtió contra una invasión israelí en Rafah.

Según las fuentes, la parte israelí estaría dispuesta a detener las operaciones militares durante unas seis semanas y a permitir el regreso de los desplazados al norte de Gaza, mientras que dio el visto bueno inicial para un intercambio de rehenes en manos de Hamás por presos palestinos en cárceles israelíes.

De acuerdo con el diario israelí Walla, el Gobierno de Israel expresó a la delegación egipcia su disposición a un último intento de negociación con Hamás para alcanzar una tregua “temporal” antes de lanzar una invasión terrestre en Rafah.

Según el rotativo, Israel está interesado en la liberación de 33 secuestrados por razones humanitarias y agregó que el alto el fuego dependerá del número de israelíes liberados.

Asimismo, Israel ha dicho a la delegación egipcia que los preparativos para la operación en Rafah van en serio y que no permitirá a Hamás que se demore.

Hamás mantiene secuestrados desde el ataque del 7 de octubre a 133 personas, de las que se cree que cerca de la mitad podrían estar muertos.

Esto se produce en un momento en el que las conversaciones sobre un alto el fuego -mediado por Egipto, Catar y Estados Unidos- están atravesando un importante estancamiento y ante la ofensiva diplomática de El Cairo para evitar la invasión terrestre de Rafah.

Con información de EFE

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Internacional

Palacio de Buckingham estaría preparando el funeral del rey Carlos III

El pasado 5 de febrero el Rey Carlos III anunciaba al mundo, a través de un comunicado, que había sido diagnosticado de “una forma de cáncer”, descubierto tras someterse a una operación por agrandamiento de próstata varios días antes. Dicho texto, en el que no se daban detalles del tipo de tumor -aunque sí se aclaró que no sería de la próstata- se informaba que el monarca había decidido hacer pública su enfermedad para “evitar especulaciones” y con la “esperanza” de poder “ayudar a todos aquellos afectados por el cáncer”.

Desde entonces han pasado casi 3 meses, en los que el hijo de la Reina Isabel II, de 75 años, ha cancelado casi por completo su agenda oficial para someterse a un tratamiento contra la enfermedad del que apenas ha trascendido ninguna información, aunque se especula con que no sería ni quimioterapia, ni radioterapia, sino un método pionero y menos agresivo.

A pesar de que sus apariciones han sido contadas en este tiempo, y es evidente que ha perdido peso, lo cierto es que se le ha visto con muy buen estado. La última fue el 21 de abril -día en el que la Reina Isabel hubiese cumplido 98 años- cuando se dejó ver al volante de su propio coche con la Reina Camilla asistiendo a un servicio religioso en una iglesia cercana al Palacio de Balmoral, en Escocia.

Una imagen tranquilizadora que contrasta con las informaciones que se han dado en las últimas horas sobre el estado del Rey Carlos en medios de comunicación como el ‘New York Post’, donde se han atrevido a aventurar que la salud del soberano británico se estaría “deteriorando progresivamente”.

Según dicho periódico, la situación sería tan preocupante que Buckingham habría puesto en marcha la maquinaria para el “inminente funeral” del padre de los Príncipes Guillermo y Harry. Y es que a pesar de que continúa su batalla contra el cáncer, fuentes cercanas habrían revelado que se encuentra “mucho peor de lo que dejan entrever, realmente mal”.

De ahí que los preparativos para su funeral -que se pusieron en marcha por protocolo al día siguiente del entierro de Isabel II-, denominado “Operación Puente Menai” y planeado desde hace mucho tiempo, se estarían “actualizando activamente”, para que todo estuviese perfectamente detallado si el desenlace fuese próximo como especula la prensa norteamericana, ya que la británica mantiene un silencio absoluto sobre este tema.

Mientras los rumores sobre el empeoramiento de Carlos III no dejan de aumentar, nada se sabe del estado de Kate Middleton y de cómo está sobrellevando el tratamiento contra el cáncer que hizo público, acabando con las especulaciones, el pasado 22 de marzo en un vídeo que conmovió al mundo. Alejada del foco mediático y centrada en sus hijos y en su recuperación, la Princesa de Gales cuenta con el apoyo incondicional del Príncipe Guillermo, que ha reducido considerablemente su agenda para estar al lado de su mujer en estos durísimos momentos.

Cáncer en la familia real de Reino Unido

La noticia del cáncer de Kate Middleton es otro acontecimiento sorprendente para la familia real desde el anuncio de febrero de que el rey Carlos III estaba siendo tratado por un tipo de cáncer no especificado que fue detectado mientras se sometía a un procedimiento por un agrandamiento benigno de la próstata.

El primer ministro británico, Rishi Sunak, dijo en un comunicado que Kate “ha demostrado una valentía tremenda” al revelar esta noticia al pueblo británico.

“En las últimas semanas, Kate ha sido sometida a un intenso escrutinio y ha sido tratada injustamente por ciertos sectores de los medios de comunicación de todo el mundo y en las redes sociales”, comentó.

El rey Carlos III, de 75 años, se ha retirado de sus funciones públicas mientras recibe tratamiento contra el cáncer, aunque ha aparecido con frecuencia en fotografías durante reuniones con funcionarios y dignatarios del gobierno e incluso se le ha visto yendo a la iglesia.

Con información de Europa Press

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