Indígenas reciben con escepticismo la reforma que los reconoce en la Constitución

Comunidades indígenas del sur de México han expresado reservas ante la reciente reforma constitucional que, por primera vez, los reconoce como sujetos de derecho y declara a México como una “nación multiétnica”. Aunque el avance ha sido calificado como histórico, muchos líderes indígenas sostienen que no resolverá problemas arraigados como la pobreza y la violencia que afectan a sus pueblos.

En el estado de Chiapas, donde reside la mayor población indígena del país, el escepticismo es particularmente palpable. La región enfrenta una creciente ola de violencia debido a los conflictos entre cárteles del narcotráfico, lo que ha obligado a miles de indígenas a abandonar sus comunidades.

Elisa Cruz Rueda, antropóloga y afromexicana, comentó que la reforma no cumple con lo estipulado en los Acuerdos de San Andrés, firmados en 1996 entre el Gobierno mexicano y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), los cuales prometían el reconocimiento de la autonomía indígena. “La reforma no responde a las demandas históricas de los pueblos indígenas”, afirmó Cruz Rueda.

Reconocimientos en la Constitución

La iniciativa, aprobada el martes por el Senado y pendiente de promulgación por el presidente Andrés Manuel López Obrador, reconoce a los 68 pueblos indígenas de México como sujetos de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio. Además, eleva a rango constitucional el derecho a la consulta libre e informada sobre proyectos que afecten su entorno.

La reforma también reafirma la composición multiétnica y pluricultural de México, donde 23 millones de personas, cerca de una quinta parte de la población, se identifican como indígenas.

Preocupación por la falta de justicia

A pesar del respaldo del presidente López Obrador, quien destacó la relevancia histórica de la reforma, organizaciones indígenas en Chiapas manifestaron su preocupación por la persistente violencia y la falta de justicia para sus pueblos.

Guadalupe Vázquez Luna, activista indígena y sobreviviente de la masacre de Acteal en 1997, criticó la medida. “Es una ley que conviene al Estado mexicano, pero no necesariamente a los pueblos indígenas”, expresó Vázquez Luna. La masacre de Acteal, en la que murieron 45 indígenas a manos de un grupo paramilitar, sigue siendo un ejemplo de la impunidad que enfrentan estas comunidades, señaló.

“Las leyes siempre han existido, pero nunca se han respetado para los pueblos indígenas, especialmente los más pobres. Los ricos siempre encuentran maneras de manipular la justicia a su favor”, añadió la activista tzotzil.

Esperanza con reservas

Algunos líderes indígenas han recibido la reforma con cautela, esperando que sea implementada de manera efectiva. Pedro Jiménez Pérez, miembro del Concejo de Ancianos de Chamula, expresó su esperanza en que la reforma sea aplicada correctamente, pero advirtió sobre los vacíos en los aspectos políticos, sociales y económicos.

“Podría funcionar si se lleva a la práctica, pero muchas veces no se consideran nuestras formas de vida y cosmovisión. Tenemos nuestra propia manera de entender el mundo”, señaló Jiménez Pérez. También lamentó que los verdaderos conocedores de los pueblos indígenas y afromexicanos no hayan sido involucrados en la elaboración de la reforma.

Un paquete de reformas

La reforma para los derechos de las comunidades indígenas y afromexicanas es parte de un paquete de 20 iniciativas presentadas por el presidente López Obrador en febrero, que también incluyen reformas al Poder Judicial y la militarización de la Guardia Nacional, ambas ya aprobadas.